Javier Duarte: la pandilla y la cárcel

Algo pasó. En seis meses la PGR fue omisa, calló, no actuó. Dormía la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación interpuso para actuar contra la pandilla de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, acusados de malversar por lo menos 2 mil 100 millones del erario federal. Y de pronto, el Congreso de la Unión apretó.

Día negro para la fidelidad y su extensión política, el duartismo. Sube a tribuna en la Comisión Permanente, el miércoles 6, el senador panista Fernando Yunes Márquez. Propone el punto de acuerdo con el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a actuar. Y todos le dicen que sí.

Advierte un tema que de entrada está chueco. Ha congelado el caso la PGR, su inacción la delata, su silencio la exhibe, falta a su deber legal. Y es que a ninguna demanda de información enviada por el legislador veracruzano ha respondido.

Ahí lo planteaba Fernando Yunes. Lo expuso: “Hasta el día de hoy, la PGR no ha respondido a nuestro exhorto de apegar sus actos a la Constitución y proceder en contra de los responsables de este desvío multimillonario; hoy damos a conocer seis nuevas denuncias presentadas también por la ASF ante la PGR en noviembre del año pasado”.

Se trata de denuncias sustentadas en información que acredita el desvío de más de 2 mil 100 millones de pesos, de origen federal, que debieron aplicarse en dos rubros: Educación Básica y Normal, y Seguro Popular.

Citan las denuncias a una decena de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y también del Javier Duarte. Pero centra su objetivo en dos: Antonio Tarek Abdalá Saad, candidato a diputado federal del PRI por Cosamaloapan, y a Edgar Spinoso Carrera, contendiente priista por Martínez de la Torre.

Tocan las denuncias penales a ambos y a otros cuatro funcionarios y ex funcionarios de alto nivel, protegidos hoy, quizá en demasía, por el gobernador Javier Duarte. Ellos son: Tomás Ruiz González, secretario de Infraestructura y Obras Públicas, antes titular de Finanzas; Gabriel Deantes, secretario de Trabajo y Previsión Social, antes oficial mayor de la Secretaría de Educación estatal; Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas; Vicente Benítez González, oficial mayor de la SEV, operador financiero de la campaña de Javier Duarte al gobierno estatal, en 2010, pillado en el caso de los 25 millones en efectivo hallados en una aeronave del gobierno de Veracruz, en el aeropuerto de Toluca, supuestamente destinado a pagar producción publicitaria y promoción de eventos como la Cumbre Tajín, el Carnaval de Veracruz y las Fiestas de la Candelaria; Lorenzo Antonio Portilla, auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y Antonio Ferrari Cazarín, director de Patrimonio del Estado de Veracruz.

Ahí se citan únicamente seis nombres. El 19 de abril, Miguel Ángel Yunes Linares y el líder nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, habían revelado la existencia de las seis denuncias interpuestas ante la PGR y enlistaron a 18 funcionarios más, entre ellos a los ex secretarios de Finanzas, Juan Felipe Aguilar de la Llave, Rafael Germán Murillo Pérez, Salvador Sánchez Estrada, Fernando Charleston Hernández y Mauricio Martín Audirac Murillo, quien también fue titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz.

Fernando Yunes se encajó. Decía que Tarek Abdalá y Spinoso Carrera, lejos de andar en campaña, pepenando el voto, debieran hacer frente a las denuncias por malversar recursos públicos.

“Las pruebas de la Auditoría Superior de la Federación son inequívocas —dijo—, porque se trata de auditorías ya concluidas y dictaminadas, apoyadas por informes certificados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, por si fuera poco, de documentos donde el propio Gobierno del Estado de Veracruz reconoce la desviación de los recursos y se compromete a devolverlos, lo que no ha sucedido, pero aunque los devolvieran, el delito ya se ha cometido”.

Desnuda la inacción de la PGR la parcialidad en la procuración de justicia. Yunes Márquez habló de encubrimiento hacia los candidatos del PRI a diputados federales. “Se hace cómplice del verdadero objetivo, que es buscar el fuero constitucional para evitar que pueda procederse en su contra por los delitos que han cometido”, señaló, pues debe actuar la PGR “en contra de quienes han saqueado las arcas públicas, causando daño gravísimo a los veracruzanos”.

Hubo debate. Representantes de los partidos políticos subieron a tribuna. Hablaban y argumentaban. Sorprendió que dos priístas, el diputado Alejandro Montano Guzmán, y el senador David Penchyna, avalaron el punto de acuerdo pues enfatizaron que cualquier ciudadano puede ser investigado, sin distingo alguno.

Lo que se aprobó trae filo. No sólo se exhortó a la PGR a integrar la averiguación previa a partir de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, sino que la conmina a informar “sobre las acciones que haya llevado a cabo en relación con éstos graves hechos, a partir del mes de noviembre de 2014 en que las denuncias fueron presentadas”. O sea, un recuento de la investigación judicial.

Se aprobó por unanimidad. Lo respaldaron oposición y PRI, aún los aliados de Javier Duarte, incluso la línea del presidente Enrique Peña Nieto. Y ahí está la clave.

Fernando Yunes no es ingenuo. Sabe de la rentabilidad política del caso. Toma las denuncias de la ASF y las hace mediáticamente suyas, convertidas en capital político para acceder a la alcaldía de Veracruz o la gubernatura de dos años.

Una parte es el alegato por la justicia y otra el golpe a sus acérrimos rivales, rivales del yunismo azul, Fidel Herrera y Javier Duarte. No es dádiva ni generosidad. Es impacto de varios megatones con beneficio político.

Lo insólito es la actitud monolítica del Congreso de la Unión. Hasta los priístas y sus aliados le asestaron la puñalada a Javier Duarte, lo tasajearon, le arrancaron la piel.

Javier Duarte y Fidel Herrera saben qué representa una investigación federal. Ahí no hay fuero protector. Y hay algo peor: ese paquete de denuncias apenas cubre una mínima parte del caos que habrán de enfrentar. En los años recientes, el saqueo de recursos federales fue descomunal, trampeando, simulando que realizaban obra, que destinaban dinero para obras de salud, que lo aplicaban en el sector educativo, que tenían como fin el combate a la pobreza. Quedan otros ejercicios anuales por revisar y denunciar.

Tarek Abdalá y Spinoso Carrera, como dice el senador Fernando Yunes, no debieran andar en campaña. Debe enfrentar la ley.

Fidel Herrera y Javier Duarte también. La ASF va por la tripulación del barco pirata pero faltan el capitán y el contramaestre. El saqueo partió de ambos, como se ejerce el poder, como se dispone de los recursos públicos en Veracruz.

Es insólito que en seis meses la PGR haya dormido el expediente de las denuncias contra la pandilla duartista y fidelista. La incógnita está en por qué el Congreso de la Unión aprieta y quién desde el más alto nivel dio línea para que el priísmo y sus aliados lo avalaran

Peña Nieto no quiere a Javier Duarte. Tampoco traga a Fidel Herrera Beltrán. En noviembre, cuando llegaron las denuncias a la PGR, no habría tenido impacto político. Hoy sí.

Tarek Abdalá y Spinoso Carrera serían los primeros candidatos en hacer campaña con orden de aprehensión. Y después irán sobre Fidel Herrera y Javier Duarte.

Ya se ven en la cárcel.

(Con información de mussiocardenas.com)

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