Elecciones bajo fuego

La democracia en México se tiñe de sangre. El Estado no quiere reconocer que en algunos estados de la República no hay condiciones para que los ciudadanos emitan libremente su voto.

La narcopolítica está dando sus frutos. Primero, eligiendo e imponiendo a candidatos y luego ejecutando a quienes no se someten a su poder corruptor.

¿Hay condiciones para tener elecciones en Michoacán, Guerrero o Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Oaxaca o Jalisco? En todos estos estados se han registrado hechos de violencia generados por los poderosos cárteles de la droga. En algunos municipios la situación de inseguridad es tan grave, que algunos ciudadanos han externado su temor de acudir a las urnas, mientras otros incluso hablan de la necesidad de ir a votar el próximo 7 de junio con chaleco antibalas y casco debido a las balaceras y narcobloqueos en las calles.

Por lo pronto, los capos de la droga hacen una terrible criba ejecutando a quienes no son de su agrado. Los últimos fueron Héctor López Cruz en Tabasco y Enrique Hernández en Michoacán.

López Cruz, candidato priista a noveno regidor de Huimanguillo, Tabasco, fue ejecutado a las puertas de su domicilio, en Mecatepec y su hermano resultó herido; mientras Hernández, candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Yurécuaro, Michoacán, fue asesinado a tiros desde un auto en movimiento, a la mitad de un mitin.

Con este escenario la pregunta es reiterativa: ¿Existen condiciones para celebrar elecciones en esos lugar donde han asesinados candidatos independientemente del partido que representan?

No son los únicos. Ulises Fabián Quiroz candidato para la alcaldía de Chilapa, Guerrero, por la coalición PRI-PVEM también fue asesinado. También y la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, Aidé Nava González, quien fue hallada muerta en el camino de Tecoanapa, rumbo a Chilpancingo, luego de haber sido secuestrada por varios hombres armados cuando iba de Chilapa hacia la Montaña baja.

Un recuento elaborado por SinEmbargo indicaba hace dos años que desde 2006 habían sido amenazados, heridos por agresiones o asesinados casi 80 candidatos a puestos de elección popular o aspirantes a serlo o bien personas directamente relacionadas con ellos.

Lamentablemente los asesinatos contra candidatos no es nuevo, recordemos como fue ejecutado el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, luego sustituido por su hermano Egidio, actual gobernador priista de ese narcoestado.

Los asesinatos de candidatos condicionan las próximas elecciones. Nadie en su sano juicio consideraría que estos procesos electorales se desarrollan en libertad.

Además de las ejecuciones a plena luz del día, en la calle, plazas o sus propias viviendas, algunos candidatos populares han sido amenazados de muerte y otros más secuestrados.

El miedo no es un buen compañero electoral. Candidatos y electores se sienten temerosos, algo que no es sano en una verdadera democracia.

A la violencia se unen las campañas sucias de un partido contra otro; o bien contra candidatos independientes que están consiguiendo de manera inédita el respaldo popular.

El nivel de virulencia observado en spots o campañas mediáticas pagadas para desprestigiar a los favoritos en los comicios, habla de otros elementos que están empañando la contienda.

¿Y el INE que está haciendo? Poco o nada. Tenemos el instituto electoral más caro del mundo que no aún no es capaz de ofrecer certeza a los ciudadanos sobre los procesos y resultados electorales. Los excesos cometidos por el Partido Verde con total impunidad frente a la mirada cómplice de Lorenzo Córdova nos demuestran que estas elecciones también estarán marcadas por los intereses del partido gobernante.

El INE sabe que este tipo de hechos violentan intimidan no solo a los candidatos o aspirantes a serlo, sino a la ciudadanía en general y así, sencillamente no se puede votar.

Es urgente que el INE y los gobiernos estatales diseñen un plan de seguridad electoral. Necesario será también acuartelar a los policías en aquellos lugares donde se celebren elecciones y solicitar que el Ejército, la Marina y la Policía Federal patrullen las calles.

El daño a la democracia ya está hecho. Perder la vida por ser candidato habla del fracaso del Estado para otorgar seguridad y certidumbre a los ciudadanos a fin de acudir a las urnas.

La fiesta de la democracia, esta vez, se está tiñendo de sangre. Un mal augurio.

(Con información de Sin Embargo/ Por: Sanjuana Martínez)

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