Audirac Murillo, inhabilitado por 10 años en la función pública y sancionado con 29 millones de pesos

Por omitir información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las observaciones en la revisión de recursos federales de los ejercicios del 2008 al 2011, la Contraloría General del Estado mantiene abierto 65 procesos administrativos disciplinarios y ya se generaron las primeras sanciones con la inhabilitación de seis ex servidores públicos y amonestación pública a otros cinco.

El ex contralor general del estado y ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Martín Audirac Murillo, fue inhabilitado por 10 años para desempeñar empleos, cargo o comisiones en el servicio estatal y se le aplicó una sanción económica por 29 millones 383 mil 981 pesos.

Durante su comparecencia ante la comisión legislativa de Hacienda del Estado, en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Ricardo García Guzmán, mencionó que las otras inhabilitaciones fueron para Eriko Excelente Toledo, por 7 años; Ricardo Calles Cruz, por 3 años; Gabriel Salvador Arnau; por 3 años; Carlos Aguirre Morales, por tres años; y Jesús Guillermo Villegas, por un año.

Los ex servidores públicos sancionados con una amonestación pública fueron Juan Manuel Corral Verdugo, Jhonson Margarito Reyes, Rosalva Aguilar Alonso, Mariel Limendez Castillo y Eduardo Cárdenas Cruz.

A quienes omitieron información a la ASF se instruyó el inicio de procedimientos disciplinarios administrativos en contra de quien o quienes no cumplieron en mantener informada en su momento a la ASF y por las omisiones que repercutieron en el estado y la no solventación de las observaciones que se hicieron por los ejercicios 2008,2009, 2010 y 2011.

Si los 65 procesos administrativos disciplinarios dan lugar a una acción penal, también se va a aplicar.

“Por eso dijimos que algunos servidores públicos le habían fallado a Veracruz y que se iban a iniciar procesos disciplinarios administrativos, que se iban a deslindar responsabilidades y hoy quiero informar que efectivamente hemos concluido la instrucción que tengo desde el primer momento que hicieron al incluirme en este Gobierno, que es que no haya impunidad para nadie, que se actúe conforme a lo que mandata la ley y tenemos más de 65 procesos disciplinarios abiertos, no concluidos, y si estas investigaciones concluyen que hay responsabilidad administrativa o penal para algún servidor público o ex servidor público, vamos a actuar conforme a la ley y nos permite que sin importar el cargo y el nombre de los funcionarios que esten implicados en estos procesos abiertos”.

El funcionario estatal recordó que la Auditoría Superior de la Federación (SSF) sí presentó denuncias y derivaron en una minuta que se firmó el 7 de febrero del 2014, en donde se le imputaban a Veracruz incumplimiento en los compromisos establecidos en esa minuta.

Esa minuta fue la referencia de las 14 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República.

A partir de ahí, la ASF determinó que ya no había más que hacer y había que denunciar.

En su momento se dio a conocer la existencia de esas denuncias, y se dijo que se habían presentado ante la PGR y que esta había declarado la competencia a la Fiscalía General del Estado.

En el último punto de esa minuta se lee:

“La ASF determina que con este acto concluye el análisis a los reintegros con recursos de origen federal determinado de la fiscalización de los ejercicios del 2008 al 2011. No obstante, la Contraloría General del Estado, en ejercicio de sus funciones, será la única instancia responsables de analizar las causas que motivaron que los reintegros señalados no fueron aplicados en su momento, a fin de determinar si existen responsabilidades legales o administrativas a cargo de los servidores públicos responsables de su administración”.

Por otra parte, García Guzmán, dijo que aún año de la conclusión de la actual administración estatal, el pasado mes de junio inició el programa de cierre en su primera etapa, aseguró Ricardo García Guzmán, contralor general del Estado.

Manifestó que la entrega—recepción que habrá de realizarse al término de la administración, se constituye en el proceso, a través del cual, todo servidor público que concluya su función, cargo, debe entregar los asuntos y recurso financieros, humanos, materiales y documentales que haya tenido asignados para el ejercicio de sus funciones.

Se requiere que esta transición sea ordenada y se realice en tiempo y forma.

“Se trata de quienes nos sustituyan cuenten con los elementos necesarios para cumplir con sus tareas de manera inmediata y den continuidad a los objetivos y metas trazados en beneficio de los veracruzanos”.

A través de los 30 órganos internos de control se ha impulsado una agenda de trabajo muy clara para que todas y cada una de las instancias gubernamentales se conduzcan en el marco de la legalidad.

Cuando no existe opacidad tras de la cual ocultarse, cuando el funcionario sabe que sus decisiones serán revisadas y que cualquier acción fuera de la norma tendrá consecuencias, el incentivo a corromperse disminuye notablemente.

“Refrendo nuestro compromiso para desarrollar nuestra tarea con apego estricto a lo que mandata la ley”.

Aunado a ello, García Guzmán expuso que en el marco de la ética pública, en este año se dio continuidad a la implementación de los 74 Códigos de Conducta en cada una de las instancias de Gobierno, con acciones tales como la aprobación y validación de los programas anuales de trabajo.

El Poder Ejecutivo cuenta ya con un Código de Ética al servicio de todos los servidores públicos.

Además, existen Comités de Ética instalados como grupos colegiados encargados de implementar las acciones para fomentar los principios y valores éticos.

“Puede informales que en nuestro estado todas las dependencias y entidades de Gobierno cuentan con su propio Código de Conducta, atendiendo a las particularidades de sus funciones; nos corresponde a la Contraloría que se respeten y se mantengan vigentes.

En esa materia, el estado de Veracruz está posicionado como uno de los primeros lugares a nivel nacional.

Resaltó que la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales, fue creada exprofeso para atender los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación como de la Secretaría de la Función Pública.

Ello ha permitido reforzar el trámite de solventación de observaciones, así como también un mejor control de las mismas.

Con información de Versiones.com.mx

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