Joder al prójimo

Casa de Citas

Por Baltazar López Martínez

“La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero”.

-Donatien Alphonse François de Sade

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si un elefante tiene su pie en la cola de un ratón y tú dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad”. Desmond Tutu

“El culto del Estado es el culto de la fuerza. No hay amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de incompetentes, corruptos u hombres viles. Los peores males que la humanidad haya tenido que soportar fueron infligidos por los malos gobiernos”.

-Ludwig Heinrich Edler Von Mises

Un chiste muy viejo decía que cuando estaba formando a la Tierra, Dios les dijo a sus arquitectos e ingenieros: “Aquí va a estar un país que se llamará México”, y señaló un punto específico de los planos. “Me le ponen por favor un poquito de todo”, dijo el Creador, “que lleve petróleo, minerales y metales preciosos, pónganle selvas, montañas, riquezas forestales, ríos y lagunas, unos poquitos de diamantes, en fin, ustedes saben, que sea un lugar privilegiado”. Los constructores se miraron entre ellos. “Pero Señor”, dijo uno de ellos, “¿no te parece injusto que este país vaya a tener más de todo?”. “No”, dijo el Creador, “porque ya verás qué clase de habitantes le pongo”. Y les puso a los mexicanos.

¿Qué te parece, lector, lectora? ¿Te parece que tenía razón el Creador? ¿Será que los mexicanos somos los causantes de nuestra propia ruina? Yo pienso que no. El chiste debería terminar con Dios diciendo: “No, porque ya verás qué clase de gobernantes le pongo”, y estaría más apegado a la realidad, porque el fracaso de un país tiene un solo responsable: el gobierno. Así de simple.

Claro que al gobierno le gustaría echar el alacrán en la espalda de los ciudadanos y hacerlos corresponsables de sus pifias. Así lo dijo Peña Nieto (perdón, el licenciado Peña Nieto, como se refiere a él el presidente López Obrador), cuando sentenció que en el tema de la corrupción nadie puede tirar la primera piedra, y así, de golpe y porrazo nos embarró a todos de caca y nos puso en el mismo costal, a la altura de los Duartes, los Moreira y de todos los grandes ladrones de este país.

Sin embargo, la corrupción es el abuso del poder conferido para obtener provecho propio o para que otros lo obtengan. ¿Cuál poder conferido? El que le damos los ciudadanos al gobierno. ¿Quién abusa del poder conferido para beneficio propio o de otros? El gobierno. Esa es la verdad, aunque durante años trataron de hacernos creer que ofrecerle un soborno al agente de tránsito nos hacía igual de corruptos, pero, te pregunto, lector, lectora, ¿quién abusa del poder, el ciudadano o el agente de tránsito?

En México, los responsables del fracaso tienen nombre y apellidos, y se los enlisto: Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Pacheco, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y, durante dos años, Andrés Manuel López Obrador. Claro que en esta azarosa aventura de partirle la madre a México no estuvieron solos, sino que los acompañó e hizo coro el Congreso, conformado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, que en el papel son un poder autónomo pero que en la práctica resultaron ser gatos lambiscones del presidente en turno.

Para que la lista de los responsables esté completa nos falta mencionar a falta un tercer protagonista: el poder judicial. De acuerdo con el artículo 49 Constitucional: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Pues bien, parece que odiar a dos de esos poderes es casi un deporte nacional: odiamos al presidente de la República, que representa al Poder Ejecutivo; odiamos todavía más a diputados y senadores, que constituyen el Poder Legislativo, pero pocas veces sabemos del Poder Judicial, y mucho menos lo odiamos. Quizá se deba a la simple ignorancia de cómo el Poder Judicial nos aprieta los huevos todos los días.

Verán ustedes, el Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Tribunales Unitarios de Circuito. Como se aprecia, la última instancia del Poder Judicial en esta sufrida Patria es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son once. Los propone el presidente de la República y los ratifica o no el Senado por mayoría calificada. Cada uno de ellos gana más de 4 millones de pesos netos al año, excepto el ministro presidente, que gana 6 millones 300 mil pesos al año. Cierra los ojos, lector, lectora, y paladea las cifras: 4 millones de pesos al año gana cada uno de esos señores, a razón de casi 77 mil pesos por semana.

Piénsalo, lector, lectora: once personas, nada más once, ejercen un poder brutal en este país. Para que te des una idea del alcance de sus decisiones, recordaremos aquí que en septiembre de 2014 el Partido Acción Nacional recabó más de 2 millones y medio de firmas ciudadanas para presentarlas ante el entonces Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para someter a Consulta Popular un aumento al salario mínimo, con la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social)?”.

Los ideólogos del sistema, los que fueron a las más prestigiadas universidades, dijeron que aumentar el salario mínimo sería el principio de una crisis inflacionaria, de una escalada de precios de alcances apocalípticos, de una catástrofe de dimensiones inconmensurables, como nos dijeron patrones, gobierno y líderes sindicales cuando firmaron pactos vergonzosos para congelar los salarios. Pese a las explicaciones de los intelectuales y lumbreras que controlan nuestros destinos, resulta difícil comprender por qué en los bolsillos del trabajador el dinero produce inflación, pero no en los bolsillos del patrón.

Sin embargo, el presidente López Obrador aumentó el salario mínimo ya en dos ocasiones, en 20 y 15 por ciento, y no vemos por ningún lado el tan cacareado desplome de las finanzas nacionales, ni la galopante escalada de precios, y mucho menos la confusión y el fúnebre galopar de los cuatro jinetes del Apocalipsis que se supone acecharían a los hogares de todo México, dispuestos a cobrarnos el precio de gozar de unos cuantos pesos más de paga, porque a pesar de los espectaculares aumentos México sigue con el peor salario, en el sitio 31 de los 32 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En pocas palabras te diré lo que ocurrió en la SCJN: 4 ministros votaron a favor de la consulta, 6 en contra, mientras que el undécimo ministro, Sergio Valls, estuvo ausente por motivos de salud. El argumento en contra fue muy simple: la consulta no es constitucional, dijeron, “porque el salario mínimo se relaciona con los ingresos y gastos del Estado, uno de los asuntos que la Constitución mexicana prohíbe llevar a este tipo de ejercicios”. Así de sencillo. Con el mismo argumento dieron por tierra con el proyecto de consulta de la izquierda sobre la reforma energética.

El tema aquí no es la consulta, sino la aterradora realidad de que seis personas, o diez, u once, pueden estar sobre la voluntad de millones de mexicanos. ¡Qué poder brutal el de estos once ministros, qué poder inmenso sobre la vida de tanta gente! Por supuesto, la consulta que propuso el PAN pasaría como cuchillo en mantequilla. No hay un solo mexicano de la clase jodida a la que aludía Azcárraga que dijera NO a esa consulta. Lo saben los ministros, por eso no la dejaron pasar, porque privilegiaron los intereses económicos y del Estado sobre el interés de los mexicanos.

En México hay un organismo que se llama Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que se supone se encarga de vigilar que ese salario cumpla con las directrices constitucionales que ordenan que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Uno de los pretextos para los aumentos de morondanga al mínimo fue que esta medida salarial está ligada a multas, obligaciones fiscales, pagos de derechos, etcétera, que se contabilizan en múltiplos del salario mínimo, por lo cual la Conasami estuvo pidiendo que el salario mínimo se desindexara, es decir, dejase de ser la unidad de medida.

El 5 de diciembre de 2014, el entonces presidente licenciado Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa para la desindexación del salario mínimo que culminó con la publicación del Decreto correspondiente y se inició el proceso para actualizar 149 leyes federales que hacen referencia a la figura del salario mínimo dentro de sus disposiciones, y quedó como responsabilidad del Congreso de la Unión emitir la legislación reglamentaria para determinar en lo sucesivo el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la famosa UMA.

Según la define el INEGI, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es “la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”. De esta manera la UMA empezó por ser de 73.04 pesos en 2016 y fue aumentando lenta, agónicamente, hasta alcanzar los 89.62 pesos en 2021.

Hasta 2019 la UMA y el salario mínimo aumentaron casi a la par, pero en 2020 y 2021, el salario mínimo se despegó hasta alcanzar 141.70 pesos diarios, y ahí fue donde la puerca torció el rabo y donde los once pinches magistrados de la SCJN volvieron a ser protagonistas, porque una vez más decidieron a favor del Estado y le partieron la madre a miles de pensionistas, al dictaminar que sus pensiones, de por sí raquíticas, se calcularan en un máximo de 10 veces la UMA y no en 10 veces el salario mínimo… Los espero en la siguiente Casa de Citas para contarles cómo fue que estas once porquerías determinaron que lo mejor sería joderles la vida a millones de viejitos jubilados. Qué poca su pinche madre, en serio.

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