Desaparición forzada

Si al reportero Moisés Sánchez lo levantaron de su casa el 2 de enero a las 7 de la noche seis policías municipales.

Y si lo secuestraron por órdenes del presidente municipal de Medellín, Omar Cruz Reyes.

Y si el encargado del operativo fue el chofer, escolta y subdirector de la Policía Municipal del alcalde.

Y si lo degollaron la misma noche del 2 de enero.

Y si lo cercenaron “en cachitos”.

Y si luego lo tiraron en la carretera ya de Soledad de Doblado a Paso del Macho, ya en los límites de Medellín con Manlio Fabio Altamirano.

Y si los seis policías que participaron en el levantón consumaron el hecho a cambio de que el escolta del alcalde les garantizara la venta libre de droga en el pueblo.

Entonces, solo entonces, puede hablarse de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, cuyo capítulo ha sido legislado en Veracruz e ingresado en el Código Penal, y que por tanto, el Fiscal de nueve años ha dejado intocable.

Mejor dicho, ha soslayado el delito tal como es.

Es decir, desaparición forzada.

Y desaparición forzada, porque fue cometido por elementos policiacos acatando órdenes del presidente municipal, un chamaco de 28 años de edad, panista, con el primer cargo público en su vida.

Por tanto, estaríamos hablando de que Moisés Sánchez sería víctima del Estado, y por añadidura, la ONU podría recibir y atender y llevar su caso, como en un principio el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México también clamara justicia.

Incluso, el caso serviría para que “el ombudsman nacional, Luis Raúl González, pidiera que el Estado mexicano actualice y homologue las bases de datos sobre desaparición forzada en el país, puesto que cada entidad de la República hace sus cuentas a discreción” (Proceso 1996, Jorge Carrazco Araizaba, por cierto, el comisionado del semanario de don Julio Scherer para seguir las pistas al asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez).

Y es que, bueno, a partir de la confesión de uno de los policías (el gabinete de seguridad duartista lo hizo pasar como expolicía) está claro que los elementos policiacos, encargados de garantizar la seguridad en la vida y en los bienes en el pueblo de Medellín, fueron los autores del secuestro del reportero y editor de La Unión.

22 MIL DESAPARECIDOS

El caso de muchos desaparecidos en similitud de hechos y circunstancias donde se conjuga la desaparición forzada ha llamado la atención de la ONU y otros organismos internacionales.

Cierto, el asunto más grave por ahora son los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero al mismo tiempo, hay otras 22 mil personas sin localizarse de norte a sur y de este a

oeste del país, en muchas de las cuales los malandros en alianza con los cuerpos policiacos están señalados.

Bastaría referir que en Coahuila, por ejemplo, la procuraduría estatal ha aceptado la desaparición de mil 600 personas.

Tan solo el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios presidido por el obispo Raúl Vera, ha documentado 324 casos de 2007 a 2014, en donde están involucrados policías municipales.

En Nuevo León hay documentados mil 275 casos del año 2009 a la fecha, parte de Felipe Calderón y parte de Enrique Peña, y debido a que tienen un organismo con las madres de las víctimas han localizado a unas 107 personas, 60 con vida y 47 muertas.

En Tamaulipas fue creada la Fiscalía Especial para Desaparecidos (una paralela piensa integrar en Veracruz el Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras); pero la Fiscalía ha sido infructuosa, pues “carece de infraestructura, además de que la Policía Ministerial Investigadora fue desmantelada y las indagatorias las efectúan agentes federales; pero sin darles seguimiento” (Proceso 1996, Luciano Campos Garza).

PRISA EN DAR CARPETAZO AL CASO MOISÉS SÁNCHEZ

El asunto de los 22 mil desaparecidos en el territorio nacional, en donde se incluye a Veracruz tan sólo con sus 144 niños en igualdad de circunstancias, ha aflorado en la agenda pública, porque, claro, se entiende, el peñismo se ha centrado en los ayotzinapos, dejando en segundo, tercero, cuarto término al resto de víctimas.

Y más, cuando el asunto de tantos desaparecidos ya significó hasta una marcha por la paz encabezada por el poeta Javier Sicilia partiendo de Morelos hasta Washington, y sin embargo, ninguna respuesta oficial.

Todavía peor si como en el caso de Moisés Sánchez se consideran las circunstancias que llevan a una desaparición forzada.

Peor tantito si se registra que la Fiscalía parece tener prisa por un carpetazo al secuestro y homicidio de Moisés, pues la defensa del alcalde Omar Cruz rechaza que esté involucrado, y más ahora cuando también ha aceptado la defensa del policía (expolicía le llaman) que reveló bajo tortura el eje policías, escolta del edil y el edil mismo.

Por: Luis Velázquez

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