Cuello a huachicoleros de cuello blanco

Castigo a los culpables

Los hombres que desde sus escritorios participaron en el robo de combustible deben castigarse de manera ejemplar

Por Alberto Alvaro H.

Los mexicanos han sido los testigos de la intensa estrategia contra el robo de hidrocarburos, a 30 días de iniciada la investigación de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha permitido ahorrar 4 mil millones de pesos. 

Y es que, según datos oficiales, el robo de combustibles provoca al país pérdidas de 60 mil millones de pesos al año.

El presidente ha mencionado que el huachicoleo es una actividad donde participan comunidades enteras en algunos estados, como en Puebla o Guanajuato, pero que también involucra a empresarios, militares, policías, alcaldes y empleados de Pemex.

Es precisamente en los lugares clave, donde se operaba impunemente desde hace muchos años, donde hay que buscar a los culpables.

Porque no ha habido director general de Pemex, desde hace por lo menos 40 años, que no haya sabido del robo de combustible desde los escritorios, las válvulas, los ductos, los pozos.

Hay personajes que desde la dirección general de Pemex también llevaron a cabo ilícitos que ahora sólo los contempla la ley como sospechosos, pero que están a punto de comprobársele algunos delitos como es el caso de Emilio Lozoya Austin, quien también operó para la tristemente famosa empresa brasileña Odebrecht.

Entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo vinculada a pagos por valor de US$10.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por más de US$39 millones. Odebrecht participó en la construcción de una refinería para la empresa nacional de petróleos mexicanos, PEMEX, el presidente de la compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión pública con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Ha habido buques enteros en los que se vende crudo sin reportar, donde por varios viajes se facturaba uno solo dejando sin sustento oficial a la mayoría del combustible que se producía y se vendía, como si fuera de su propiedad, por los funcionarios de Pemex con la complicidad de otros incrustados en la secretaría de Energía, en Profeco, en Hacienda, en Comercio, etc.

Pero no sólo ellos, también empresas transnacionales de refrescos, empresas nacionales que preferían cargar combustible en los expendios clandestinos del huachicoleo para disminuir costos, flotillas de camiones que se surtían de combustible en lugares señalados sin que nada ni nadie los molestara con la complicidad de una serie de instancias gubernamentales que sería interminable enunciar.

Sin embargo, desde diferentes puntos de la geografía informativa se quiere colocar a los pobladores de diferentes lugares del país como si se tratara de hordas de piratas que extraen el combustible de manera clandestina en cubetas, mientras que hay barcos enteros partiendo hacia el extranjero con combustible no contabilizado oficialmente para vender a otros países de manera clandestina, con la anuencia de más de una dependencia del gobierno.

El caso de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, acusa una planeación previa que finalmente les salió mal a los organizadores. La difusión de un breve video anunciando que estaban presentes robando combustible, fue el preámbulo de la tragedia. Muy probablemente se trató de un reto para demostrar que el combate al robo de gasolina era fallido.

La guerra contra el robo de gasolina, conocido como huachicoleo, tiene connotaciones no sólo penales sino políticas, precisamente porque están involucrados muchos funcionarios públicos cuyos niveles son sorprendentemente muy altos.

Así las cosas en Hidalgo, puede verse en los videos tomados durante el robo de combustible que se trataba de una verdadera multitud, conformada por hombres, mujeres y niños, que no pudieron llegar al lugar más que algunos vehículos. De hecho, las declaraciones de algunos de los lugareños afirman que nunca antes habían visto tanta gente en los alrededores.

Debe hacerse notar que los bidones que cargaba la población aparecida en los videos eran iguales, nuevos y hasta del mismo color. Como si alguien se los hubiera repartido. En realidad eran muy pocos los que tenían una cubeta o simples garrafones para llevarse el combustible de la fuga para comercializarlo.

Por otra parte, la gente que acudió a un llamado anónimo no contaba con el dinero para adquirir bidones de un costo promedio de 500 pesos. Lo que demuestra que fueron preparados los sucesos hasta que la explosión se hizo presente y en lugar de alentar el huachicoleo se convirtió en una amenaza de muerte para quienes pudieran asistir a las fugas por un poco de combustible. Muy poco si lo comparamos con los cientos de pipas que eran desviadas a lugares diferentes a los marcados como su destino obligado.

La cantidad de muertos todavía no terminan de contabilizarse, pero ninguno de ellos era funcionario público, ni pertenecía a la cúpula del sindicato de Pemex, ni eran propietarios de gasolineras. Estos delincuentes no corren riesgos, simplemente organizan a sus huestes para robar a manos llenas.

Es por ello por lo que entre la amplia brecha entre los huachicoleros de cubeta y los de corbeta hay muchas diferencias.

Por ejemplo, el presidente anunció que está bajo investigación quien fue subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex —cargo que lo hace responsable de combatir el robo de combustibles— en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general brigadier Eduardo León Trauwitz.

El área donde participaba León Trawitz es una de las que fueron intervenidas por el Ejército ante la sospecha de que desde allí se permitía el huachicoleo.

Unidas la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, durante las investigaciones existen testimonios que le atribuyen al general la responsabilidad del robo de combustible. Ante estas acciones el gobierno ha procedido a congelar sus cuentas. 

Ahora con la nueva estrategia contra el huachicol se revisan las compras de combustible en las gasolineras y el volumen final de sus ventas. Eso permitirá ubicar los negocios que venden gasolina robada, algo que pocas veces se aplicaba.

Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda se realizó la siguiente lista de las personas que poseen cuentas bancarias con dinero proveniente del robo de hidrocarburo.

Otro investigado es Reynaldo Bernardi Manica, empresario de Veracruz. Recordemos que fue yerno del panista Juan Bueno Torio, ex director de Pemex refinación en el sexenio de Vicente Fox.

Su historial es escandaloso, se le acusa de ser el autor intelectual del atentado contra el periódico cordobés El Bueno Tono en 2011.

En 2012, Bernardi Manica y su chofer Oswaldo García fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina en la autopista Córdoba-Veracruz; las fuerzas federales decomisaron armas y droga a los hombres; Bernardi Manica fue liberado unos días después.

En esta ocasión la UIF le congeló sus cuentas bancarias ya que se encuentra la investigación sobre el robo de gasolina.

Destaca Jesús Everardo Villarreal Salinas, ex diputado del PRI en Tamaulipas y ex alcalde de Reynosa. Además de Yanira Deandar Ayala y Arturo Villarreal Tijerina, esposa y padre de Jesús Everardo.

La administración de Bueno Torio estuvo plagada de irregularidades de las que se dio cuenta al propio Vicente Fox, quien nunca procedió a realizar investigaciones, ni siquiera a interesarse en el tema.

A todos les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por la investigación en su contra por el robo de hidrocarburos.

Recordemos que Jesús Everardo Villarreal Salinas y Arturo Villarreal Tijerina, son socios de la empresa VID, S.A. que es proveedora de Pemex. Esta empresa se encuentra igualmente bajo investigación por beneficiarse ilegalmente de negocios millonarios por la paraestatal.

Ex diputado del PRI en San Luis Potosí, José Luis Romero Calzada, famoso por sus escándalos de prepotencia y supuestos nexos con el crimen organizado, es ahora uno de los investigados por el robo de hidrocarburos.

Cabe recordar que el exfuncionario había solicitado un amparo luego de ser acusado de este delito

De acuerdo con las investigaciones, Romero Calzada es uno de los principales organizadores de una red de huachicoleo en San Luis Potosí y estados vecinos, por lo que se giró una orden de aprehensión desde antes del fin de año.

En las investigaciones se incluyó un exdiputado local, al que no se identificó, pero se le vinculó con dos personas morales, a las que en conjunto se les detectaron operaciones de depósito de 332.3 millones de pesos y retiros por otros 54.8 millones de pesos.

Además, se congelaron activos a una serie de estaciones de servicio ligadas a la empresa de Romero Calzada. Se trata de La Morena, Grupo Gasolinero RomCal y Tekmol de México.

Durante las investigaciones se encontraron que hay empresas con cuentas bancarias bloqueadas que tuvieron ingresos por 86,961 millones, pero 6,758 millones no se reportaron al SAT. 

En las indagaciones se tienen en la mira 114 personas, pero por analizar quedan más de 8 mil y se espera que aumenten los casos por operaciones irregulares. 

Hay, además, funcionarios que estaban involucrados hasta los huesos en el huachicoleo y, al mismo tiempo, son propietarios de gasolineras, que en este doble juego tenían ganancias jugosas.

Es a los huachicoleros de cuello blanco a quienes hay que investigar y castigar y no a los pobladores de parajes aislados y abandonados que dejaban de trabajar la tierra por recolectar con cubetas las fugas que sólo servían de distracción mientras los grandes ladrones robaban millones de litros de combustible desde sus escritorios.

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