Lozoya, el héroe de la pandemia corruptiva

Por: José Lima Cobos

Mientras sigamos en el confinamiento de “quédate en casa”, y el presidente Andrés Manuel López mantenga la línea dura de cero “impunidad y corrupción”, -hasta por lo menos el año 2022, en que se someterá a la revocación de mandato- no regresaremos a la normalidad, pues siempre se abordará que la cloaca destapada ya no será la misma, porque para entonces “todos nos habremos portado bien” y las grandes incidencias quedarán atrás y un nuevo renacer habrá de brillar en el país, que sería el retorno de Salinas, y la mafia que lo acompañó, por haber consolidado el “Pacto por México”.

Lo único que le faltaba a este país -además de las reformas constitucionales al artículo l9- defraudación fiscal, la corrupción y que el presidente pueda ser enjuiciado– creo que, jurídicamente estábamos bien, solo que la omisión a observar las reformas llegó al extremo de la obnubilación, porque nunca vimos que existían muchas de las disposiciones que jamás se observaron y ahora, cuando se anuncia que desde el 2016 existe una ley federal para la protección a las personas que intervienen en el proceso penal y que ofrece muchos beneficios, nos escandalizamos porque Emilio Lozoya Austin, el ahora paladín de la pandemia corruptiva, al ofrecerse como testigo en los actos de corrupción en que participó, acepta contribuir para sentar las bases de esta nueva normalidad, y el escándalo no se deja esperar y de inmediato, los sicofantas –sobre todo personas que están en los medios o intelectuales que durante años se chuparon cerca de 12 mil millones de pesos del presupuesto federal- se inconforman porque a ese presunto delincuente se le extradita de España en avión oficial y se le interna, no en el reclusorio, sino en un hospital de cinco estrellas para que se le brinde atención médica, producto del estrés de cinco meses de prisión que lo tiene postrado que, si bien ya ha cantado, se cree que es poco lo dicho y que aún queda más en su repertorio criminal.

En dicha ley federal, que es de orden público y de observancia general, es la primera vez que se utiliza o aplica a favor de un funcionario o delincuente de cuello blanco que se ofrece a colaborar para llevar a todos los presuntos a prisión –aunque ya se había puesto en práctica para la delincuencia organizada- y lo que no se ha acontecido en el caso de Rosario Robles, en prisión hace algunos meses, sencillamente porque jamás ha manifestado su interés de participar en el combate a la corrupción, cuando propició que cientos de universidades y altos funcionarios -en lo que se conoce como la estafa maestra y que aún resuena aquella frase, ya sabe de quien “no te preocupes Rosario”- ha mantenido la lealtad del contubernio al extremo que será ajena a ese beneficio.

Ese ordenamiento jurídico no novedoso y alerta a complicidad, que veremos a donde nos lleva y que si se acoge Lozoya, hará que se llegue al fondo de la corrupción que involucra, no solo al Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, -pues no hay que olvidar que Odebrecht fue el talón de Aquiles de varios gobiernos latinoamericanos que llevó al expresidente Alán García, al suicidio ante la vergüenza de ir a la cárcel- ya que el dinero que de ahí provino, es resultado de la corrupción como ya se demostró en declaraciones e investigaciones que no son de México, sino de Estados Unidos y que la llegada de Peña Nieto a la presidencia, ahí tiene su origen, en la campaña sucia contra el actual presidente López Obrador para impedir que llegara al cargo, lo que hoy existe de cambio electoral, es resultado del hartazgo social y no producto de componenda alguna.

Si todavía no abre la boca Lozoya, -se espera el que exministro Medina Mora haga lo propio- ya muchos están temblando, porque no tan solo consistirá en lo que diga o a quien señale, sino que tendrá que probar de manera elocuente, con datos de prueba y demás elementos de convicción, para que la Fiscalía General de la República, pueda judicializar las carpetas y su robustez haga que diputados, senadores, gobernadores, empresarios, así como servidores públicos, que ocasionaron la catástrofe que está sufriendo las dos empresas productivas de la nación y que fueron desmanteladas de manera por demás criminal, con una reforma a modo y producto de la corrupción más infame de que se tenga memoria, sean sancionados y sus bienes incautados para reparar el daño, pues de no ser así, todo quedará en la máxima decepción de una nación sin cambio, porque hay que recordar que una golondrina, no hace verano, pues Lozoya, Ancira, Robles y otros “pollos flacos” que aún deambulan no hacen suficiente el esfuerzo electoral de más de treinta millones de mexicanos.

Lozoya, mini cabeza de este grupo, tendrá que comparecer en todo el procedimiento penal y hasta que se dicte sentencia firme, y de ahí se podrá acoger a los criterios de oportunidad que la misma ley penal prevé, -testigo colaborador o protegido- con el consabido beneficio para su esposa, hermana y madre -en prisión domiciliaria-, y la pena estará en consonancia con la magnitud que este acontecimiento representa.

No se puede ni se debe desdeñar la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo de la segunda sala, en la que Medina Mora, en este entramado debe estar involucrado, pues por él existe una contradicción de tesis en el sentido de que el Estado mexicano no puede congelar cuentas bancarias con movimientos sospechosos si no es a solicitud de un gobierno extranjero, artimaña que aún algunos jueces siguen aplicando y que atan las manos a la fiscalía o a la unidad de inteligencia financiera para evitar el lavado dinero, tráfico de personas, contrabando, en síntesis, delincuencia organizada.

limacobos@hotmail.com

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