Esto no acaba, seremos la sombra de Peña Nieto: padres; Ayotzinapa se va a la ONU

Familiares de los normalistas desaparecidos, su defensa y los normalistas de Ayotzinapa, representados por el secretario de su Comité Estudiantil, rechazaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, declaró la tarde de ayer que había elementos suficientes para concluir que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Por el contrario, para los padres de los jóvenes el caso aún dista de estar resuelto, pues señalaron que existen varios elementos que todavía no se han aclarado en la investigación y no hay certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados como sostiene la PGR.

Unas horas después de que el Procurador Murillo Karam informara a los medios su conclusión del caso -incumpliendo con ello el acuerdo que el gobierno había hecho a los familiares de que ellos serían los primeros en enterarse-, el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que repudiaban la forma en que el Procurador pretende cerrar “de manera descarada” la investigación por los hechos del 26 y 27 de septiembre pasados, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue atacado por policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Del ataque resultaron muertas seis personas, tres de ellas estudiantes, y 43 normalistas fueron desaparecidos forzadamente por los policías.

“No vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones”, advirtió el representante de los familiares, para luego manifestar que mantendrán su lucha pacífica hasta que les demuestren científicamente que los normalistas desaparecidos fueron asesinados, como sostiene la PGR.

“No vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia vamos a seguir en la lucha”, expresó de la Cruz en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez, ante un auditorio repleto de medios de comunicación.

Asimismo acusó que la declaración de Murillo Karam “violentó” el acuerdo hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto con los padres de familia, conforme al cual se determinó que la información sobre el caso tenía que notificárseles a ellos primero. Sin embargo, eso no ocurrió ayer, dijo.

El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró que hay una intencionalidad política por parte del Gobierno federal para cerrar el caso a “toda prisa” y dejarlo impune. Ante ello, informó que llevarán el caso ante la justicia internacional.

“Nosotros estamos viendo claramente que este caso empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, por eso desde hoy lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional y de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá.

“[Las investigaciones] tendrán que ser revisadas por organismos de derechos humanos tanto del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque aquí se perfila nuestro caso porque el gobierno siembra impunidad”, manifestó.

10 RAZONES PARA NO CERRAR EL CASO

El abogado Rosales reiteró que la investigación no es concluyente porque aún tiene puntos fundamentales que no han sido esclarecidos, de los cuales expuso un decálogo.

El primero de ellos, explicó, es que “no hay certeza científica” que haga concluyente la versión de que los estudiantes fueron asesinados.

Tampoco, dijo, puede ser concluyente la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, alias ”El Cepillo” o “El terco”, señalado por la PGR como quien habría ordenado el asesinato de los 43 estudiantes y la posterior desaparición de sus restos. El defensor subrayó que en su declaración ministerial, el presunto responsable no refiere de manera puntual el momento en que habría estado durante los eventos en el basurero de Cocula.

Un tercer elemento para rechazar la resolución de la investigación, a decir del abogado, es que depende “excesivamente” de los testimonios de los detenidos, a quienes además se señala como presuntos responsables. Rosales cuestionó que se pretenda sustentar la veracidad de los hechos en testimonios de personas a quien la propia autoridad considera como los presuntos criminales, máxime si no hay otros testimonios diferentes a los de los inculpados que respalden sus dichos.

Respecto a los testimonios, el abogado refirió los señalamientos de que algunos de éstos habrían sido obtenidos bajo coacción.

Otro elemento por el que no se puede cerrar el caso, dijo Rosales, es que la PGR no ha investigado el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, el normalista asesinado y cuyo rostro y orejas fueron desollados. “Es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación”, apuntó.

A ello agregó la falta de detenciones “clave”, como la de Felipe Flores, el Secretario de Seguridad Pública en Iguala al momento de los hechos; de Gildardo López Astudillo, alias “El Cabo Gil”, y de al menos 11 personas más que supuestamente participaron en los hechos. Rosales consideró importantes estas detenciones, dado que sus testimonios podrían cambiar el rumbo de la investigación.

Otra razón para no cerrar el caso, expuso, es que no se ha iniciado en ningún caso una investigación por desaparición forzada, pese a que es “la figura más idónea” para consignar y sancionar a los agentes del Estado que estuvieron involucrados en los hechos.

Rosales refirió también una “inconsistencia” en el expediente, pues existen dos versiones que se contradicen y que no han sido confrontadas. Una de ellas es la que la PGR dio a conocer en los primeros días de la investigación del caso, según la cual los normalistas habrían sido enterrados en fosas clandestinas. De acuerdo con el abogado, hay una veintena de testimonios en el expediente que sostienen esa versión. La otra es la del supuesto asesinato e incineración en el basurero de Cocula.

Una razón más para no dar por concluido el caso es que sólo hay “certeza científica” de que los únicos restos identificados corresponden al normalista Alexander Mora Venancio, mas no hay evidencia científica que pruebe que los demás restos encontrados son del resto de los estudiantes, prosiguió el abogado.

Por lo anterior, Rosales calificó como “sumamente grave”que la PGR diga que los presuntos responsables serán consignados por homicidio, cuando no hay evidencias de la muerte de 42 de los estudiantes. Eso podría resultar en consignaciones débiles, advirtió.

El abogado habló de las dos líneas de investigación pendientes: la posible responsabilidad del Ejército y del ex Gobernador Ángel Aguirre. Sobre el primero dijo que uno de los policías detenidos declaró que el Ejército supuestamente sabía de la operación de Guerreros Unidos sin que actuara para combatirlos, por lo que el abogado presumió una posible colusión de los militares.

Por último, refirió la falta de investigación del entorno político en el que ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre, y que supondría una colusión de varios ediles con el grupo criminal, y no solamente los del municipio de Iguala, como ha pretendido reducirlo la PGR.

HABLAN LOS PADRES Y LOS NORMALISTAS

El Comité Estudiantil de Ayotzinapa, en voz de David Flores, dijo que el Gobierno federal los ha decepcionado y ha dejado ver cual es la importancia que le dan al caso.

“Creemos que hay interés político y como padres y normalistas no aceptemos la supuesta realidad, nosotros estamos convencidos de esta sitúación”, por lo que a lucha sigue.

“Las autoridades ya no tienen interés, ni ganas de buscar a nuestros 43 compañeros y nos mantendremos en lucha, expresó e invitó a las organizaciones a sumarse al movimiento”.

En tanto, el padre de familia Epifanio Álvarez expresó que “el gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad, nos ha destrozado y no estamos de acuerdo con todo lo que están haciendo. Primero nos dijeron que nuestros hijos estaban en las fosas y luego en Cocula, pero no tenemos pruebas para aceptarlo. Vamos a llegar hasta el final de esto, hasta que esto se aclare”.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dijo que seguirán marchando hasta que les entreguen a sus hijos.

“No lloramos porque ya aceptemos que estén muertos, lloramos porque los extrañemos. Desde aquí le digo al Presidente Enrique Peña Nieto que nos entregue a nuestros hijos, que los dejen que realicen sus sueños , porque ellos apenas están empezando a crecer”.

ESTÁN MUERTOS Y FUERON CALCINADOS: PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) insistió en que los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado están muertos, y fueron calcinados en el basurero de Cocula.

Durante uan conferencia de prensa que se realizó un día después de que miles salieron a las calles para reclamar la presentación con vida de los estudiantes.

“Sin lugar a dudas [las pruebas nos llevan] a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados, y arrojados al Río San Juan, en ese orden”, dijo Murillo Karam.

“Es la verdad histórica, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, recalcó.

Pero lo presentado es en realidad un resumen del caso que agrega declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, alías “El Cepillo” o “El Terco”, que fueron publicadas por distintos medios incluso antes que la misma conferencia.

La PGR dio datos más puntuales para sustentar su tesis de que los normalistas fueron quemados en el basurero, y no en cualquier otro lugar como, por ejemplo, hornos crematorios del Ejército mexicano, como investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han sugerido.

“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola. Las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban de omisión. Las mismitas. No hay una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, afirmó.

A pregunta expresa, el Procurador General de la República señaló que el móvil para asesinar a los 43 es que los normalistas fueron detenidos en el marco de un evento público de María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como se había dicho originalmente.

Solo que gracias a las declaraciones de “El Cepillo” se agregó al móvil original la información de que los autores materiales consideraban que dentro del grupo de estudiantes había tres infiltrados por la banda delictiva “Los Rojos”, que por eso habían asesinado y calcinado al resto de los estudiantes, y habían esparcido sus cenizas al río para borrar cualquier evidencia.

“El móvil es el mismo móvil con los dos elementos, no se les olvide que es la misma banda, el Presidente Municipal no era ajeno a la banda. Utilizan el argumento de que eran infiltrados, así usan la palabra muchísimo infiltrados”.

El Procurador aseguró que “la verdad histórica” de que los estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados se concluyó gracias a la información recabada en 39 confesiones de policías y criminales, 386 declaraciones y 156 inspecciones ministeriales.

“Está clarísimo, realmente que no se quiera creer, pero tenemos muchas investigaciones en la procuraduría y yo le diría que esta tiene elementos bastante sólidos”, afirmó Murillo Karam.

Antes de la conferencia el Presidente Enrique Peña Nieto dijo, en un evento que encabezó en la Residencia Oficial de Los Pinos, que “es claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo si precedente de búsqueda y de investigación”.

“También estoy convencido de que este instante, que este momento de la historia de México, de pena y de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, puntualizó el Jefe del Ejecutivo federal.

El lunes, cuatro marchas simultáneas colmaron la capital del país para respaldar esa demanda, como parte de la octava Acción Global por Ayotzinapa. Decenas de miles de personas acompañaron a los padres de los normalistas desaparecidos en sendas movilizaciones en el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad, que confluyeron hacia la tarde en el Zócalo capitalino.

La solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos encontró eco, una vez más, en ciudades de Estados Unidos, España, Reino Unido, Bélgica e Italia, como ha ocurrido anteriormente desde que la noticia de los 43 estudiantes desaparecidos por agentes del Estado cimbró a nivel internacional.

Se trató de la primera gran movilización por el caso Ayotzinapa de este año, tras el periodo vacacional de diciembre, cuando los padres de los normalistas desaparecidos advirtieron que no descansarían y organizaron mítines en las cercanías de la residencia presidencial de Los Pinos la víspera de Navidad y del Año Nuevo.

(Con información de Sin Embargo)

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