Directora de Universidades del Bienestar exhibe a estudiantes en paro y exige entrega de instalaciones

Raquel Sosa, directora general de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, envió un comunicado ayer a la comunidad de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que lleva siete días en paro, en el que difunde el nombre y matrícula de 31 estudiantes a quienes acusa de “mantenerse al interior” de las instalaciones. 

“Demandamos a quienes cerraron de manera violenta las instalaciones de la escuela a que las devuelvan pacíficamente a las autoridades de la sede y del programa ya que no sólo afectan el derecho del resto de los estudiantes a continuar con sus estudios sino que ponen en entredicho los principios fundamentales del Derecho, que son el uso de la razón y la argumentación para dirimir diferencias y otros conflictos y, en su caso, la aplicación de las normas que dicta la ley para que se haga justicia”, dice el documento. 

La Universidad Ponciano Arriaga es uno de los planteles de la principal estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador que consiste en crear 100 universidades públicas en todo el país. 

Sin embargo, este plantel fue uno de los 19 planteles creadas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche desde 2016, mismos que eran administradas como una “asociación civil” y mantenidas con la donación de un porcentaje del salario de diputados y senadores de la agrupación política. 

La Universidad Ponciano Arriaga fue una de las tres universidades que sí obtuvieron el Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE) y se había mantenido a flote los últimos tres años. Pero a raíz de su incorporación en el programa de las 100 nuevas universidades, dicen los alumnos, la calidad fue en detrimento. 

Es por la comunidad inició un paro de labores el pasado 17 de febrero en demanda de certidumbre académica, toda vez que no hay reglamentos vigentes para obtener la titulación, se cambió la currícula sin respetar el diseño previo, ha habido despido de maestros y la escuela no tiene recursos ni para pagar servicio de limpieza. 

Hasta el momento no ha habido diálogo directo entre autoridades y alumnos más que comunicados firmados por Raquel Sosa. En este último, al publicar los nombres y matrículas, la Asamblea General Estudiantil expresó su “inconformidad” por la difusión de datos de la comunidad estudiantil “que no exige nada fuera de la ley sino mayor transparencia”. 

Por tanto, dicen “responsabilizamos directamente a Raquel Sosa y a Verónica Castro (directora del plantel) de toda acción que pueda afectar la esfera jurídica de cualquiera que aparece en la lista difundida. La difusión de dicha lista, lo consideramos como un acto de cobardía, que sólo abona a incitar actos violentos en contra de aquellos que con un profundo ahínco deseamos mejorar la calidad educativa de nuestra universidad”.

 

Las promesas

Una de las principales demandas de la comunidad estudiantil es tener la certeza de titulación a través de mecanismos claros y la seguridad del reconocimiento de sus estudios en esa escuela. 

 

Esto porque en la transición de ser una universidad de Morena a una universidad del Gobierno Federal, los reglamentos del primer modelo dejaron de tener validez, pero tampoco se han establecido nuevos ni ha quedado clara la nueva organización, lo que genera incertidumbre sobre todo entre los jóvenes que llevan más de tres años estudiando ahí. 

La coordinadora del programa de Universidades, Raquel Sosa, respondió a través del comunicado que la generación a punto de egresar podrá titularse “con las modalidades establecidas en el reglamento anterior y la liberación del servicio social y prácticas profesionales que estén pendientes”. 

Sin embargo, esa respuesta es insuficiente para la comunidad estudiantil, toda vez que no resuelve el problema de fondo y “una vez más se reafirma la incapacidad de Raquel Sosa y Verónica Castro para dirigir éste proyecto”.

Aunque la universidad había funcionado con clave de Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE) emitido por la SEP y había mantenido una matrícula de 600 estudiantes en tres turnos, Raquel Sosa acusó prácticas “inadecuadas” en la anterior administración. 

Por ello, la transición ha sido “larga y difícil” con “esfuerzos todavía incompletos por lograr la regularización y superación de deficiencias que se han prolongado y posiblemente complicado por las condiciones en las que se llevó a cabo la incorporación de la escuela al Programa Universidades para el Bienestar”. 

Sin embargo, los estudiantes aseguran que aunque el día que inició la huelga la dirección general informó que ya se encontraba inscrito el plan de estudios en la Dirección General de Profesiones de la SEP, “resulta una contradicción puesto que afirma la existencia de que nuestra institución educativa posee un RVOE y una Clave de Institución Pública por lo que abona aún más en la incertidumbre de legalidad de la validez de estudios”.

La Universidad se comprometió a “dar continuidad al plan de estudios (que fue modificado sin previo aviso), el establecimiento de equivalencias que, de acuerdo con las atribuciones el Organismo de las Universidades puede facilitar procesos de incorporación de estudiantes que han cursado otras licenciaturas”. 

Pero esto no resuelve las demandas estudiantiles puesto que “de las equivalencias, solo podrán ser efectivas siempre y cuando exista una certeza jurídica que avale nuestro plan de estudios”, que hasta el momento, dicen, no se tiene. 

Al reiniciar clases, prometió Raquel Sosa, iniciará un “proceso de evaluación a fondo del funcionamiento de la escuela, con el fin de instaurar procesos académicos de cumplimiento general, basados en el Reglamento Escolar y el Estatuto Académico del Programa, así como superar rezagos que dificulten o impidan la realización legítima de la aspiración a cursar una carrera profesional de calidad a los estudiantes ya inscritos”.

 

 

 

 

Con información de Animal Político

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