15 días sin Moisés Sánchez

A 24 horas de que se cumplan 15 días de la desaparición forzada del periodista y activista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, ni las autoridades de justicia del gobierno de Veracruz, que encabeza el priista Javier Duarte de Ochoa, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), que comanda el también priista Jesús Murillo Karam, han mostrado el suficiente interés en la investigación y, mucho menos, en la localización del comunicador.

Ésta última, la FEADLE, ni siquiera ha respondido a las exigencias de los periodistas veracruzanos y de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, como es el caso de Artículo 19, para atraer el caso y sacarlo del fuero local.

Porque si algo está claro en este tema es que nadie en Veracruz cree que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en manos de Luis Ángel Bravo Contreras, amigo cercano del Gobernador de la entidad, tenga la capacidad y, en especial, la voluntad para dar con el paradero de Sánchez Cerezo y, más aún, castigar a los autores intelectuales y materiales de su desaparición forzada.

El desdén de Duarte de Ochoa por el secuestro del activista es el mismo que ha mostrado en casos anteriores, y confirma por qué Veracruz es conocido a nivel internacional como el peor estado para ejercer el periodismo en México, un país que de por sí ocupa ya ocupa los primeros lugares entre los de mayor riesgo para los periodistas, por las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado pero, principalmente, por parte de autoridades y funcionarios corruptos.

El viernes de 2 enero, Moisés Sánchez se encontraba en su casa en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, cuando hombres armados lo sacaron con violencia de la vivienda y se llevaron su computadora, cámara y celular, expuso en un comunicado Artículo 19, con base en los testimonios de testigos, incluidos miembros de la familia del comunicador.

Un día después, consultado sobre el caso por reporteros locales, Javier Duarte respondió con su peculiar ramplonería que Moisés “no es reportero” sino un “conductor de taxi y activista vecinal”, para después exigirle a los periodistas que “hay que decir las cosas como son”.

“Conductor de taxi y activista vecinal”, como si éstas actividades fueran menores, como si quien se dedica a ellas no mereciera que el aparato de justicia de la entidad se movilizara de inmediato.

La respuesta, cargada de una vulgaridad y de una evidente falta de calidad moral, exhibe al Gobernador priista en toda su dimensión: la de un hombre que evidentemente no es un político, que es intolerante a la crítica y que, a punto de billetazos, como dicen los propios reporteros independientes del estado, alimentó una falsa imagen de su gobierno que ahora, a más de cinco años de asumir la gubernatura, se ha hecho añicos.

Moisés Sánchez, han documentado los compañeros periodistas de blogexpediente.mx, está desaparecido porque denunció un tema que el Gobernador Duarte tiene vetado entre los medios de comunicación que le son fieles, gracias a sus concesiones económicas: la creación de guardias vecinales y vecinos vigilantes para enfrentar la inseguridad, el control los delincuentes y la corrupción de las autoridades.

El Alcalde de Medellín de Bravo, el panista Omar Cruz Reyes, y la propia Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, lo negaron, según reveló el periodista Ignacio Carvajal. Moisés publicó en su cuenta de Facebook videos en los que se veía el patrullaje de los vecinos en sus colonias, gente armada, cubiertos del rostro y exhibiendo machetes en mano.

Esto, expuso el periodista y analista político veracruzano Mussio Cárdenas, irritó al Gobernador priísta Javier Duarte, y también al Alcalde Omar Cruz. Su hijo Jorge Sánchez sostiene que el Edil estaba molesto por la difusión de información que advertía abandono, calles destrozadas y la aparición de dos ejecutados el día de su informe de actividades, según reveló Noé Zavaleta, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. Cruz Reyes externó tres días antes que le daría un susto.

Pero ni aún así, ni con todas estas evidencias, el caso se ha tomado con seriedad y Moisés sigue sin aparecer.

El descaro es tal que el 13 de enero pasado, el Edil Omar Cruz Sánchez ahora hasta ha exigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado ampliar sus líneas de investigación en el caso de la desaparición de Moisés Sánchez quien, aseguró, formaba parte de un grupo de autodefensa en Medellín.

Y, para colmo, desde el viernes pasado Luis Ángel Bravo es ahora Fiscal General, gracias a una reforma del gobierno de Duarte de Ochoa que convirtió a la PGJE en un organismo autónomo, con lo que el criticado funcionario, amigo del Gobernador y conocido por su prepotencia, tendrá trabajo seguro en los siguientes nueve años.

Columnistas locales independientes aseguran que esa jugada de Duarte le permitirá “limpiar internamente la casa gubernamental”, ahora que se acerca el fin del duartismo y evitar así que avancen denuncias, averiguaciones previas e investigaciones ministeriales contra el Gobernador y su equipo más cercano, lo mismo por corrupción en dependencias estatales hasta abusos perpetrados por servidores públicos de todos los niveles.

En este contexto, la investigación sobre el caso de la desaparición forzada de Moisés Sánchez simplemente no avanza, lo que no es sorpresa en un gobierno como el del priista Javier Duarte. Lo que es inaceptable es la mirada pasiva de las autoridades federales, en especial de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y del propio Procurador Murillo Karam, quien confirma así que desde hace más de dos años que asumió el cargo en esa dependencia llegó cansado, y su agotamiento es mayor si se trata de evidenciar los errores, omisiones e incluso complicidad de priistas en un acto criminal a todas luces.

Con información de Sin embargo/Casa de Citas

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