Arturo Bermúdez y los otros desaparecidos

Iván y Diego no son los únicos. Hay otros cinco ciudadanos desaparecidos, llevados por la fuerza, sacados de su domicilio, interceptados en las calles y de los que no hay, siquiera, una pista. Son el retrato de la inseguridad, el miedo, la zozobra, el caos que priva en Coatzacoalcos.

Por Iván Arévalo y Diego Corro se armó una protesta mayúscula, Coatzacoalcos bloqueado, sus accesos en manos de familiares y amigos desde la noche del domingo 17 hasta pasadas las 3 de la tarde del lunes 18 cuando un grupo antimotines de la Fuerza Civil los desalojó.

Acusaron que Iván y Diego viajaban en un automóvil particular, un Ford Mustang amarillo, vistoso, sobre la avenida Universidad, el sábado 16, luego de jugar un partido de futbol. Los interceptaron cuatro vehículos. Fueron bajados a golpes, sometidos, reducidos a nada. Pasaron a la condición de “desaparecidos”.

Con ellos iba Andrea López Caballero, esposa de Iván Arévalo. Llevaba a su pequeña hija. También fue sometida.

“Nos bajaron. Yo llevaba a mi bebé. Nos tiraron al piso. Decían que eran de Fuerza Civil y nos apuntaban con sus armas. Decían que eran de Fuerza Civil pero no mostraron documentos, algo que los identificara”, señala.

Su caso trascendió. Inundó las redes sociales, ese espacio que sirve para potenciar sucesos, y provocó una reacción viral.

Un día después, la marcha contra la inseguridad sirvió para exigir que Iván y Diego aparecieran y para exhibir a la Fuerza Civil, acusada del “levantón”, de ocultarlos, de no admitir que hubiera acusación en su contra, de incurrir en desaparición forzada.

Esa noche, apenas concluida la marcha por la seguridad, el puente Calzadas, uno de los accesos a Coatzacoalcos, fue bloqueado. Ante la falta de respuesta oficial, el lunes 18 se impidió el paso a la altura de la caseta de peaje sobre el puente Coatzacoalcos I. Horas después, a las 15:30, un equipo antimotines desalojó a los manifestantes.

En el ojo del huracán, vilipendiada, la Fuerza Civil aguantaba la avalancha de imputaciones, el “levantón” como modo gangsteril, la desaparición forzada como método de actuar.

Llegó el martes 19. Acusada de todo, la Fuerza Civil, la policía de élite, los seals de Javier Duarte, guardaban silencio.

Pasado el mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz deslindó a los rambos jarochos. Dijo que los elementos de la Fuerza Civil eran ajenos a la desaparición de Iván Arévalo y Diego Corro, pero no aludió a los otros levantones.

Simultáneamente, trascendió que Iván y Diego habían regresado. Inundó a las redes sociales, lo difundieron portales informativos, lo consignan medios de comunicación. Decían que Iván Arévalo estaba sumamente lastimado, pero ya con sus familiares. Se prometió una conferencia de prensa que nunca llegó.

Día convulso, el lunes sirvió también para que los familiares de otros desaparecidos protestaran en la Subfiscalía regional de Coatzacoalcos. Piden que regresen, que los suelte la autoridad, que esclarezca si hay delito en su contra, si hay denuncia de por medio, pero que no les apliquen la desaparición forzada, que se sujeten a la ley.

Cartulinas en mano, elevaban el reclamo, apostados a las puertas de la dependencia, inútil su esfuerzo pues la intragable subfiscal, Samyra del Carmen Khoury Colorado, simplemente los ignoró.

Nada nuevo en Samyra Khoury. Así procede, no se sabe si por incapacidad, ignorancia, altivez, mala fe u orden del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”.

Samyra Khoury, a quien en el medio judicial se le recuerda como una simple secretaria a las órdenes del entonces juez federal Vicente Mariche de la Garza, hoy magistrado, agravó el clima de sospecha con su silencio. Pudo descartar que alguna aprehensión, pudo confirmar que hay delito que perseguir.

Ella no habló pero los familiares de los levantados sí.

A Eleazar Alvarado Villafuerte, uno de los desaparecidos, se lo llevaron cuando se hallaba en su domicilio, en la colonia Obrera.

Héctor Facundo Ramos también estaba en casa cuando un grupo de encapuchados lo sorprendió. Dicen sus familiares que portaban ropa negra, botas tipo militar. Una patrulla de la Fuerza Civil resguardaba a los embozados mientras se llevaban a Héctor Facundo.

Jonnhy Enríquez Orozco estaba en casa. De ahí lo sacó el grupo de encapuchados. Vive en la colonia Villas del Sur.

Por la casa de Manuel Cruz pasaron patrullas de la Fuerza Civil. Él vive en la calle General Anaya, colonia Constituyentes. Eran como las 00:31 horas del martes 12 de mayo. “Ya preguntamos en todos lados pero no nos dicen nada”.

Son cuatro casos de desaparición. Un quinto nombre de mantiene en reserva, pues el miedo inhibe a los familiares. Lo buscan. Cuestionan si hay denuncia, si le imputan algún delito, si violó la ley. Pero no hay respuesta.

Dice la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz que la Fuerza Civil no está implicada, que es policía de élite.

Para poco sirve el rollo oficial cuando lo que está en juego es la vida de las personas. La Fuerza Civil es mencionada en cuatro de los cinco casos, y en los de Iván Arévalo y Diego Corro.

Polémico el caso, ha provocado reacciones encontradas. Unos sostienen que los “desaparecidos” tienen implicaciones con el crimen organizado o la delincuencia común; otros sostienen que son víctimas de un atropello.

Como sea, si la Fuerza Civil actuó en contra de células delictivas, debió sujetarse a la ley. Aprehenden, acreditan que hay orden judicial, demuestran que hubo flagrancia, y consignan a la autoridad competente. Si no, es desaparición forzada.

Grave el dilema para Arturo Bermúdez Zurita (ABZ), secretario de Seguridad Pública de Veracruz. Ya exculpó a su Fuerza Civil. Ya dijo que no están implicados en la desaparición de dos levantados, Iván Arévalo y Diego Corro. Pero no alude a los otros cinco.

La impunidad va de la mano de la pandilla duartista. En septiembre de 2014, cinco jóvenes desaparecieron cuando circulaban sobre la carretera, cerca de Cosoleacaque. Sus fotografías en una instalación policíaca fueron filtradas a la madre de uno de ellos. Ella lo subió a las redes sociales. Se acreditaba que estaban vivos, golpeados a mansalva, pero vivos. Y en manos de policías. Luego aparecerían en fosas clandestinas en el municipio de Tatahuicapan.

Se trató de desaparición forzada, tortura, asesinato, inhumación clandestina. Corroe la podredumbre al gobierno de Javier Duarte.

Nada dijo de ese crimen el secretario Bermúdez, míster West Point, una vergüenza para la afamada academia norteamericana.

Nada ha hecho el Señor Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal del duartismo, que solapa y encubre la tortura policíaca. Ojo: caso Regina Martínez, donde el magistrado Edel Álvarez Peña hizo valer los agravios del supuesto cómplice del asesino, Jorge Antonio Hernández Silva, quien se autoincriminó luego de ser sometido a la tortura de los agentes policíacos. ¿Qué hizo “Culín” contra los tortuadores? Nada.

Quema las manos el caso Iván y Diego, y los otros cinco. Lacera al gobierno de Javier Duarte, el gobernador, a Bermúdez Zurita, a la Fuerza Civil, al fiscal Bravo.

Es desaparición forzada, una vez más.

(Con información de mussiocardenas.com)

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