INE, impunidad electoral

Postigo

Por José García Sánchez

A pesar del optimismo injustificado que la alianza electoral conformada por los partidos PAN-PRI-PRD, trató de difundir sus magros triunfos con desesperación para ocultar su derrota.

Conforme pasan los días después de la jornada electoral se develan los ilícitos cometidos por varios candidatos de esa alianza que todavía tiene impugnaciones en su contra y dudas sobre la legitimidad de los pocos triunfos que le quedan.

La consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, dio a conocer que la UIF presentó pruebas de 62 operaciones financieras oscuras realizadas desde Tamaulipas, en favor de Octavio Pedroza Gaitán panista de pura cepa y candidato a la gubernatura de San Luis Potosí.

Las trampas de los candidatos de esa alianza todavía no acaban de descubrirse, incluso habrá algunas que queden impunes. En esta ocasión a Pedroza le fue financiada su campaña de forma ilícita, desde Tamaulipas, entidad donde los panistas no gozan de una trayectoria limpia ni de una imagen popular, cuyo gobernador está a punto de pisar la cárcel, se ha salvado a causa del apoyo de los legisladores locales del PAN que se identifican más con el delito que con la legalidad. De otra manera, no puede explicarse el blindaje que el otorgaron a Francisco García Cabeza de Vaca.

El gobierno de San Luis Potosí, uno de los más represivos de los últimos años, encabezado por el priísta Juan Manuel Carreras también está implicada en la entrega de recursos ilícitos a la campaña de Pedroza.

La consejera Carla Astrid Humphrey Jordan, resaltó que en dichas operaciones están involucradas 53 personas físicas y tres personas morales, estas últimas son empresas de reciente constitución que de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación están catalogadas como empresas fantasma. Señaló que los recursos empezaron a fluir desde el inicio del año electoral, es decir, el 1 de septiembre de 2020 y concluyeron el 16 de mayo de 2021.

La UIF informa que el dinero ilegal destinado a la campaña de Pedroza proviene de funcionarios públicos del gobierno del estado de Tamaulipas

La consejera Humphrey señala que “de los sujetos relacionados con los reportes analizados, se identificaron a dos sujetos con posibles transferencias de Tamaulipas a San Luis Potosí, posiblemente involucrados en el proceso electoral”.

Se acostumbra en estos casos no hay castigo para los ilícitos electorales cometidos por quienes pierden en las urnas, tomando el fracaso como única sanción; sin embargo, esto no implica que haya inocencia, lo único que hay es impunidad.

Carla Humphrey propuso devolver el proyecto de resolución a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para realizar mejores diligencias pero la mayoría decidió por una votación de 8 contra 3 desechar la queja, en clara complicidad del resto de los 10 consejeros con la ilegalidad. Ante este ilícito la consejera anunció voto particular para dejar constancia de su oposición y disenso.

La parcialidad de los consejeros del INE no es una reacción reciente, ni comenzó con el año electoral. Desde la llegada de Lorenzo Córdova, como presidente consejero, la discriminación la falta de credibilidad, los fallos sesgados, la vinculación con partidos, el favoritismo de alianzas es la contante.

Esta decisión de legalizar un delito electoral en San Luis Potosí es muestra de las arbitrariedades que suceden en el Consejo General del INE, donde los consejeros se consideran dueños de su propia manera de entender la democracia y deben ser juzgados penalmente ante tantas ilegalidades realizadas por tomar la democracia como propiedad personal.

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