321 ex servidores y servidores públicos fueron notificados para que comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos, en el Orfis

La segunda fase de fiscalización de la Cuenta Pública 2014, relativa a la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, misma que inició el viernes de la semana pasada para concluir el viernes de ésta, estará apegada a la legalidad, aseguró el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.

Una vez que se reciban de los entes observados las pruebas documentales debidamente certificadas, se tienen 30 días hábiles para emitir la respuesta correspondiente, de si solventan o no solventan el presunto daño patrimonial determinado.

Para ello, un total de 321 ex servidores y servidores públicos fueron notificados para que comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos, de los cuales 303 son de 46 ayuntamientos y 18 de cinco entes estatales.

También fueron los notificados los contralores internos de los poderes públicos, organismos autónomos, municipios y entidades paramunicipales que resultaron con observaciones y recomendaciones de carácter administrativo, con el fin de que las atiendan en el ámbito de su competencia y del resultado que obtengan, éste lo hagan del conocimiento al Orfis, lo cual debe ser antes de que finalice diciembre de este año.

El presunto daño patrimonial en Cuenta Pública 2014 es por 163 millones 990 mil 376.23 pesos.

Cabe recordar que para el caso de los 46 municipios se tiene un monto determinado como presunto daño patrimonial de 116.9 millones de pesos y en el caso de los cinco entes estatales el monto es por la cantidad de 47.1 millones de pesos.

“El resultado que se obtenga en todos estos procedimientos administrativos debe estar apegado a la legalidad, realizado de manera imparcial, hecho por servidores públicos íntegros, que están conscientes de que con su trabajo impulsan la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, logrando así la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”, expuso Portilla Vásquez.

Este lunes acuden al Orfis ex servidores y servidores de ocho ayuntamientos y un ente estatal: El Higo, que deberá comprobar un presunto daño patrimonial por 752,89.37 pesos; Tampico Alto, 788,830.59 pesos; Coxquihui, 30 millones 85 mil 009.70 pesos; Zozocolco de Hidalgo, 437,990.69 pesos; Hueyapan de Ocampo, 10 millones 619 mil 264.94 pesos; Coacoatzintla, 266,606.85 pesos; Chiconquiaco, 346,31.05 pesos; y Cosamaloapan, cuatro millones 161 mil 649.94 pesos; así como el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA), 113,639.18 pesos.

Mientras que el viernes de la semana pasada acudieron ex servidores y servidores públicos de: Pueblo Viejo, que debieron solventar 683,64.53 pesos; Ilamatlán, 261,258.38 pesos; San Andrés Tlalnelhuayocan, 254,520 pesos; Coatepec, tres millones 706 mil 272.56 pesos; Acultzingo, tres millones 674 mil pesos; Soledad Atzompa, 787,243.24 pesos; Playa Vicente, 525 mil pesos; Tierra Blanca, cuatro millones 982 mil 200 pesos; y San Andrés Tenejapan, 253,71.21.

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