Etileno/Odebrecht: abuso y atropello laboral

Corrido, denostado donde va, fustigado por el presidente Rafael Correa que les cerró las puertas de Ecuador, Odebrecht es un titán que exprime al constructor, auspicia prácticas monopólicas, lo aprieta, lo revienta y deriva los saldos en la planta laboral.

Rafael Correa les imputa una “estafa” pues en 2007 Odebrecht construyó la hidroeléctrica San Francisco y resultó un fiasco. En noviembre la echó a andar y siete meses después, en junio de 2008, tuvo que parar. Le hallaron fallas estructurales en su construcción, según un despacho de la agencia española EFE.

Pretendía el presidente de Ecuador que Odebrecht asumiera su responsabilidad, que reparara los daños, que se ajustara a un nivel de calidad.

Odebrecht no cedió. Correa le acumuló los cargos, halló otras irregularidades en cuatro obras más que se le habían asignado y expulsó a la empresa brasileña de Ecuador, refiere EFE.

Odebrecht quiso cobrar las reparaciones por un trabajo que era su responsabilidad. Dos veces concilió el gobierno sin resultado alguno. “Han estado acostumbrados a hacer lo que les da la gana —dijo el presidente Correa— y creyeron que podían seguir haciéndolo”.

Rafael Correa usó entonces una expresión demoledora:

“Dos veces se intentó llegar a un acuerdo y las dos veces fue esta compañía la que creyó que se podía burlar del país, que podría coimarnos (sobornarnos) o ablandarnos y se equivocaron del medio a la mitad. Fueron expulsados del país y ahora están diciendo que todo fue politización”.

Por esa estafa, como la llamó el presidente Correa, se emprendieron acciones legales, civiles y penales, un lunar en la piel de Odebrecht.

Odebrecht construye Etileno XXI, la planta de insumos plásticos cuyo costo es superior a los 5 mil 200 millones de dólares, en terrenos de Nanchital, municipio veracruzano que sólo ve pasar la riqueza, sin traducirla en desarrollo, sin empleo de calidad, sin que sea la plataforma para su despegue.

Su fama es deplorable. En Brasil, figura entre una veintena de empresas acusadas de integrar un cártel para agenciarse los recursos del gigante petrolero Petrobras.

Fueron 23 empresas. Todas fueron vetadas, suspendidas mientras se realizaban las investigaciones, acusadas de repartirse los negocios de Petrobras, en uno de los mayores escándalos de corrupción del país sudamericano.

Varios funcionarios de Petrobras pararon en la cárcel. Las empresas señaladas, que fueron objeto de un “bloqueo cautelar”, aceptaron colaborar con la justicia a cambio de la reducción de sus condenas.

Según despachos de prensa, las compañías involucradas eran: Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Odebrecht, Mendes Junior, QAS y Queiroz Galvao.

En Perú, Odebrecht fue señalada de beneficiarse de contratos otorgados por el gobierno de Alan García, a cambio de la donación del “Cristo del Pacífico”. Las imputaciones provenían de otras constructoras desplazadas o ninguneadas.

Y así va a acumulando críticas, denuncias, acusaciones, todas con el sello de la corrupción, tráfico de influencias, estafas.

México no es la excepción. Protagonizó un conflicto en Jalcomulco por la construcción de una presa hidroeléctrica que generaría un impacto ambiental y afectaría las actividades de los habitantes de la zona centro de Veracruz, a lo largo del río La Antigua.

Organizados, en pie de lucha, los habitantes de aquella región replegaron a la constructora. Protestaban a diario. Se manifestaban. Y obligaron a retirar su maquinaria, sin que por ello desistiera Odebrecht de realizar la obra.

Etileno XXI es caso aparte. Aquí avanza el proyecto de 5 mil 200 millones de dólares. Se da lustre. Le dedican espacios los medios nacionales. Dicen que es la mayor inversión privada del país y que está pronta su finalización.

No hablan de su historia negra. No dicen que en el trayecto al paraíso hay atropello a la ley, prácticas monopólicas, abuso de poder, maltrato al constructor y el consecuente impacto a la plantilla laboral.

Lo vive así un grupo de trabajadores de la empresa Akar Inmobiliaria, cuyo conflicto con Ethylene XXI Contractors, encargada de la construcción del proyecto Etileno XXI, los tiene en la indefensión, sin recursos, sin un centavo y en la total incertidumbre.

Se la viven en los tribunales laborales. Demandan justicia, exigen el pago de sus días laborados y lo que resulte.

Han ganado dos laudos y ni así pueden cobrar. Odebrecht o Etylene XXI reventó a Akar Inmobiliaria. Le dejó de pagar. La aplastó y arrastró a los trabajadores.

Ellos acusan al apoderado legal de Etileno XXI, Eduardo de Lima Rozendo Pinto. Lo hacen responsable de su tragedia laboral. Exponen los hechos, desnudan los embustes.

Requerido por la Junta de Conciliación y Arbitraje número 16 de Coatzacoalcos, para que aportara los recursos retenidos a la compañía Akar, a fin de garantizar el pago a los trabajadores, la filial de Odebrecht incurrió en maniobras y subterfugios para evadir la entrega de recursos.

Lo consigna la Junta de Conciliación:

“El C. Eduardo Lima de Rosendo Pinto, en su carácter de apoderado legal de Etileno XXI México, mediante el cual en atención al oficio girado por esta autoridad con número JE15/979/2015, informa que no existe a la fecha ninguna suma disponible para pago a favor de la demandada en autos (Akar Inmobiliaria, S.A. de C.V.)”.

Etileno XXI falseó la verdad. Un oficio elaborado por el apoderado legal de los trabajadores demandantes, Roberto Oscar Pérez Rivera, deja en claro que sí existe una partida generada por los trabajos realizados por Akar Inmobiliaria para garantizar cualquier contingencia laboral.

“Importe que la subcontratista deja en garantía de contingencias laborales… 1’881.937.39 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N.) de donde se desprende que el apoderado legal de la empresa Ethylene XXI Contractors SAPI de C.V., señor Eduardo Lima de Rozendo Pinto, se encuentra faltando a la verdad ante esta autoridad laboral, en su escrito de contestación al oficio numero JE15/979/2015”.

Piden los trabajadores a la Junta de Conciliación que se dé vista al Ministerio Público para que Eduardo de Lima Rozendo Pinto responda por los delitos que se le imputen, obvio falsedad de declaraciones a la autoridad.

Con esa cantidad, se garantiza el pago de lo demandado por los trabajadores de Akar Inmobiliaria.

Llámese Odebrecht, llámese Ethylene XXI o llámese Etileno XXI, las transgresiones a la ley son evidentes. Y no sólo es el aspecto laboral, provocado por la rescisión de contratos a las compañías constructoras. Es la práctica monopólica al obligarlos a contratar fianzas con un par de firmas ad-hoc. Fuera de ellas, ninguna fianza es aceptada.

Odebrecht no cambia. Donde va siembra discordia. Sea Brasil, Ecuador, Perú, o Jalcomulco o Nanchital, si no es falta de calidad, es impacto ambiental, conflictos laborales, o tretas para reventar al constructor.

Qué historia. Y hay más.

(Con información de mussiocardenas.com)

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