Devuelven a comisión dictamen de reestructuración de deuda

El dictamen de la reestructuración de la deuda por hasta 42 mil millones de pesos, presentado por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado a raíz de la propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue devuelto a la misma y retirado de la orden del día.

Y es que al momento de comenzar la discusión, como parte de la sesión extraordinaria, el diputado Sergio Rodríguez Cortés, presidente de la comisión, tomó la palabra para proponer que se sacara de la lista de asuntos.

Para lo cual la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sáinz, le preguntó a Juan Manuel del Castillo, secretario de la comisión, si estaba de acuerdo con sacarlo, a lo cual respondió afirmativamente, apuntando que se requería mayor análisis a la propuesta.

Con el aval de ambos y tomando como base lo establecido en el Reglamento Interior del Poder Legislativo, Manterola Sáinz resolvió que el dictamen debía retirarse de la orden y regresarlo a la referida comisión.

Cabe recordar que la propuesta autorizaría al Gobierno del Estado, por conducto del titular del Poder Ejecutivo o del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a celebrar uno o varios financiamientos, por la cantidad de 42 mil millones de pesos.

En el mismo se señalaba que la reestructuración de la deuda corresponde a los financiamientos inscritos en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que tienen como deudor obligado al Gobierno del Estado, exceptuando las operaciones de corto plazo que expresamente excluye el artículo 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública.

La renegociación, según se estipulaba, se haría a través de la emisión de valores u obligaciones en el mercado bursátil o de la suscripción de contratos de empréstito con instituciones financieras mexicanas, más los costos y gastos asociados a la reestructura o refinanciamiento.

Se precisaba además que las operaciones de endeudamiento que se lleven a cabo con base en este Decreto serán pagaderas en un plazo máximo de 30 años, contados a partir de la fecha en que se suscriban los contratos, se dispongan de los mismos o se emitan los títulos respectivos, incluyendo los años de gracia para el pago de capital que en cada caso se convenga.

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