Medias verdades de los medios

No hay a cuál irle

La causa de la suspensión de los contratos leoninos radica en que empezaron a firmarse en sexenios anteriores

Por Ángel Álvaro Peña

El gobierno federal no está contra las energías renovables ni contra la generación de energías limpias. Está contra los contratos con empresas extranjeras, quienes negociaron llevarse todo a su país, con los funcionarios públicos del pasado.

Pero de inmediato los medios y la oposición calificaron al actual gobierno federal como enemigo del medio ambiente, sin conocer siquiera las causas que movieron la creación del Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Si no conocen las causas, menos conocen la historia de la energía eléctrica que expropió Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960, hace 60 años. Esta es una manera de conocer la historia y reconocer ese esfuerzo nacionalista.

Los medios, en su eterno resentimiento, informaron a medias, porque en el fondo, ellos tienen muchos intereses en los contratos que debieron firmarse desde hace tiempo, pero, por temor a que esto sucediera, esperaron.

La revisión de contratos por energía con empresas extranjeras fue una promesa de campaña, y algunos ya se lo esperaban. Por ello, muchos de quienes se dicen afectados mienten, porque ni siquiera hay contrato de por medio. Desde luego habrá amparos y la gran mayoría se perderán porque el estado mexicano tiene el derecho al control de la energía asentado en la Constitución, pero las cúpulas empresariales y los medios convencionales aseguran que lo que quiere el gobierno es el monopolio. Esto se verá en los juicios, y se verá que muchos de ellos se desistirán a medio camino. Otras empresas ni siquiera consideran la posibilidad de ampararse o de demandar, están de acuerdo con las nuevas disposiciones.

Estas son algunas de las empresas que se dicen afectadas: Recursos Solares de México, Akin Solar, Eólica Tres Mesas, Fuerza Eólica San Matías, Fuerza Eólica del Istmo, Versalles de las Cuatas uno, dos y tres; Tai Durango, Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo, Mitre Calera Solar y Eléctrica del Valle de México.

A pesar de las aclaraciones muy precisas de la Secretaría de Energía, los medios siguen confundiendo a la población y, sobre todo, a la oposición y el empresariado. Rocío Nahle aseguró en días pasados que los contratos que se entregaron a empresas privadas para producir energías limpias durante la pasada administración se respetan y deberán de empezar a operar este año, a más tardar en 2021.

“Sobre los privados, ya explicamos que se hicieron tres subastas realizadas en el gobierno anterior, las cuales se están respetando, ya casi el 70% de la infraestructura está instalada y debería de entrar en funcionamiento el 2020 o 2021, se están respetando los programas”, afirmó.

Nahle García sostuvo que se van a respetar los derechos de todas las empresas que tienen algún tipo de contrato en el sector de energías renovables; al mismo tiempo que el Gobierno de México defenderá en tribunales su decisión de restringir la entrada de nuevas centrales solares y eólicas en el país.

“Todo el mundo tiene derechos, se van a respetar sus derechos y el gobierno también va a hacer lo propio en las instancias judiciales”, afirmó Nahle.

El nuevo acuerdo de confiabilidad del sistema eléctrico nacional no excluye a los generadores privados, como lo difundieron mañosamente los medios, y sólo busca poner orden en el Mercado. Se terminó el tiempo del uso de los permisos de autoabasto eléctrico, a través de los cuales los privados pueden comercializar sus excedentes de energía sin supervisión alguna.

Pero no sólo eso, no pagan la estructura de la colocación de sus redes, aprovechan la que tiene el gobierno o bien, en caso de no existir, añaden el costo en los servicios al consumidor final, o sea, al ciudadano.

Lo que sucederá es que los nuevos permisos para generación de energía eléctrica serán revisados “caso por caso” para el otorgamiento de la autorización, porque existe un desorden en este sentido.

Por otra parte, la inversión de 6,400 millones de dólares no se perderá, como asegura parte de la industria privada, simplemente se privilegia la generación base, sobre todo térmica, de la CFE por encima de la generación renovable mayoritariamente privada. No sólo para recuperar el control de la generación de energía sino para abaratar el consumo. Es decir, no se encarecerá el consumo de energía eléctrica como varios diarios de circulación nacional aseguraron, al contrario, bajará su precio al consumidor común y corriente.

Lo que no les pareció fue que se metiera orden en unas empresas cuyos contratos beneficiaban a unos pocos y castigaban al consumidor. La oposición ni siquiera leyó con cuidado el acuerdo y ya estaba dando declaraciones a los medios. Nunca se enteraron de que actualmente el 16 por ciento de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables.

Queda además claro que se respetarán los derechos de los particulares en la promoción de recursos legales, pero también el gobierno hará lo propio para defender su postura. Lo que no querían es que se llevaran a cabo las reglas del comercio internacional donde el capitalista, nacional o extranjero, debe dejar una parte de sus ganancias en el lugar donde explota la tierra y ocupa para trabajar.

El 15 de mayo, se publicó un acuerdo en el que se abroga la “Política de Confiabilidad” establecido el 28 de febrero de 2017, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Eso duele a los intereses de quienes antepusieron, por muchos años, los intereses propios a los del pueblo.

Se modificó el marco de operación de la inversión de las empresas de energía renovable, la mayoría vinculadas a intereses de altos funcionarios del pasado, como el exlíder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien fuera director general de CFE en el sexenio pasado.

En este sentido, los intereses de expresidentes como Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se afectan, porque fueron con ganancias para ellos y las empresas, cuyas ganancias eran cargadas al consumidor. En eso radica el enojo y el escándalo que seguramente su litigio quedará a la mitad.

El gobierno tiene todo su derecho a corregir los puntos donde se afecta a la población, sobre todo porque están asentados en normas nacionales e internacionales que nunca se respetaron respecto a la generación de energía. Ahora, los intereses creados y sus damnificados hacen una tormenta en un vaso de agua porque consideran que con esto pueden desgastar a la actual administración pública.

00
Compartir