Delfina quitó 40 mdp a empleados; fueron a la bolsa de operador de Morena

Además de cobrarles diezmo cuando fue alcaldesa de Texcoco, la candidata de AMLO en Edomex, les descontó aportaciones empleado-patrón, recuperación de fondo de ahorro…

Además de cobrar diezmo a los empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco, de 2013 a 2015, Delfina Gómez también descontó a sus trabajadores alrededor de 40 millones de pesos en el trienio en que gobernó ese municipio, dinero que se depositaba en una cuenta personal de quien fue su tesorero, Alberto Martínez Miranda.

La Razón cuenta con copias de más de 50 cheques y comprobantes de depósitos firmados por la propia Gómez, hoy candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.

Su Tesorero, Alberto, es hermano de Higinio Martínez, actual presidente municipal de Texcoco y líder del Grupo de Acción Política (GAP) de Morena en el Edomex.

Los cheques, expedidos por la cuenta 0252544745 de la institución bancaria Banorte, aparecen como “nómina de Texcoco”, se depositaron de abril de 2013 a noviembre de 2015 bajo los conceptos “aportación fondo de ahorro”; “recuperación de fondos de ahorro” y “aportaciones empleado-patrón” directamente a Alberto Martínez Miranda, por montos aproximados de un millón de pesos mensuales.

En las quincenas, durante esos 31 meses, se expedían pólizas de cheque con el logo: “Texcoco nos une”, donde se destaca que por acuerdo de la C. Presidenta municipal (Delfina Gómez) se transferían desde 256 mil 493 pesos hasta 791 mil 668 pesos, procedentes del sueldo de los trabajadores hacia la cuenta 0268279691 a nombre de Alberto Martínez Miranda, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es el MAMA580427899.

En dichos documentos bancarios, se observa, además, que el entonces Tesorero de Texcoco esta dado de alta en el SAT con un Registro Federal de Contribuyentes de persona física; es decir, es su cuenta para uso personal y no de un mecanismo financiero destinado al fondo de ahorro para un ente público.

Incluso, hay dos cheques de una cuenta llamada: “Feria del Caballo 2013” con número 00861411717 de donde fueron expedidos depósitos por 593 mil 620 pesos y 586 mil 18 pesos correspondientes a la segunda quincena de diciembre del año 2014, también a la cuenta a nombre de Martínez Miranda.

Este caso es el tercer escándalo en el que ha estado involucrada la abanderada morenista al gobierno mexiquense en las últimas semanas. Anteriormente se dieron a conocer varios bonos supuestamente pagados con dinero de los parquímetros en Texcoco que operaron de 2014 a 2015.

Copias de los cheques expedidos en tales años, evidencian la aprobación de “gratificaciones extraordinarias” únicamente por parte de Delfina Gómez; es decir, sin que el Cabildo los haya votado.

No obstante, los bonos también beneficiaron a 21 miembros de su gobierno, entre los que destacan el propio Alberto Martínez Miranda; su hermano Higinio Martínez; su tío, Agustín Miranda Meneses y varios familiares y colaboradores cercanos.

En total, para esos fines, se expidieron cheques por dos millones 785 mil pesos, de acuerdo con la información emitida por el Órgano Superior de Fiscalización, respecto a una auditoría practicada al periodo de gobierno municipal de Delfina Gómez.

También, se exhibió que durante su gestión se aplicaron descuentos a los trabajadores (que sumaron 13 millones en el trienio) dinero que se depositaba a Victoria Anaya, entonces subdirectora de Recursos Humanos. Ella, hoy es su coordinadora de giras.

La morenista justificó que eran pagos para deudas con organismos como Fonacot; sin embargo, dicha dependencia reveló que no tenía convenio con Texcoco en ese trienio.

De acuerdo con el Código penal del Estado de México, dichas acciones podrían ser acreedoras a diversos delitos, como abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito y/o tráfico de influencias.

En el caso de abuso de autoridad señala: “el que en razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho arbitrario o indebido”. Y al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días de multa y la inhabilitación será de dos a ocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Por tráfico de influencias si “el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva, gestione o se preste a la tramitación o resolución lícita o ilícita de negocios públicos de particulares, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión y obtenga por ello un beneficio económico”.

El peculado, explicado en el articulo 140, señala que el servidor público que disponga en beneficio propio o indebidamente para terceros con o sin ánimos de lucro, de dinero, rentas, fondos o calores, o sus rendimientos que tenga confiados en razón de su cargo. Ya sean del Estado, municipios organismos auxiliares o fideicomisos públicos. La pena va de uno a tres años de prisión, así como la inhabilitación por 20 años para un encargo público.

Y en cuanto a Enriquecimiento ilícito, cuando el servidor público que obtenga un lucro evidentemente desproporcionado con la percepción que su empleo, cargo o comisión tenga asignada presupuestariamente, sin demostrar la honesta procedencia de sus bienes.

 

La Razón

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