El levantón del ex alcalde y otros crímenes

“El patrón quiere hablar contigo”. Escuchó la voz. Se resistió. Entonces no habló la razón; habló la violencia. Sintió la mano agresiva, un cachazo en la cabeza y de ahí, la entrega total.

Disfrutaba ese día, domingo 28, Jorge Luis Pérez León, con él su esposa, en playa Palmitas, un balneario de Agua Dulce, el municipio que hace años gobernó.

Se hallaba en una palapa. Eran cerca de las 4 de la tarde. Conversaba sin avizorar lo que habría de venir, la irrupción de un grupo armado que en cuestión de minutos cambiaría su vida.

“Vámonos que el patrón quiere hablar contigo”, refieren los testigos que dijo uno de los sicarios. Y Pérez León fue sometido.

Se escuchó la descarga de un arma, los gritos de los maleantes. Se advirtió el pánico de la gente corriendo hacia donde fuera, temerosa que una bala perdida los fuera a alcanzar.

A la esposa de Pérez León le exigieron que entregara las llaves de la camioneta que se hallaba a unos metros, afuera del restaurant.

Nada se sabe del ex edil. Es una víctima más de la violencia sin control que agobia a Veracruz, que provoca el caos en que viven los veracruzanos, robada su tranquilidad y sumidos en el miedo.

Jorge Luis Pérez León fue alcalde por el Partido de la Revolución Democrática, en los días en que el PRD era invencible, detentaba el liderazgo político y el sur de Veracruz era su bastión.

Nada lo inquietaba. Concluyó su administración y ahí siguió, sin advertir que un día, cuando comía plácidamente en compañía de su esposa, los hijos de la violencia se lo habrían de llevar.

Quería hablar el patrón y lo llevaron con él. Pérez León se resistía. Sufrió la agresión, lo sometieron y nada se volvió a saber.

Cimbra su caso las estructuras de la clase política. Queda muestra que los políticos son incapaces de cuidarse y cuidar a los suyos, vulnerables ante el crimen organizado al que dejaron pasar y sobre el que perdieron el control.

Otro caso evidencia que la clase política sigue arrodillada e inerme, sin capacidad de reacción. Es el de Jacqueline Rangel Cardoza, esposa del ex regidor del ayuntamiento de Minatitlán y actual director del Instituto Consorcio Clavijero, Ricardo Orozco Alor.

Plagiada el 20 de mayo, cuando acaba de dejar a sus hijos en la escuela, Jacqueline Rangel no aparece. Dos vehículos interceptaron el auto en que viajaba. La sometieron y se la llevaron con rumbo desconocido.

Pretendían el secretario de Educación de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, y su ahijado político, Ricardo Orozco, callar a los medios, que no se supiera del secuestro, que los portales informativos bajaran sus notas, que nadie hablara porque la vida de ella pendía de un hilo… supuestamente.

Más allá de sus motivaciones, el levantón de Jacqueline Rangel evidenció que los políticos no cuidan a sus esposas ni a sus hijos, incapaces de contener la violencia, a las bandas delictivas, el secuestro y el crimen.

No cuidan a los veracruzanos como no saben cuidarse a sí mismos. Salvo el gobernador Javier Duarte y la pandilla duartista, que viven rodeados de guaruras que paga el estado, el aparato policíaco a su servicio, inmersos en la burbuja del poder, y la clase pudiente, el empresariado y los líderes sindicales que pagan su protección, la sociedad vive en la zozobra y la inseguridad.

Prolifera la violencia. Hay rasgos de feminicidios en el Santuario de las Garzas, en Xalapa. Ahí fue hallado el cuerpo de una mujer, el lunes 22. Tenía entre 50 y 55 años de edad.

No es el único caso. Son siete asesinatos, perpetrados en dicho lugar de 2010 a la fecha, que por negligencia del ayuntamiento de Xalapa, presenta visos de olvido, refugio de malvivientes, donde prolifera el robo.

Mala mezcla la del delincuente que agrede y mata y la policía pasiva que los deja actuar. Y si no los controla, es cómplice por omisión.

Se arman las poblaciones ante el avance de las bandas delictivas, constituyendo guardias bancas, grupos de autodefensa, policías comunitarias que así sea con piedras y palos, machetes y armas rudimentarias, enfrentan a quienes amenazan su tranquilidad.

Nogales vivió otra expresión de rencor. Sábado 27. Ocurre un secuestro. Se produce un enfrentamiento entre delincuentes y militares. En el vehículo de los plagiarios, hallados dos cuerpos. Eran dos ciudadanos. Ambos fueron ejecutados.

Quisieron huir en otro automóvil. Se dirigieron a la carretera a Pico de Orizaba y ahí los interceptó la población y los detuvo.

A la acción delictiva, sobrevino la quema de dos patrullas. Argumentaban la pasividad de la policía, que el gobierno de Veracruz no actúa contra la violencia, que la policía es cómplice de los secuestradores.

Llegan hasta los hogares y se llevan a las mujeres y los niños. ¿Y la policía? Pasiva, complaciente,

Tiene el agua al cuello el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y no se inmuta. No es el pueblo quien quemó las patrullas, dice el “general” egresado de la Escuela Bancaria y Comercial.. Fue la delincuencia organizada, agrega.

“Ya está la denuncia respectiva por daños, ya estamos en coordinación con los alcaldes y por supuesto con el Ejército y Marina, Policía Federal y nosotros, restituyendo la paz social; lo que sucedió fue un hecho de delincuencia y los habitantes de la zona bloquearon para su propia protección, y ya estamos en contacto con ellos”, dice Bermúdez.

Sostiene el “general” que no es la población de Nogales, Maltrata y Mariano Escobedo la que quemó las patrullas. Acusa al crimen organizado, que es como acusar a nadie, pues no evita que actúen, que secuestren gente, que asesinen. Es el crimen organizado con el que no ha podido el régimen duartista.

De las cinco personas levantadas en Coatzacoalcos nada se sabe. Entre el 11 y el 16 de mayo se los llevaron. Fueron por ellos a sus casas o los interceptaron en la calle. Dicen sus familiares que fue la Fuerza Civil, que los torturaron y no regresaron.

Exigen justicia sus parientes. Toman calles, bloquean carreteras, denuncian a la policía de élite del gobierno duartista.

Son delincuentes, responde Bermúdez, en su afán por criminalizar. Son delincuentes los padres y los hermanos y los amigos, según el secretario de Seguridad.

5 de junio. Ocho jóvenes universitarios son agredidos brutalmente mientras celebran el cumpleaños de uno de ellos, en un domicilio de la calle Herón Proal, en Xalapa. Irrumpe un comando que porta armas largas, palos con clavos, machetes, bates de beisbol, bastones eléctricos. Actúan como grupo parapolicíaco. Golpean sin afán de matar. Amenazan con violencia verbal, intimidando.

Sale en su defensa la comunidad universitaria. “Si tocan a uno, tocan a todos”, repiten en las calles de la capital veracruzana. Presionan a la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, que exhibe una tibieza que insulta, que agravia, que la evidencia como una lacaya del gobernador, cómoda, en el disfrute de las mieles de su rectoría, en su cachito de la “plenitud del pinche poder”.

Se cumple el día 25 de la agresión. No hay un solo detenido. Acusaron desde un principio que era una represalia del engendro duartista contra los grupos que increpan, para sembrar miedo, para atarlos de manos, para someter a los integrantes de la “lista negra” del “general” Bermúdez, estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes políticos. Todos deben saber que el régimen mata.

Es la violencia de nunca acabar. Es el Veracruz que no tiene remedio. Levantan ciudadanos, queman patrullas, acusan a la Fuerza Civil de tortura y desaparición forzada y el estado no se inmuta.

Es el Veracruz donde la violencia tiene dos motores: el crimen organizado y el aparato policíaco. Separados son temibles; juntos son letales.

Y en medio, el pueblo. A expensas del rencor.

(Con información de mussiocardenas.com)

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