Entre dimes y diretes… el juicio contra los actores políticos del pasado, va

Sobre la mesa

Por Laura Cevallos

Estamos a escasas dos semanas de que se celebre en México, por primera vez (increíble pero cierto), una consulta al pueblo sobre asuntos que son de interés social, a pesar de que es un derecho de los que componen la colección de los denominados “político-ciudadanos”.

Resulta que teníamos un montón de derechos más allá del que nos dijeron, o sea el de votar y ser votado y que se simulaba que ejercía la ciudadanía cada tres o seis años, según fuera requerido, para hacer parecer ante el mundo, que éramos el país democrático que elegía a sus gobernantes, a partir de que nos deshicimos del yugo monárquico español, hace doscientos años, aun cuando hubo periodos de imperialismo y de intentos de que hubiera monarcas en nuestro país; unas veces, se pudo hacer valer la voz del pueblo, aunque en la mayoría, los gobernantes salían del dedazo de su predecesor.

Ésto, totalmente opuesto a la legitimidad, permitía a los presidentes, gobernadores, ediles y demás funcionarios, que no existiera entre ellos y el pueblo un lazo de respeto y de obediencia a quien es, a fin de cuentas, el soberano, y por ende, todas las tropelías, corruptelas y demás vicios del poder fueron la carta de presentación que selló cada sexenio.

En un recuento somero podemos recordar con añoranza a los bien pocos gobernantes que se comportaron de manera digna y apegados a la Constitución y sus lineamientos. Del resto, quisiéramos olvidarnos. Pero es justamente esa apuesta a la desmemoria la que ha sido causa inequívoca de nuestro sino y cada sexenio, los saqueos esquizofrénicos motivaron la comisión de crímenes de peores consecuencias. Empezaron con una que otra represión y uno que otro desvío y hoy, esa montaña es inexpugnable.

En un ejercicio de justa memoria histórica, un par de jóvenes: Omar García y Ariadna Bahena, se arrogaron la encomienda de encender la luz en este desván de atrocidades amontonadas que nos dolían, pero que quizá no sabíamos canalizar por los medios legales a nuestro alcance. Y muchos dirán ¿de qué memoria histórica estamos hablando? La respuesta es: cada acto que vulneró la paz y la tranquilidad del pueblo mexicano, cada hecho que arrancó a una persona de su hogar; cada persona que no tuvo acceso a un hospital o a medicinas, o que debió abandonar la escuela por falta de recursos. Cada peso que se pagó por el desmantelamiento de la estructura económica de México desde 1988, de los bancos y los ferrocarriles; la chatarrización de las refinerías de Pemex para venderlas a precio de ganga; la pérdida de Mexicana de Aviación o la aniquilación de Luz y Fuerza del Centro…

Esa necesaria reparación del daño a las víctimas de las atrocidades debe ser empujadas para que quienes tengan la encomienda de iniciar las investigaciones o dar curso a las denuncias, puedan hacerlo con el respaldo que da la participación mínima del 40% de ciudadanos que darán su aval efectivo a fiscales o jueces.

Dicen algunos que la ley no se consulta, pero es evidente que sí debe hacerse, si lo que buscamos es trascender a un país donde el ciudadano tenga el papel que merece, de soberano. Una ley o una política que deba aplicarse en contra de la lógica o las necesidades del pueblo, no sería útil, aun cuando se discuta, apruebe y publique por las vías constitucionalmente señaladas. ¿Es acaso más justa una ley que aprueba un máximo de 628 congresistas, que la que se somete a consideración de 93 millones de ciudadanos? Y es que, entre otras cosas producen, con sus impuestos, la riqueza con que llevan a cabo todas y cada una de las tareas de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sus diferentes esferas y niveles.

Un pueblo que participa activamente no se equivoca. La consulta que viene, dice: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Si la desmenuzamos, podemos darnos cuenta que, a pesar del galimatías rebuscado en la redacción, la pregunta nos ofrece la ventaja de que esta consulta se dirija a esclarecer todos y cada uno de los hechos del pasado: saqueos, corruptelas, masacres, represiones, desvíos, negocios turbios, contubernios, desapariciones, muertes negligentes, infundios… y que en la exigencia de justicia caben no sólo los expresidentes, en tanto titulares de los gobiernos que encabezaron, sino además, de los responsables directos de la comisión, omisión o encubrimiento de todas esas “decisiones políticas” que tenemos perfectamente documentadas.

Por último, la pregunta se refiere con algo de desdén sobre las personas que directa o indirectamente padecieron estos actos, como si disminuyendo su calidad de víctimas, redujera el dolor o el miedo resultante de semejantes acciones. Sin embargo, una vez hayan iniciado los juicios respectivos, se reivindicará esa calidad y merecerán no solo el perdón que deba pedirles el Estado, aun y cuando no sea el régimen que causó su dolor. Lo que sí podremos ver con satisfacción será el señalamiento público de que esos actores serán imputados y responsabilizados de cada atrocidad realizada contra México y los mexicanos.

A pesar del eufemismo que el INE está imprimiendo en esta consulta, prohibiendo primero que los partidos políticos, los medios en general hablaran de la consulta y ahora, impone una veda en la que también prohíbe que alguien distinto al propio Instituto haga publicidad sobre los motivos del juicio y parece molestarle que le llamemos “juicio a expresidentes”, con todo y eso, este próximo 1° de agosto, salgamos a emitir un sí para expresar nuestra inconformidad con la impunidad.

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