García Alcocer acusa al Gobierno de AMLO de usar instituciones con fines políticos; pide audiencia

El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, acusó este lunes a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar a instituciones del gobierno con fines políticos.

Además, García Alcocer aseguró que continuará trabajando y pidió una audiencia con el presidente de la República para dar a conocer su versión de los hechos.

Sobre los señalamientos hechos por el gobierno en la conferencia matutina de este lunes, el comisionado presidente aseguró que no existe un conflicto de interés y reiteró su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia.

Además, indicó que las acusaciones iniciaron cuando dio a conocer su opinión sobre la terna enviada por el mandatario para reemplazar a cuatro comisionados.

Este lunes, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que como parte de una serie de investigaciones ante la posibilidad de un conflicto de interés por parte de García Alcocer, fue hallado un contrato para transporte de gas natural para una empresa en la que labora un familiar del funcionario.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, señaló que se encontró un contrato de la Comisión Reguladora de Energía otorgado en junio de 2017 a Fermaca -vinculada a la familia del funcionario- para el transporte de gas natural. Santiago García Castellanos, director de la empresa, es primo hermano de la esposa del directivo.

Sobre esto, García Alcocer apuntó que en septiembre de 2016, cuando se otorgó la licitación, se excusó para no votar.

En la conferencia matutina, la secretaria de la Función Pública dijo que el comisionado presidente había incurrido en otro conflicto pues el hermano de su esposa, Mario Barreido, labora en la empresa danesa Vestas desde abril de 2015.

Más tarde este lunes, el titular de la comisión aseveró que no hay conflicto de interés debido a que dicha empresa no está regulada por la CRE, mientras que Sandoval insiste en que sí.

García Alcocer dijo que no existe ningún trato preferencial con ninguna empresa y que el otorgamiento de permisos, incluyendo los dos señalados, se hacen bajo el marco legal vigente.

El Financiero

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