Castigo a la impunidad del fuero

11 de octubre de 2017

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

En el Poder Legislativo de Veracruz es más redituable convertirse en cómplice de los malos servidores públicos que denunciarlos para luego castigar su delito, para que no haya impunidad. Pero la docena trágica que sufrió el pueblo veracruzano desde la llegada de Fidel Herrera, engendró nuevos delincuentes de cuello blanco y perfeccionó las técnicas de otros.

Los diputados locales en la entidad hicieron del fuero que los honra el puente hacia la impunidad que los deshonra.

Cuatro legislaturas que lejos de representar a los ciudadanos, protegieron los intereses de dos gobernadores que terminaron por quebrar la economía de uno de los estados más ricos del país. Los diputados deben ser castigados por alguien, porque los veracruzanos tienen en el voto de castigo su mejor arma, pero ese voto no los conduce a la cárcel como merece más de un diputado desde la LXI Legislatura estatal.

Ellos le apostaron a la mala memoria de los mexicanos y terminaron por pisotear la dignidad de la población y burlar incluso recursos federales, afectando así a todos los mexicanos, que carecen de la fuerza suficiente para que la justicia mexicana actúe sin distingos, o que por lo menos actúe.

La principal tarea de los diputados locales fue la de hacerse de la vista gorda ante una ola de delitos que se cometían desde la gubernatura, para luego ascender en su carrera política como principal recompensa a su silencio. No hay mejor complicidad que el silencio, porque en ese vacío de información se encuentran aún más delitos que desde afuera de la administración pública pueden advertirse.

Así entre funcionarios públicos y legisladores locales quebraron industrias, crearon otras que nunca se supo dónde estaban, abrieron otras con fachada solamente. Y dejaron a la deriva, o bien las agredían, a las que en realidad eran motor de crecimiento y productividad en Veracruz.

Los diputados de Veracruz de las legislaturas LXI, LXII, LXIII y LXIV fueron capaces de crear figuras fiscales que permitieran hacer de las suyas con empresas fantasma y otras formas de reformas legaloides que allanaran el camino a Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa en sus respectivas administraciones públicas.

Así, nuestra compañera Claudia Guerrero, calificó el 02 de agosto a la LXI Legislatura como una de las peores en la historia de México, al señalar: Un Congreso gris y secuestrado por los intereses monetarios, que poco a poco se convirtió en rehenes con una cuerda alrededor del cuello, apretando más y más, hasta asfixiarlos. Desde el principio, con una mayoría de curules para el PRI, a Fidel Herrera Beltrán, eso no le “llenó”, queriendo someter a la oposición y casi, lo logró.

Abusando de los textos de Claudia Guerrero, podemos advertir que quienes conformaron la LXI Legislatura son los mismos nombres que ahora suenan como los principales cómplices de Javier Duarte. He aquí un ejemplo: El caso del diputado por el distrito XXIV, Erick Lagos Hernández es vergonzoso. Es el encargado de las transacciones financieras y vigilar como “Fiel Sabueso”, que el Congreso haga, determine y apruebe lo que el Gobernador instruyó. Si algún diputado hará un pronunciamiento en contra del sistema, hay que pasar primero con Erick, para negociar; si los periodistas oficialistas tienen hambre, hay que pasar con Erick; si algún Coordinador quiere negociar aprobaciones de Iniciativas ríspidas, violatorias, anticonstitucionales e inmorales, hay que pasar con Erick; si algún diputado se tarda en votar, Erick le dice: “Ora cabrón, oprime el botón”, como le gritaba al diputado Julio Chávez del PT. Todo gira en torno de Erick, pues hasta las comidas fastuosas de los diputados priistas y la oposición, ¿quién cree que las paga?… Acertó, Erick Lagos Hernández. Y con respecto a su distrito Santiago Tuxtla, le diré, que está sumergido en el olvido, inseguridad, falta de oportunidades laborales y cae en su conciencia, las 11 muertas de Ciudad Isla, quienes fueron asesinadas en forma violenta y con el mismo “modos operandi”… pero eso, a Erick, no le importa…


Así, la impunidad pareciera ser un dogma para los diputados locales, que, por si fuera poco brincan sin control de un puesto a otro, viviendo del presupuesto pero enriqueciéndose con negocios privados.

En la instalación de la LXII Legislatura no se contó con la presencia del Gobernador Fidel Herrera Beltrán, ni del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Reynaldo Madruga Picazzo, como parte de un diálogo sin palabras pero que establecía distancias y condiciones.

Para la LXIII Legislatura la presidencia fue para la priista Ana Guadalupe Ingram Vallines, como vicepresidente se designó a la perredista Ana María Condado Escamilla y como secretario quedó el panista Domingo Bahena Corbalá. Fórmula que fue aprobada con 48 votos a favor y dos votos nulos.

La LXIV cuenta con una presidenta panista en la Mesa directiva, María Elisa Manterola Sainz; una vicepresidenta perredista, Dulce María García López; y una secretaria de la Mesa directiva también del PAN, Regina Vázquez Saut.

En información del grupo de investigación de Carmen Aristegui, se afirma que al menos 90 diputados veracruzanos en las dos últimas legislaturas recibieron sobornos por alrededor de 150 millones de pesos de Javier Duarte de Ochoa, para aprobarle cerca de 500 leyes y decretos.

En la lista de Duarte para sobornar a los diputados estuvieron Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva de la LXIII Legislatura y Juan Nicolás Calleja, presidente de la Junta de Coordinación Política, además del ex subsecretario de gobierno y actual diputado federal Eric Lagos Hernández.

La historia condena a los legisladores veracruzanos que toman el camino del Congreso local para alcanzar la impunidad, sin embargo, el desprecio de la historia nunca será un castigo suficiente para los corruptos. Las complacencias que emanan desde el centro del poder no sólo son cómplices, sino que impulsan la corrupción en lugar de combatirla o, por lo menos denunciarla. PEGA Y CORRE. – La Fiscalía General del Estado dio 90 días al ex gobernador Javier Duarte, o sus apoderados legales, para reclamar cientos de objetos localizados en una bodega que fue confiscada en febrero pasado en la colonia Paraíso, de Córdoba, donde se encontraron 115 cuadros, lienzos, autorretratos, fotografías familiares, obras de arte, 56 reconocimientos, 19 cajas de libros, cristalería y vajillas, edredones, muebles y plumas, entre otros muchos objetos de valor. De reconocer su propiedad el ex gobernador se metería en un lío, que podría echarle abajo su intento por pasar sólo unos meses en la sombra… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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