Cayó Medina Mora, y ¿Pérez Dayán, cuándo?

Por: José Lima Cobos

De verdad, nada que festejar ni que aplaudir, con todo y que ahora el país tiene una calificación mejor en el combate a la corrupción y la impunidad, pues el caso del ministro inconstitucional -se violó por el senado el artículo 94 constitucional al elegirlo- Medina Mora, pues se tuvo que conocer primero la investigación en Inglaterra y Estados Unidos, de un manejo sospechoso de recursos económicos, para que aquí, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alzara la voz a través de Santiago Nieto y confirmara lo que en el país no se veía, cuando hay antecedentes claros al respecto.

Sin duda que no es tarea fácil sepultar la corrupción e impunidad, porque está tan arraigada, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación -con excepción de la resolución que dictó un tribunal colegiado de Tamaulipas en el caso de Ayotzinapa-, las condenas contra el gobierno mexicano por violación a los derechos humanos, han provenido de tribunales internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas -caso de Lydia Cacho contra el “gober precioso” de Puebla-, o de la corte interamericana de Derechos humanos, en los caos de Rosendo Radilla y otros tantos que evidencian la falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las responsabilidades públicas de ese poder, sin embargo, han medrado de manera exponencial en el derroche y despilfarro de recursos públicos, violando los artículos 127 y 134 que prohíben que ningún funcionario perciba mayor salario que el presidente de la república, o que la publicidad del estado sea para casos específicos.

La llegada de Medina Mora a la Suprema Corte fue una mancha más al tigre que hoy se pretende medio remediar con su renuncia anticipada para evitar el juicio político y que no exista condena y de darse ésta, que sea en tribunales extranjeros -caso del Chapo Guzmán-, es elocuente cuando, de entrada, debería de integrarse la carpeta respectiva y respetando sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso, se observen los ordenamientos jurídicos internos -artículos  108, 109 y demás de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, y luego aplicarle las sanciones respectivas, de otra suerte, sólo es borrón y cuenta nueva, para dar margen a que se afirme después que se actuó de manera autoritaria y se atentó contra el poder judicial, cuando tiene responsabilidad como Procurador General de la República por sus diversos actos u omisiones, como el caso de la francesa y el montaje armado por el gobierno de Calderón, ello en razón de lo que precisa el titulo cuarto que se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos.

Si se quiere limpiar al país de corrupción e impunidad, la negligencia de los ministros, magistrados y jueces ha llevado al país a que exista la percepción generalizada que es ahí donde se anidan los males de la nación, y lo acabamos de comprobar con la actitud del ministro Pérez Dayán que, contraviniendo lo claramente precisado por el artículo 64 de la Ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, contenidas en el artículo 105 constitucional, otorgó la suspensión provisional de la Ley Federal de Remuneraciones y nadie dijo nada, al contrario, se armó la alharaca más grande de que se tenga memoria, de que era un atentado a la autonomía de ese poder y demás organismos autónomos que podían saquear al erario público como les viniera en gana, sin que el senado, de mayoría morenista, iniciara un juicio político en su contra y fincarle responsabilidad, ante la acción de dicho ministro que, campante, medra a costa del estado.

Es cierto que una golondrina no hace verano -Medina Mora, Collado, Rosario Robles-, de ahí que tenga el gobierno que ejecutar más acciones de la Cuarta Transformación, para que nadie viva en la impunidad; limpiar la casa es, y debe ser, de seriedad profunda; y que los sicofantes sigan su camino.

limacobos@hotmail.com

Twitter:@limacobos1

00
Compartir