Conspiración del Gobierno de Morena para atacar a director del ORFIS

  • Persecución política-judicial contra extesorero
  • El Poder Judicial, sumiso a las órdenes del Ejecutivo

Por: Ángel Álvaro Peña

Una denuncia sin elementos probatorios que se interpuso hace más de un año contra el extesorero de Actopan, Pedro Benítez Domínguez, fue reactivada por un fiscal vinculado a MORENA, que actuó bajo consigna del Gobierno de Veracruz para atacar a Javier Enrique Benítez, hermano del extesorero y actual Director de Auditoria Municipal del ORFIS.

Bajo las acusaciones de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal se abrió la carpeta de investigación FES 861/2018, pero la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Marcos Even Torres, no halló suficientes pruebas para llevar ante un Juez al acusado y la indagatoria se mantuvo en “impasse”.

El caso tomó un giro cuando Javier Enrique Benítez Domínguez (hermano del extesorero), fue ratificado como director de Seguimiento de Auditoría Municipal del ORFIS y con ello estableció un contrapeso a la auditora general, Delia González, quien está al servicio del gobierno de MORENA.

En un intento por socavar la honestidad y valores morales del director de auditoria del ORFIS, desde las altas esferas del gobierno de Veracruz se dio la instrucción de vincular a proceso a su hermano, el extesorero de Actopan. Para ello se filtró la información a periodistas al servicio del gobierno morenista, para que se creara un escándalo mediático.

Mucho ayudó en esta trama el hecho de que el nuevo fiscal es un expanista que se pasó a MORENA y que tiene todo el deseo de servir al poder ejecutivo. Pero, las cosas no resultaron como se suponía.

En la audiencia, a la Juez Ludivina García Rosas le quedó en claro que el caso no es nada sólido y prueba de ello es que le fijó al imputado una fianza de solo 40 mil pesos, a pesar de que los representantes legales de Actopan hablan de un quebranto de más de 8 millones de pesos.

Los hechos de que se le acusa al extesorero Pedro Benítez ocurrieron en 2018; sin embargo, la cuenta pública de ese año aún está en revisión por parte del ORFIS. Además, el exfuncionario precisó que las cuentas de los 9 meses que estuvo como tesorero, fueron aprobadas por el cabildo y el órgano interno de control.

También dejó en claro ante la Juez que no pudo llevar a cabo el proceso de entrega recepción, como lo marca la ley, porque fue sacado violentamente. De estos hechos hay constancias.

Respecto a los 8 millones de que se habla en el caso, destacó que los recursos están en las cuentas del propio ayuntamiento y la nueva tesorera debió haber hecho los movimientos para concentrar el recurso.

El propio acusado dejó entrever que este caso tiene un trasfondo, pero reiteró su confianza en la justicia.

 

 

Con información de Políticos al Desnudo

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