El Congreso pone parejo a Javier Duarte

Javier Duarte se va a tragar sus odios. Dejará el discurso de las manzanas podridas, la insidia de los periodistas hampones, la imputación de que son “la expresión de los delincuentes”, la sutil amenaza —“pórtense bien”— que precedió al crimen del reportero Juan Mendoza Delgado.

Javier Duarte le tendrá que bajar. Le dice el Congreso federal que “intensifique las investigaciones”, que aplique la ley, que dé con los culpables, que los lleve a juicio, que sean sancionados los responsables de los asesinatos de periodistas ocurridos durante la pesadilla duartista.

Histórica, la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó en el pleno, este miércoles 15, el punto de acuerdo que urge al gobernador de Veracruz a resolver los crímenes y las desapariciones de los comunicadores.

Angélica de la peña Gómez, senadora del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, presentó el punto de acuerdo, un día antes, el martes 14. En él señalaba casos de periodistas asesinados, el clima de hostilidad, la impunidad y las desafortunadas declaraciones de Javier Duarte, que han servido para tensar aún más la relación con la prensa.

En su proposición con punto de acuerdo, la senadora De la Peña planteaba:

“De acuerdo a estos datos y a los de diversas organizaciones internacionales, México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, siendo el estado de Veracruz la entidad —de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue— más peligrosa para el ejercicio de esta actividad.

“En los cuatro años y siete meses de la actual administración estatal: 12 (13) periodistas han sido asesinados y cinco más se encuentran desaparecidos en el estado de Veracruz.

“De ahí que resulten preocupantes las declaraciones que hiciera el pasado 30 de junio de 2015 en un festejo retrasado por el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador de esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, quien dijo tener conocimiento de que hay colaboradores y trabajadores de los medios de comunicación que tienen vínculos con la delincuencia organizada.

“Señaló además que ‘no hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios’. En más de tres ocasiones reiteró el llamado a los comunicadores para que ‘se porten bien’ porque vienen tiempos difíciles y su gobierno piensa sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas. Afirmó además que lamentablemente algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos de la delincuencia organizada.

“Se trata de una declaración desafortunada y preocupante, en primer lugar por venir del Gobernador del estado, el primer obligado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el estado de derecho en la entidad, y segundo, precisamente por ser Veracruz la entidad con la mayor cantidad de periodistas asesinados y desaparecidos que permanecen en total impunidad.

“Si el Gobernador del Estado tiene conocimiento de éstos hechos, está obligado a proceder conforme la legislación penal que dispone que ‘Toda persona que tiene conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía’ ”.

Un día después, el miércoles 15, lo votó el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo aprobó. Su contenido es un retrato del clima de violencia, incontenible, contra la prensa veracruzana, de la impunidad, el perfil de un gobernador desentendido de su responsabilidad social.

“Veracruz es la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo”, según estudio elaborado por la organización defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19, refiere la información que emitió el Congreso federal.

Urge al gobierno de Veracruz a que “intensifique las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad”.

A fin de garantizar las condiciones de libre expresión de las ideas en Veracruz, el Congreso federal solicita fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

Hay cifras contundentes. Dice el dictamen de la Comisión Permanente que el 48 por ciento de las agresiones contra periodistas son cometidas por algún funcionario público; el crimen organizado está detrás del 8 por ciento.

En el país, Artículo 19 documentó 326 ataques contra la prensa, en 2014. Hubo 143 casos de violencia material, 45 detenciones arbitrarias, 53 casos de intimidación, 44 casos de amenazas y 12 ataques directos contra portales informativos en internet.

Cita el dictamen que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) cataloga a México como uno de los países con mayor número de casos de asesinatos de periodistas no resueltos. Lleva a México a ocupar el séptimo lugar a nivel mundial en índice de impunidad en asesinatos de comunicadores, sólo por debajo de Afganistán, Siria, Sri Lanka, Filipinas, Somalia e Irak.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, México encabeza la lista de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo con al menos 82 periodistas asesinados entre 2000 y 2014, a los que se suman Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña y Juan Mendoza Delgado, los tres veracruzanos, así como comunicadores de Oaxaca y Tabasco, todos en 2015.

Otro dato: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, registra un rezago de 83 por ciento en las investigaciones de atentados contra la prensa. Las cinco entidades con más agresiones en el país son: Veracruz en primerísimo lugar, DF, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca.

Contundente, el punto de acuerdo de la senadora Angélica de la Peña fue reforzado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Danner González Rodríguez, quien señaló: “estamos pidiendo que se aclare a la brevedad los homicidios y desapariciones de periodistas veracruzanos, así como un mínimo de garantías para la libre expresión de las ideas en esa entidad”.

Javier Duarte es un caso clínico. Ha llevado a Veracruz a una estadística mundial de muerte. Nada como Veracruz en crímenes de periodistas a nivel latinoamericano. Reina la impunidad.

Se recuerda con pesar a Milo Vela, a Regina Martínez, a Gregorio Jiménez de la Cruz, a Moisés Sánchez Cerezo, a Gabriel Huge, a Yolanda Ordaz, a Noel López Olguín, a Marco Antonio Báez Chino, a Misael Sánchez Solana, a Armando Saldaña, a Juan Mendoza Delgado, a Guillermo Luna Varela, a Esteban Rodríguez.

Ningún caso se ha resuelto. Pasan los años, sigue el carnaval duartista, un vodevil hecho gobierno donde los ladrones le roban a los ladrones, donde un gobernador que no tiene idea de qué hacer con Veracruz, se suelta el pelo, amedrenta, amenaza, categoriza a periodistas como hampones, como manzanas podridas, como voceros de los criminales y los insta a “portarse bien”. ¿Y él, cuándo se va a portar bien?

Resonaban sus palabras cuando cayó el periodista número 13. Juan Mendoza desapareció, lo hallaron sin vida en un Semefo, supuestamente atropellado, con una venda en la frente, o sea herido, atendido y después muerto. “Pórtense bien”, había dicho Javier Duarte. Y le quitaron la vida a uno más.

Pone en su lugar al gobernador de Veracruz. Le imputa responsabilidad. No investiga, no aclara, no halla a los responsables de los crímenes de los periodistas. Lo urge a que asuma su papel: que investigue y que haga valer la ley.

Qué vergonzoso: el Congreso puso en su lugar a Javier Duarte.

(Con información de mussiocardenas.com)

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