El desafuero de García Cabeza de Vaca es inatacable

Por José Lima Cobos*

El hecho de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, se atrinchere en la casa de gobierno de ese estado para evitar su detención, solo lleva a confirmar que está hasta las manitas involucrado en los delitos de los que es acusado por la Fiscalía General de la República, como de defraudación fiscal, delincuencia organizada o uso de recursos de procedencia ilícita, y su temor fundado es que los últimos días de su mandato los pasará en prisión; sin embargo, para prestarse al escándalo y presumir que tiene vergüenza, se niega a dar la cara y con dignidad enfrentar los delitos de los que es acusado, total, al final de la jornada se sabrá hasta dónde llega su grado de complicidad y si quiere acogerse a los beneficios de oportunidad tendrá que aportar pruebas fehacientes para acreditar para quién trabaja en contra de la nación.

Es cierto que el nuevo código de procedimientos penales es garantista tanto de la víctima como del victimario en cuanto a la legalidad de la detención, la presunción de inocencia y el debido proceso, lo que se cumplió en el caso del presunto delincuente gubernamental. Tan es así que, al gozar del fuero constitucional que le otorga la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos por el encargo que tiene, se inició un juicio de procedencia con acceso al expediente para su defensa, pero ahora quiere hacer un escándalo y no aceptar que es ya un delincuente de alto coturno, no común por la cantidad de bienes que poseen él y su familia, que tiene su origen en la corrupción e impunidad que ha vivido este país por décadas y que ahora está llegando a su fin, pero aclarando que se acentuó más cuando el Partido Acción Nacional, con el pretexto de la alternancia, llevó a Vicente Fox a la presidencia, por aquello de que los empresarios son buenos para los negocios, pero para su provecho.

Fue tanta la corrupción en ese gobierno que, después del fraude electoral del 2006, que el propio Fox confesó que consumó para que llegara el presidente “Borolas”, Felipe Calderón Hinojosa, durante su mandato reformó el artículo 127 constitucional para que nadie ganara más que el presidente de la República, pues jueces, magistrados, ministros, organismos autónomos y demás rufianes establecieron una burocracia dorada en régimen de derroche descomunal, que todos los impuestos se iban en sueldos, viajes, canonjías y la adquisición de un avión presidencial que no puede venderse, es decir, era la época del atraco y saqueo de los recursos públicos que aún prevalece porque nadie quiere atacar la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, y obviamente los amparos están a la orden del día, de tal manera que el ministro Pérez Dayan que juez y parte por estar enrolado en esos que haceres, se concedió una suspensión, violando la prohibición que está en la ley reglamentaria que prohíbe que se concedan suspensiones en leyes que expida el congreso, hasta en tanto no se resuelva por la Suprema Corte de Justicia su inconstitucionalidad, barbaridad que está vigente e impune.

En resumidas cuentas, la orden de aprehensión dictada por el juez de control, donde están involucradas seis personas más, es constitucionalmente válida, tanto para el gobernador como para los demás involucrados, pero se quiere hacer parecer que se pretende cometer una injusticia porque el ministro González Alcántara, a quien se le turnó la controversia constitucional y la desechó por ser improcedente, pero de manera simplista expresa que ese gobernador sigue con fuero porque el congreso local no actuó en consecuencia al no separarlo del cargo, cuando la decisión de la cámara de diputados es inatacable y no admite ningún recurso, solo que se manipula para hacer parecer que se pretende cometer una arbitrariedad, luego entonces, usando el poder que ejerce el estado de Tamaulipas en cuanto a su autonomía interna, se propicia un pretendido conflicto para que se aplique la fuerza del Estado mexicano, en lo que ni duda cabe, no caerá el gobierno federal y menos la fiscalía, por lo que podrá seguir atrincherado en su bunker, con tanquetas y demás armas de alta velocidad, por si se diera un asalto, de manera que, si ya tiene un amparo, que se presenta a declarar y la fiesta se lleva en paz. Sin embargo, conociendo que los delitos son graves, no tendrá salvación, así es que será la víctima de una montada farsa.

Al determinar la cámara de diputados el 30 de abril que ha lugar a desaforar al gobernador, lo única que tenía que hacer la cámara de diputados local, en observancia a la disposición constitucional, actuar en consecuencia nombrando un gobernador sustituto y, al no hacerlo, se da un desacato a una disposición que es inmodificable, con todas las interpretaciones que a conveniencia se le pretenda dar y, más que nada, que se le quiera hacer parecer como ataque a la soberanía de ese estado, que no la tienen en el sentido estricto de su interpretación, pues la soberanía reside en la cámara de diputados y soberanamente terminó el desafuero.

Por más que un juez federal haya concedido un amparo y dictado una suspensión provisional para que no se le detenga, tendrá que depositar una fianza para que la suspensión surta efectos, lo que sin duda ya se hizo, eso habla de que se vive en un régimen democrático y de derecho, pues de otra suerte y en otros tiempos, ya se hubiera detenido por las greñas al exgobernador desaforado, esto es, estaría en Almoloya, pero con paciencia se llegará ese momento, más temprano que tarde, y se tendrá que seguir el proceso para llegar al fondo de esta crisis, sentado el precedente que nadie debe estar por encima de la ley y que la corrupción e impunidad no vuelva al terreno en el Estado mexicano.

Para quienes nos leen, esta expresión del artículo 111 constitucional no deja lugar a interpretación, “si la cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que se actúe con arreglo a la ley”, en tanto, cuando se trate del presidente de la República, “solo habrá lugar a acusarlo ante la cámara de senadores en los términos del artículo 110”, y en cuanto a cualquier otro desaforado, el efecto de la declaración “ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto está sujeto a proceso penal”. En síntesis, con dignidad delincuencial, el fugitivo exgobernador debió, con humildad republicana, dejar el cargo y ponerse a disposición de la autoridad y no hacerla de pleito ranchero, como lo está haciendo. Esto es, víctima o linchamiento cuando su familia y 25 empresas en las que tiene negocios están involucrados, pues sus cuentas están congeladas.

No hay duda que el delincuente, confesó Lozoya –así lo calificó García Cabeza de Vaca ante el presidente, por lo que acusa de recibir sobornos de Odebrecht, así como setenta personas más–, está haciendo su tarea y aceptando su responsabilidad, por lo mismo se acoge a los principios que se prevé en la ley, como es el criterio de oportunidad, que es el mismo que en su caso debería acogerse ese otro bandido del sistema político mexicano y no querer aparecer con la doble cara de los clásicos cínicos de conservadurismo.

limacobos@hotmail.com

Twitter: @limacobos1

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