Cómplice de Bermúdez, nuevamente vinculado a proceso

Alejandro Contreras Uscanga, cómplice de Arturo Bermúdez Zurita en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias fue nuevamente vinculado a proceso, tras reponerse el procedimiento por mandamiento judicial, por autorizar contratos millonarios a las empresas del ex secretario de Seguridad Pública.

Tanto Bermúdez, en su carácter de Secretario, como Alejandro Contreras de Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, están acusados de haber abusado de su poder en la cadena de mando de la dependencia y otorgar el contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres a favor de Roberto Esquivel Hernández, socio y amigo de Bermúdez Zurita, también vinculado.

Dicho auto de vinculación fue confirmado este lunes por un juez de control de Pacho Viejo, luego que la justicia federal concediera un amparo para echar abajo la resolución del auto, decretada en audiencia del 17 de noviembre de 2016, y ordenara su reposición.

De acuerdo con el juzgador, fue el subcomité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Contreras Uscanga, el que autorizó el otorgamiento del contrato a la empresa “Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A de C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, aun sabiendo que estaba incumpliendo la ley.

Aunque en la reposición, resuelta en el toca de queja 204/2017, se solicita a la Fiscalía que en su solicitud de vinculación no presente como dato de prueba la relación con la empresa beneficiada, dejó intocado el informe con el que se avala que existen otras empresas en las que Bermúdez, sus padres, hermanos, e incluso su esposa, son socios de Roberto Esquivel y que aparentemente también habrían obtenido contratos.

La Fiscalía General del Estado (FGE), acusa que de manera indebida se autorizó el contrato celebrado el 29 de febrero de 2016, pues no se puso de conocimiento al subcomité de adquisiciones en pleno que era una empresa donde Arturo Bermúdez participaba, por lo que se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato, lo que supone la comisión del delito de tráfico de influencias.

 

Por: Jair García/ Palabras claras

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