Javier Duarte: sembrando muerte, sembrando dolor

Más infame, Javier Duarte no puede ser. Por omisión o por acción, llevó a Veracruz a niveles brutales de violencia, de inseguridad, sus policías convertidos en criminales, sembrando dolor, sembrando angustia, sembrando muerte.

Van ocho días. Nada hay de los cinco jóvenes de Playa Vicente, levantados por la policía estatal en Tierra Blanca, el lunes 11, a la vista de todos, cobijados los malandros con uniforme, con insignias y estrellas, por la impunidad con la que ha hecho el duartismo una oda a la corrupción.

Por las calles de Playa Vicente se respira el miedo y la indignación. Domina la ira a familiares y amigos que los vieron partir sin advertir que se introducían en una novela de horror en la que el verdugo es ese cuerpo criminal al que el estatus oficial denomina Policía Acreditable.

Ya no puede mentir el gobernador. Javier Duarte no puede engañar. Su policía delinque. Arturo Bermúdez prefiere callar, pues el secretario de Seguridad Pública, el general de cero estrellas, es el padre de ese engendro policíaco —los acreditables— que sólo sirve para reprimir, madrear, asediar y llevarse a los buenos y ponerlos en manos de la delincuencia.

Van a Xalapa los familiares y los amigos de José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco, Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arróniz y Susana Tapia Garibo, los cinco jóvenes que plagió la policía estatal, porque eso no fue una detención, porque no hubo apego al protocolo, porque no dieron parte a sus superiores, porque se violó la ley.

Ahí, frente al palacio de gobierno, el templo de la protesta de los veracruzanos, en la cara de Javier Duarte los reclamos son airados, se manifiestan y exigen que los cinco jóvenes —el mayor cumplía 27 años y por eso fueron a Veracruz— vuelvan con vida, sin daño alguno, como partieron, como deben regresar.

Ahí se plantaron, cartulinas en mano, en Plaza Lerdo o Plaza Regina Martínez —el nombre de la periodista combativa, asesinada en su hogar en Xalapa—, y luego sobre la calle Enríquez, desquiciando el tránsito vehicular porque sólo así reacciona el gordobés.

Esta vez no les envían policías estatales o Fuerza Civil que los dispersen como a los pensionados que el 23 de diciembre fueron a exigir el pago de sus quincenas, su aguinaldo, su retroactivo, y el miserable gobernador lo que les puso enfrente fue un grupo de delincuentes con uniforme, con bastones eléctricos que soltaban las descargas en la humanidad de los manifestantes.

No habla Flavino Ríos Alvarado de aplicar la ley con el uso de la fuerza como es el himno a la represión que distingue al régimen duartista. Esta vez calla el secretario de Gobierno. Reprimir a los familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos sería el último clavo en el ataúd político de Javier Duarte.

Nada bueno augura esta segunda semana de angustia. Toma la palabra el fiscal general de Veracruz, “Culín”, alias Luis Ángel Bravo Contreras, e inicia el rito de la tragedia.

Protagoniza “Culín” incursiones en la prensa que repugnan. Vuelve la náusea. Usa el micrófono y la declaración pública el fiscal para simular eficiencia, acciones a fondo, el despliegue del aparato judicial, el avance de las pesquisas, sin tocar el punto central del escándalo: dónde está el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Sí, pues, la Fiscalía trabaja. Sí, pues, la Fiscalía indaga. Sí, pues, la Fiscalía descubre.

Eso importa nada. Lo único que vale es que los cinco jóvenes regresen con vida. Y por añadidura, que se encarcele a los policías criminales. Y que se procese a más policías vinculados a la delincuencia.

Todo estaría bien pero lo que está a juicio no es si Fiscalía se pone las pilas o se aduarta. Lo único que mueve a los veracruzanos es la integridad de Susana, José, Mario Arturo, Alfredo y Bernardo.

Dice a El Universal el fiscal que los siete policías detenidos admiten que levantaron a los jóvenes y los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada y que el caso amerita la intervención de la Procuraduría General de la República.

Pero hay un detalle que alerta. Sostiene el fiscal que los policías reconocieron que entregaron a los jóvenes a los criminales, pero en sus declaraciones hay contradicciones y nadie precisa dónde fueron llevados.

Y enfatiza lo insólito: los policías no quisieron decir más y no hay cómo obligarlos a cantar.

Bravo Contreras es falaz. Si algo tiene la ministerial es su capacidad para la tortura, para arrancar confesiones o para orillar al detenido a suscribir su culpabilidad.

Usa el duartismo bastones eléctricos contra pensionados, armas tácticas contra maestros, bates y palos con clavos contra universitarios, amenazas y puño limpio contra fotoperiodistas, y no sabe aplicar sus técnicas de investigación contra una punta de policías criminales. “Culín” es la bestia vestida de oveja.

Histriónico, el lunes 18 el fiscal se pasa de zalamero:

“Los avances que integran las probanzas de la investigación nos refieren que los elementos policiacos ya detenidos tuvieron relación en este caso con terceras personas probablemente vinculadas a la delincuencia organizada, por lo que daremos vista a la PGR para que tomen cartas en el asunto”.

Y otro más:

“Los avances de la investigación de inteligencia nos permiten concretar escenarios de búsqueda más focales, que pudieran llevar a puntos específicos que compactan los radios de búsqueda para lograr ubicar a los jóvenes desaparecidos”.

Horas después, el lenguaje cambia. Un comunicado de la Fiscalía emite un mal presagio. Dice que la investigación se centra en un rancho denominado El Amate, en Tierra Blanca, en los límites de Oaxaca y Veracruz, junto a un camino de tercería que conduce al poblado Vicente Camalote, donde habrían sido halladas pertenencias de los jóvenes desaparecidos.

Ahí fue hallado otro vehículo que podría haber sido usado para el plagio. Pero las informaciones que circulan en los portales noticiosos refieren el hallazgo de “varios cuerpos”.

Minutos después, Javier Duarte se enlazó telefónicamente con algunos de los familiares. Tras la conversación, los padres de los jóvenes, que se hallan en Tierra Blanca, apostados frente a la agencia del Ministerio Público, llamaron a los manifestantes que protestaron en Xalapa y los instruyeron a levantar el plantón. ¿Qué les habrá dicho el gobernador?

No alivia Javier Duarte el dolor y la angustia. No subsana la pérdida de cientos de desaparecidos en Veracruz —950 es la cifra oficial—, los que reclama el Colectivo por la Paz, los que demanda el gremio de los periodistas, el tema que exige esclarecer la sociedad en general.

El caso de los jóvenes es aún peor. No se los llevó el crimen organizado sino la autoridad. Hay evidencia contundente que fue la policía estatal la autora del levantón, ahí la confesión de los policías, ahí el testimonio del personal de la gasolinera en que cargaban combustible cuando la patrulla se acercó y se los llevó.

De acreditable, la policía duartista no tiene nada. Aparezcan o no los jóvenes de Playa Vicente, aparezcan con vida o no, sus captores son delincuentes con uniforme, con formación y disciplina, pero para servir al crimen organizado.

Es el Veracruz de Javier Duarte, el Veracruz atormentado por la violencia, por el baño de sangre, por la hegemonía de los delincuentes que le aplican la cuota a todos, que asedian y amenazan.

Tienen un aliado: el aparato policíaco. Cientos de policías pasan por la Academia El Lencero. Son adiestrados, capacitados, formados en la ética y la responsabilidad, sometidos a exámenes de confiabilidad, lejos de los vicios, ajenos a criminalidad.

Se van los que no sirven. Se supone. Pero resulta que quienes quedan terminan incurriendo en lo que debían combatir.

Javier Duarte está jodido. Su policía no es acreditable, es criminal.

Con información de mussiocardenas.com

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