Jueces y ONGs preservan la corrupción

Escenarios

Por Francisco Blanco Calderón

Ciertos empresarios encabezados por los Claudio X González, padre e hijo, vieron desmoronados sus intereses con el cierre del nuevo aeropuerto en Texcoco y sobre todo porque se impidió el cierre y venta del terreno y zonas aledañas del AICM.

El nuevo aeropuerto destruyó miles de hectáreas productivas para construirse sobre el lago de Texcoco, mismo que está catalogado internacionalmente con mayor riesgo de dejar sin agua a la Ciudad de México.

De acuerdo con CONAGUA: “la intención es que el Lago Nabor Carrillo, que actualmente es un cuerpo de agua permanente y con buena calidad del agua, se convierta en una laguna de regulación. Esta transformación implica no sólo la desecación del lago sino la incorporación de aguas residuales”.

Pero la ambición de funcionarios federales y empresarios se ampliaba hacia las zonas colindantes para el desarrollo turístico y habitacional de primer nivel. Grandes centros comerciales, centros financieros, hotelería del primer mundo y reordenamiento inmobiliario formaban parte del proyecto que se vino abajo con la cuarta transformación.

Unido a ello, se tenían planes concretos de qué hacer con las instalaciones del actual aeropuerto internacional y sobre todo la reubicación de cientos de negocios, edificios y casa habitación de miles de familias para la creación de una zona privilegiada para la expansión turística.

Los Claudio X González, socios y cómplices junto a presidentes de la República y funcionarios federales ya tenían el “tamal cocido”.

Mismo que se inició en tiempos de Fox como presidente y de Peña Nieto como gobernador de Edomex, con la represión y masacre en San Salvador Atenco para frenar la resistencia de productores agrícolas y luchadores sociales. Hubo dos jóvenes muertos, de 14 y 20 años; incontables pobladores golpeados y humillados; muchas casas cateadas, destrozadas por dentro, robadas; más de 200 detenidos con violencia. Hubo 12 pobladores encarcelados por más de cuatro años. Hubo infamia específica nunca castigada, decenas de mujeres violadas, vejadas y humilladas por las fuerzas policiales de Fox y Peña Nieto. Los responsables dicen que fueron excesos. Nadie ha sido castigado desde entonces. Muertos, golpeados, violaciones, presos para hacer el negocio de su vida. Negocio que se aplazó y tomo fuerza, con gran respaldo empresarial, con Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República.

Todo este codicioso paraíso de las mentes enfermas de poder, frustraron ambiciones desmedidas y corruptas, y precisamente la organización civil que impulsó la fiebre de amparos fue Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, agrupación que provocó amparos bajo la mirada complacientes de jueces afines.

El nuevo aeropuerto tendría un costo de 13 mil millones de dólares, pero cuando en el 2016 se aprobaron para su construcción 5,500 millones de pesos (no dólares) y a mediados del 2018 ya reportaba en la Cuenta Pública un gasto ejecutado de caso 37 mil millones de pesos, que representan poco más de dos mil millones de dólares, de los 13 mil millones de dólares presupuestado.  El incremento superó el 548 por ciento de lo gastado en año y medio de la construcción. Mamma mia ¿On’tas bendita corrupción?

“Por lo tanto reubicar el proyecto del Nuevo Aeropuerto en la base aérea Santa Lucía es una alternativa viable en términos ambientales: se evitaría el cambio de uso de suelo, el proyecto se encontraría alejado de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, se cumplirían los requerimientos internacionales para el riesgo aviar, existen áreas propicias para el amortiguamiento, mitigación y compensación ambiental in situ, se reduciría la presión urbana sobre la parte baja de la cuenca y la zona oriente de la ciudad, entre otras”. (Curiosamente La Brújula. Nexos, ¿ok?)

De ahí que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ante los amparos que se han interpuesto por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, usará un recurso para poner por delante el interés de la nación. “En su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional, pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país”… Acusó que la ola de recursos interpuestos sólo busca frenar la transformación, “imagínense, la base aérea de Santa Lucía tiene más de 50 años y están metiendo amparos por daños ecológicos… No hay ninguna razón, es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador” (Forbes).

Reforma, mañosamente, anuncia dos recursos constitucionales: “la declaración de interés público y sobre guardar la seguridad nacional,  que serían asumidos por el actual gobierno para llevar adelante las obras del aeropuerto Sana Lucía: “en respuesta a la catarata de amparos que se han interpuesto y que incluso existen suspensiones definitivas que impiden el avance de la obra aeroportuaria, López Obrador expresó: tenemos otro recurso, que es el poner por delante el interés de la Nación” ( Reforma).

La corrupción no tiene límites. Se ve afectada porque invade terrenos de la lógica y la legalidad institucional. Abolir a la corrupción es prioridad del actual gobierno. Es la de atender a los grupos desprotegidos. La pobreza está sobre el crecimiento. Crecer con pobreza fue el objetivo de gobiernos neoliberales. Desarrollar al país reduciendo la pobreza es meta del Plan Nacional de Desarrollo. El crecimiento simple y llano es arrasar con todo. El desarrollo, en definitiva, es estrategia de crecimiento. Dos conceptos contrapuestos por unos y complementarios por otros. Crecer es desarrollarse, y desarrollarse sin justicia no es crecimiento.

Cuando jueces y magistrados, partidos opositores, empresarios ambiciosos y el gobierno corrupto se corrompen, corrompen la vida institucional, a esta se la lleva el carajo. Todos cabrían en la nación corrupta: ladrones, rateros, bandoleros, malhechores, bandidos, salteadores, cuatreros, perversos y rufianes. Todos ellos sinónimos de la perversidad del crimen institucional organizado. No los cárteles, no los defensores ciudadanos, no los luchadores sociales, no los periodistas críticos sino ellos: el gobierno, las organizaciones sociales afines, el sistema de justicia adoc, los empresarios voraces, las instituciones autónomas todas sometidas al poder. Ellos han masacrado a la población, esa que han sido manipulada para que respondan a sus intereses. Ellas han aliado a las jerarquías eclesiásticas, a los cárteles, a los pederastas, a los traficantes de órganos, al feminicidio, a la trata de blancas, a los reclutadores de mano de obra barata migrante. Ellos son los responsables de la hecatombe nacional, del desabasto del país, de la aniquilación de la Nación. Contra ellos, todo.

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