La explicación de la SFP sobre las casas no convence ni a los viejos amigos de EPN: PRD y PAN

Ciudad de México

Expertos en transparencia enlistaron ayer diferentes deficiencias en la investigación con la que la Secretaría de la Función Pública descartó que hubiera “conflicto de interés” en la asignación de contratos a empresarios cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera Hurtado y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a quienes además han vendido sendas residencias.

Sus viejos aliados, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) también pusieron en entredicho la explicación sobre el tema de las casas. El primer acto del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos fue sentar a estas dos fuerzas políticas de izquierda y derecha en una sola mesa llamada Pacto por México, pero ahora, ambos insisten en una investigación más a fondo sobre el tema.

Primero, dijo Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), “nadie esperaba un resultado distinto”, porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente.

Segundo, porque el marco legal sobre el conflicto de interés en México, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es limitado ante las problemáticas de hechos de posible corrupción que se presentan. Y, lo peor, agregó Oscar Arredondo Pico, de Fundar, es que se evidenció la falta de voluntad política para responder preguntas básicas: si no hay conflicto de interés, ¿cómo se dio la licitación del tren México-Querétaro donde Grupo Higa resultó ganador, y luego se revocó? ¿Y por qué la “casa blanca” fue devuelta?

“¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que han desaparecido las pruebas contundentes de un eventual conflicto de interés”, planteó Arredondo Pico.

El experto cuestionó sobre todo el método de la investigación, ya que, como explicó el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, se basó en cuestionarios a 111 servidores públicos involucrados en la asignación de los contratos a las empresas de Juan Armando Hinojosa –que en 2012 financió la residencia de Angélica Rivera y vendió sin ganancias otra a Videgaray–, y Arturo San Román Dune, que entre 2005 y 2006 le vendió otra a Peña Nieto.

“La corrupción nunca se va a encontrar a través de una confesión escrita en un documento público. Si piensan que a través de entrevistas o a través de análisis documental se va a encontrar el conflicto de interés, evidentemente no. Yo creo que la autoridad tendría que ir mucho más lejos en sus facultades de interpretación, analizando básicamente la realidad, no los documentos. Digamos que están atendiendo la forma y olvidando el fondo”, dijo Arredondo.

“El mensaje que se lanza por parte del Gobierno es obviamente que la normativa no es aplicable y que existe impunidad en los niveles más altos de gobierno”, agregó.

Los expertos fueron consultados ayer luego de que, por la mañana Virgilio Andrade anunciara que, luego de seis meses de indagar, encontró que ni Peña Nieto ni Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir las residencias de los hoy contratistas porque ninguno, insistió Andrade, era servidor público cuando se realizaron las operaciones inmobiliarias.

En una conferencia de prensa que duró más de dos horas, Andrade explicó que basó su investigación en el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que define los supuestos del conflicto de interés y que, insistió, no se acreditan en el caso de Peña Nieto ni de Videgaray porque aun no llegaban a la administración pública federal.

Ernesto Villanueva, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que el Artículo 8 la Ley citada indica que “habrá conflicto de interés cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.

Ello implica, dijo el investigador a SinEmbargo, que el conflicto de intereses no necesariamente tiene que materializarse en una afectación de su imparcialidad, sino que existe cuando hay una posibilidad de que esto ocurra.

Pero el Secretario de la Función Pública, agregó Villanueva, hizo una interpretación limitada de la ley para no encontrar irregularidades.

“Que se haga esta declaración es escandaloso, una ofensa a la inteligencia de los mexicanos, y que además no tiene un sustento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, expresó Villanueva.

“NO SE LES ORDENÓ RESOLVER”

En la conferencia de prensa, Andrade explicó que la investigación consistió de cuestionarios a 111 servidores públicos de las quince dependencias del Gobierno federal con las que han celebrado contratos las empresas tanto de Ricardo Arturo San Román Dune como las de Grupo Higa.

Estas empresas, dijo Andrade, cuentan con 33 contratos con la administración pública federal.

“Respecto del licenciado Enrique Peña Nieto, en los expedientes de investigación números DGDI-031/2015 a DGDI-044/2015 y el DGDI-050/2015 se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de Servicios u Obras Públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo Sanromán Dune. En todos los casos, los servidores públicos declararon, bajo protesta de decir verdad, que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”, leyó Andrade en la conferencia.

“En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible Conflicto de Interés y con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún Conflicto de Interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las Leyes mexicanas, para que exista Conflicto de Interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan”, agregó.

Otro elemento citado por Andrade para asegurar que Peña Nieto no incurrió en conflicto de interés fue el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “al Presidente de la República no le corresponde intervenir en contrataciones de Obra Pública, Arrendamiento o Servicios”. Esto, dijo Andrade, fue acreditado con un oficio de la Oficina de la Presidencia de la República que reportó que el Presidente no ha participado en ningún proceso de contratación.

“Adicionalmente, se corrobora que no hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en el otorgamiento de los contratos con las declaraciones de los 111 servidores públicos que participaron en los Procesos de Contratación, lo que tiene valor probatorio, en virtud de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria en estos casos, en términos del Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, agregó Andrade.

Sobre la llamada Casa Blanca de la familia presidencial, ubicada en la calle Sierra Gorda 150, en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec, en la capital del país, y cuyo financiamiento por parte de Hinojosa fue descubierto por una investigación periodística, Andrade dijo que dicha propiedad fue adquirida con el patrimonio de la ex empleada de Televisa.

“La casa ubicada en la calle de Sierra Gorda fue materia de una compra-venta el 12 de enero del 2012, en donde la compradora fue la señora Angélica Rivera Hurtado y los pagos acordados fueron hechos de su patrimonio y de su cuenta personal (…) Se demuestra que en términos del contrato de compra-venta a diciembre de 2014, la señora Angélica Rivera Hurtado había pagado a Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V., mediante 35 cheques de su cuenta personal la cantidad de 14 millones 594 mil 031 pesos, y se demuestra que esa cantidad fue únicamente aplicada a los intereses generados”, dijo Andrade.

“En el expediente se incluye también el hecho y los documentos correspondientes a que la señora Angélica Rivera Hurtado ha trabajado como actriz, de donde provienen los recursos que conforman su patrimonio, entre ellos, los que tiene en su cuenta personal de donde emitió los cheques ya referidos. Además de su declaración, este hecho quedó demostrado con la declaración del representante legal de Televisa Talento S.A. de C.V., que en síntesis dijo lo siguiente: Que la señora Angélica Rivera Hurtado tuvo una relación contractual de carácter civil y de propiedad intelectual con Televisa Talento S.A. de C.V. desde la década de los 90’s, principalmente para la presentación de servicios de actuación y/o interpretación artística. Que dicha relación concluyó mediante un convenio de terminación de fecha 25 de junio de 2010, por el cual se acordó pagarle la cantidad de 88 millones 631 mil 200 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado, así como una casa en Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec”, agregó el funcionario”, explicó.

Ahí mismo, y luego de que la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR, sus siglas en inglés) publicara que Rivera no ha dejado la residencia, Andrade usó la conferencia para informar que la esposa del presidente había cancelado su contrato con la empresa de Hinojosa desde diciembre pasado.

“También queda demostrado un hecho adicional respecto del inmueble en comento. Con fecha 11 de diciembre de 2014 Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V. y la señora Angélica Rivera Hurtado celebraron de mutuo acuerdo un convenio de terminación del contrato de compra-venta sobre el inmueble ubicado en la calle de Sierra Gorda, del que se desprende que la señora Angélica Rivera Hurtado regresó la posesión del inmueble a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V”, dijo.

El hecho de que la familia presidencial habitaba una residencia financiada por Hinojosa fue reportada en noviembre pasado por el equipo de investigación de Aristegui Noticias. Entonces, Hinojosa participaba en un consorcio que acababa de ganar una licitación por más de 50 mil millones de pesos para construir un tren rápido entre la ciudad de México y Querétaro.

Dicho contrato fue cancelado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) luego de que se reveló la existencia de la operación inmobiliaria, pero ayer Andrade, ante pregunta expresa, dijo que se había cancelado por una decisión presupuestal.

Sobre la residencia que Videgaray compró a Hinojosa en octubre de 2012, unos meses antes de entrar al gabinete, Andrade insistió en descartar el conflicto de interés debido que el hoy titular de Hacienda aún no era entonces servidor público.

“Al haberse realizado la compra-venta del inmueble con anterioridad a que el doctor Luis Videgaray Caso fuera servidor público federal, no realizó dicha operación con el objeto de que el inmueble tuviera mejoras en sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento, con motivo de su empleo, cargo o comisión, pues en aquél entonces no tenía el carácter de Secretario de Hacienda y Crédito Público cuando sucedió la compra-venta y por ende, no autorizó ni tuvo conocimiento de ninguna obra o inversión que pudiera mejorar las condiciones de dicho inmueble”, dijo Andrade.

“Se acreditó que al momento de celebrar el contrato de compra-venta transmitió la propiedad de tres obras de arte valuadas en ese tiempo en un monto de 2 millones 452 mil 492 pesos y que le fueron recibidas por el vendedor en un monto de 2 millones 250 mil pesos, menos las retenciones de los impuestos conforme a la ley, por lo que quedó un monto de un millón 800 mil pesos para ser aplicado al contrato de compra-venta y al arrendamiento del lote contiguo”, agregó.

Citando constantemente las obligaciones de los servidores públicos establecidas en el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades, Andrade insistió en que ni Peña Nieto ni Videgaray participaron en asignación de contratos a las empresas de Hinojosa o de San Román.

“Ningún contratista se encuentra directamente vinculado, regulado o supervisado por el Presidente de la República, no le corresponde conforme a la ley participar en contrataciones o en la supervisión de la ejecución de dichos contratos. Adicionalmente, durante el tiempo del encargo del Presidente de la República, ni él ni su esposa han adquirido bien inmueble alguno”, insistió.

SIN SORPRESAS Y SIN VOLUNTAD POLÍTICA

El anuncio de Andrade con el “resultado de la investigación” era el esperado desde que, en febrero pasado, se informó que un funcionario del gobierno federal sería el encargado de determinar si su jefe, el titular del Ejecutivo, había incurrido o no en conflictos de interés al adquirir una vivienda de su amigo y contratista Hinojosa.

Pero tampoco sorprendió, dijo Eduardo Bohórquez, debido a las limitaciones del marco jurídico en México alrededor del conflicto de interés.

“El marco legal mexicano en esta materia tiene que adecuarse. Aunque en lo formal la investigación pueda quedar resuelta, esto es un asunto que no sólo daña la legalidad del régimen, sino también su legitimidad. Queda claro que hay mucho trabajo para hacer en materia de actualizar el marco jurídico para anticorrupción a partir del 1 de septiembre. Nuestro marco legal se queda corto para el tipo de problemáticas que enfrentamos como sociedad”, dijo en entrevista.

“La duda era cómo le iban hacer para justificarlo”, agregó por separado Alejandro González.

En Fundar, el investigador de Presupuestos y Politicas Públicas, Óscar Arredondo Pico, consideró que, si bien el marco legal en México es limitado, el resultado de la investigación y la forma en la que se interpretó la ley fue aun más reducida debido a la falta de voluntad política para llegar más a fondo.

Para Arredondo, el informe de Andrade no contempla, por ejemplo, que si bien ni Peña Nieto ni Videgaray obtuvieron beneficios durante sus funciones actuales, sí eran igualmente servidores públicos en el Estado de México cuando las empresas recibieron contratos en aquella entidad, y que las condiciones ventajosas para la adquisición de los inmuebles persisten, dado que los inmuebles siguen perteneciéndoles o son poseedores y la empresa sigue obteniendo contratos.

También cuestionó que no se haya aclarado cuántos de los contratos que recibió Grupo Higa se dieron en esquemas de excepción, a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, procedimientos que son susceptibles de corrupción.

Arredondo Pico criticó además que la SFP se limitara en sus facultades y sustentara su investigación en entrevistas con servidores públicos.

IMPUNIDAD Y SIMULACIÓN: PAN

Por su parte, senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron que la resolución de la Secretaría de la Función Pública acentúa la impunidad y la simulación del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, recalcó que la explicación ofrecida por el Secretario Virgilio Andrade no satisface las inquietudes generadas ante un tema tan delicado que involucra la honestidad del Presidente de la República y sólo genera más desconfianza entre los mexicanos.

“Me parece que es una simulación, es una crónica de una complicidad y una exoneración anunciada. No satisface las expectativas de los mexicanos y sólo contribuye a ahondar más en esta crisis de credibilidad de los mexicanos con las instituciones”, sostuvo el líder parlamentario.

Calificó como censurable que el Secretario de la Función Pública emita explicaciones completamente contrarias a la percepción ciudadana.

“Basta salir a las calles para preguntar a la gente qué opina sobre esta resolución y lo que ponía sobre el conflicto de interés, y se verá que es totalmente ajeno a los elementos de inicio que emitió el Secretario de la Función Pública”, enfatizó.

Por su parte, la Senadora Laura Angélica Rojas, más que responsabilizar a Virgilio Andrade del fallo emitido, se debe modificar el diseño institucional que permite a un servidor público señalado por presunta corrupción nombrar a otro servidor público para que lo investigue.

“Claro que hubo un abuso, claro que hubo un intercambio de favores y no puede ser que no haya ninguna consecuencia, y eso es porque nuestro diseño institucional está mal, porque nuestras leyes están rebasadas por la realidad, y por eso las tenemos que modificar”, dijo la legisladora

La Senadora recomendó que sea la Contraloría del Gobierno del Estado de México quien investigue el posible conflicto de interés de Enrique Peña Nieto, cuando era Gobernador mexiquense, pues es en ese tiempo cuando supuestamente se realizaron las acciones para favorecer a Grupo Higa y él recibió gratificaciones por sus favores.

La legisladora que ha trabajado de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para crear la legislación secundaria en materia de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, recordó que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) han impedido en múltiples ocasiones los exhortos para pedir a la contraloría mexiquense actuar en este caso.

Señaló que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción plantea varios aspectos para evitar que se reproduzcan resoluciones desfavorables en evidentes casos de sobornos o conflicto de intereses.

Por otra parte, diputados federales recalcaron que como nunca antes, es urgente poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, sus leyes secundarias y respectivos nombramientos.

“Desde un principio denunciamos que la tarea de Virgilio Andrade era garantizar impunidad a su jefe. La cumplió a cabalidad. Hoy, como secretario de la Función Pública, informó lo que ya sabíamos desde enero, cuando lo nombraron: que no existe conflicto de interés”, dijo Juan Pablo Adame Alemán, vocero de la bancada en San Lázaro.

Fernando Rodríguez Doval, integrante del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PAN, adelantó que el partido llevará a instancias penales el caso de la “Casa Blanca” de Las Lomas, así como la de Malinalco, del secretario Videgaray.

“Lo que ya anunció el Partido Acción Nacional y nosotros lo respaldamos es que se vaya a la Fiscalía, para que se pueda tener un juicio serio sobre estos bienes inmuebles que evidentemente están manchados por la corrupción”, sostuvo.

(Con información de Sin Embargo)

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