ESTÁN ACALAMBRADOS!

La sorpresiva reunión en la SEV

Héctor Moctezuma, que escribe la columna “Circuito Cerrado” en el diario Milenio, publicó el martes pasado 31 de marzo un comentario un tanto desconcertante:

“La noche de ayer, en Xalapa, la capital del Estado de Veracruz, hubo una gran movilización policíaca. Se trató de un operativo de la Procuraduría General de la República para aprehender a más de una veintena de ex funcionarios y funcionarios de la actual administración acusados de actos de corrupción”. Dijo que se trataba de personajes políticos ligados al sexenio pasado y al actual.

Hasta ahora, que se sepa, no se ha producido ningún arresto, a menos que, en efecto, hayan apañado a algunos y no haya trascendido por los días santos, o porque se hubieran movilizado desde el Gobierno del Estado para parar algún operativo o para liberar a algún detenido si es que lo hubiera habido. ¿De dónde salió el comentario?

Por su parte, el sábado 4 de abril, Enrique Calderón Alzati publicó un artículo en La Jornada cuyo título resume de lo que trata: “Veracruz: ineptitud y corrupción”. El trabajo está bien documentado y remata diciendo que hay impunidad porque se protege a exfuncionarios, algunos ahora candidatos a diputados federales, que hicieron malos manejos de recursos públicos.

De entrada cabe señalar que la administración estatal continúa huérfana en su cabildeo con la prensa del Distrito Federal, pues dos golpes casi seguidos en una misma semana en dos importantes e influyentes diarios capitalinos no es poca cosa. ¿Quién hace algo al respecto?

¿Es que Moctezuma sabía que iba a haber un operativo para materializar las 21 denuncias que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionaros y exfuncionarios por desvío de recursos o peculado cometidos en el sexenio pasado y en los años 2011, 2012 y 2013?

Hasta ahora, el único que ha sido detenido, aunque lo estuvo por sólo unas horas en 2013, fue Manuel Barclay Galindo, a quien como director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda (Invivienda) lo acusaron de peculado por unas viviendas que no se acabaron de construir en su totalidad en el municipio de La Antigua.

Un día sorpresivamente llegaron agentes federales a su oficina y lo sacaron esposado. El Gobierno estatal envió rápidamente abogados a defenderlo, pero no fue sino un amigo experto auditor que explicó y convenció a sus captores que él no era responsable, contó lo que realmente había sucedido y lo soltaron, pero aún continúa sometido a juicio.

Lo que sucedió fue que por esos arranques de Fidel Herrera Beltrán de querer entregar obras aunque no estuvieran total- mente concluidas, le ordenó que lo hiciera con las casas y que unas letrinas que tenían que llevar se las diera a los beneficiados para que ellos las instalaran después, lo que no hicieron, de tal suerte que cuando vino la inspección federal notó la anomalía.

Pero el hecho, que muy pocos conocieron, habla que la Federación tiene detectadas las anomalías cometidas en el sexenio anterior y que puede actuar en cualquier momento, por eso a lo que publicó Héctor Moctezuma en Milenio habría que darle el beneficio de la duda, además porque no es ningún secreto el desbarajuste económico y financiero que se viene arrastrando y que existen denuncias de la ASF ante la PGR por ese hecho.

¿Es que habría la intención por parte del Gobierno Federal de detener a todos los responsables del mal uso de recursos públicos para dar un golpe mediático de buena imagen y tratar de ayudar de esa forma a los candidatos del PRI que por ahora arrastran encima la carga de la desconfianza ciudadana y tienen el cielo muy nublado en plena primavera?

(Ayer la revista Proceso publicó que el PRI teme perder la mayoría absoluta, que está preocupado, que aun con la ayuda del PVEM perderá 170 de los 300 distritos de acuerdo con documentos internos de la dirigencia nacional, en parte por la mala imagen de Enrique Peña Nieto, y que ya no apuesta a sumar votos sino a dividirlos entre sus oponentes, como se ha hecho y se está haciendo en Veracruz, este último comentario añadido mío.)

Pero el martes 31 de marzo, en plena Semana Santa y en periodo oficial de vacaciones, lo que sí hubo en Xalapa fue una sorpresiva reunión en el edificio de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) encabezada por el Contralor General del Estado, Ricardo “¡Hay Nanitas!” García Guzmán y a la que fueron llamados el extitular de la dependencia Víctor Arredondo Álvarez, el exoficial mayor Édgar Spinoso Carrera, ahora candidato a diputado federal del PVEM por el distrito de Martínez de la Torre, y José Antonio “El Negro” Ojeda Rodríguez, exdirector General de Recursos Humanos y ahora al frente de la Unidad de Planeación. Personal de confianza asegura que también entró Gabriel Deantes Ramos, también exoficial mayor y ahora secretario del Trabajo, entre otros. La reunión comenzó a las diez de la mañana y eran las siete de la noche y no concluía.

No obstante el sigilo, porque las palabras se filtraban hacia afuera por los resquicios de las puertas o cualquier abertura que hubiera, pronto se supo que había “algo grueso”, que por eso los habían citado inusitadamente. Y así era. García Guzmán los convocó para notificarles que están en serios problemas con la justicia federal debido a ¡2,000 mil millones de pesos! de recursos federales que no aparecen y que les fueron entregados durante su gestión.

El faltante es producto del gran desbarajuste administrativo financiero con el que se manejaron los recursos federales del ramo educativo, ya que al igual que en la Secretaría de Finanzas y Planeación, el dinero para diversos programas lo metían a una licuadora (la de la Sefiplan es de 12 velocidades y gira a izquierda y derecha, mientras que la de la SEV es de sólo 7 velocidades y gira sólo hacia la derecha) y lo repartían a discreción pero no para lo que lo que venía etiquetado.

Esos 2,000 millones ya no hay forma de solventarlos o comprobarlos. Se tienen que devolver so pena de ir a prisión. En el caso de Arredondo no se sabe si lo acusan por desvío de recursos o por peculado, que si es el primer caso lo peor que le ocurrirá es que lo inhabiliten para ocupar cargo público alguno, pero si se trata de lo segundo, entonces deberá devolver junto con los demás implicados la suma más dos tantos más, o sea 6,000 millones si no quiere que lo detengan.

El que no la libra es Spinoso, aunque también por las mismas andaría Deantes e incluso funcionarios de la SEV que los sucedieron porque sabiendo de la anómala situación guardaron silencio, por lo que les resulta responsabilidad por omisión (el actual oficial mayor Vicente Benítez no recibió de conformidad el área y consignó en actas todas las anomalías que encontró y lo puso en conocimiento de la Contraloría). Va a ser, o ya es, un verdadero salpicadero. ¿Y Ojeda? Lo implican por el manejo de plazas, por el pago a personal “comisionado” que nunca ha trabajado en la dependencia. Resulta que hay más comisionados, ¡5 mil!, que trabajadores efectivos que sí se presentan a trabajar en la SEV.

Eso motivó a que desde ese mismo martes se iniciara lo que ningún gobierno anterior se atrevió a hacer: que pidieran la renuncia voluntaria a los 5 mil “comisionados” (profesionistas, funcionarios, periodistas, profesores, mujeres políticas y un largo etcétera). No quedará ninguno, aunque de inmediato se generaron pro- testas: hubo quienes amenazaron con demandar y otros que exigieron su pensión o jubilación por cobrar sin hacer nada. La res- puesta fue terminante: o renuncias por la buena o te denuncio y tendrás que devolver todo lo que has cobrado por nunca presentarte a trabajar ni hacer nada. En esas están.

Un hecho es más que evidente: están apretando desde el Gobierno Federal y el gobierno del sexenio anterior no se salva. ¿Cuántos andarán ya con amparos en la bolsa?

(Con información de Notiver)

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