La guadalupana es corrupta

No es santa ni milagrosa. No le salva el alma nadie. Le sobra, eso sí, a la guadalupana de Minatitlán, como la bautizó un periodista servil en un lance demencial, audacia y descaro, impunidad y desprecio a la ley, imputada e intocada Guadalupe Porras David en un fraude por más de 100 millones de pesos.

Sus transas sí son de este mundo. Su gobierno, el ayuntamiento que le tocó presidir, fue obsceno, falto de ética, profundamente deshonesto, hasta el punto de malversar recursos, provocar un caos administrativo, ocultar contablemente recursos de origen estatal, emitir cheques sin cubrir los requisitos de ley, gobernar al margen del cabildo, desviar recursos al PRI, derrochar dinero en imagen personal, golpear a sus críticos y transgredir todo el orden legal.

Nada santa la guadalupana, enfrenta hoy nuevas embestidas pues para el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS) poco hay que reclamarle a la ex alcaldesa de Minatitlán, cómplices también el Congreso, el gobierno estatal y el grupo fidelista-duartista al que sirvió operando apoyos populares a cambio de votos en los procesos electorales.

Le reclaman sus adversarios que haya dispuesto de recursos públicos en la construcción de una obra que murió antes de iniciar: el puente Capoacán, por el que se pagaron 45 millones de pesos, vía un crédito bancario y un suministro de recursos de Petróleos Mexicanos en operaciones fast-track.

Del puente sólo quedaron sus bases. Del dinero nadie supo más.

Destaca en ese catálogo de corruptelas la forma en que Guadalupe Porras asignó la obra sin licitación a la empresa Secort, regenteada por su yerno, Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—, ex secretario de Comunicaciones del gobierno fidelista y entonces en vías de convertirse en alcalde de Coatzacoalcos.

Por ella, se pagaron inicialmente 30 millones de pesos, provenientes de un crédito otorgado por Banobras al ayuntamiento de Minatitlán. El 17 de agosto de 2010, Secort recibió el cheque 106 de la cuenta Banamex 02197751870 sucursal 210. Lo depositó en su cuenta92001061339, de Santander.

El segundo pago lo realizó una semana antes de dejar el cargo, el 22 de diciembre de 2010, como los ladrones en retirada, mediante una transferencia bancaria de Scotiabank, cuenta 014854920007027719, por 15 millones de pesos. El concepto fue: “Segundo anticipo a la factura 490”.

En ambas operaciones la beneficiaria fue la empresa theurelista Secort, la cual sólo construyó seis pilotes que terminaron sepultados en lo que sería la base del puente Capoacán.

A la postre la obra fue cancelada. Leopoldo Torres, sucesor de Guadalupe Porras David, la dejó así. Habló de su inviabilidad y supuestamente se desentendió del caso, sabedor que el crédito con Banobras debía ser cubierto en los términos en que fue contratado.

Su pecado fue no proceder contra Guadalupe Porras, documentarle el delito, denunciarla y exigir que el daño patrimonial fuera resarcido. Cómplice de todo, Leopoldo Torres la dejó pasar.

Cuatro años después, el escándalo la persigue. Guadalupe Porras David, alias Lu-pilla mayor, ya no es alcaldesa, Fidel Herrera ya no es gobernador, Marcos Theurel ya no es secretario de Comunicaciones ni alcalde de Coatzacoalcos.

Señalada, vituperada, la guadalupana de Minatitlán se sacude pero no libra la acusación. Ignora a sus críticos, desoye a las autoridades municipales, desdeña las imputaciones. Hace de la impunidad su norma y del olvido su estrategia. Pero el caso Capoacán se reedita y la implica en un fraude descomunal.

Le imputa el delito Isabel Morales Aguirre, La Potra, regidora con licencia, candidata del Partido de la Revolución Democrática, antes priísta, a la diputación federal por Minatitlán.

Movió al cabildo, tomó el caso, habló y retó. Lidera a un cabildo de mediano nivel, pusilánimes en su mayoría, que aguardó a tener quien hiciera suyo el señalamiento a la ex alcaldesa Guadalupe Porras David.

Encubierta por el ORFIS, que no auditó ese rubro de la gestión guadalupana, enfrenta en la escena pública lo que el duartismo pretende impedir que llegue a los tribunales.

Dice La Potra que tiene razón el hijo de la guadalupana transa, Ciro Félix Porras, que su madre no robó 30 millones de pesos. No, refiere Isabel Morales, fueron 114 millones. Y se los desglosa: son 69 de Banobras, 15 de Pemex, 18 pagados por el ex alcalde Leopoldo Torres, y 12 del presidente municipal con licencia, José Luis Sáenz Soto, actual candidato del PRI a la diputación federal, otro implicado en el fraude.

No hace milagros Guadalupe Porras. Tiene, en cambio, la habilidad de desaparecer millones del erario público.

A la guadalupana priísta se le atribuye, por haberlo cometido en su período de alcaldesa, la desaparición de 45 millones de pesos. Pagó 30 millones con cheque y transfirió 15 millones que habían sido aportados por Pemex para la construcción del puente Capoacán.

Suscita su osadía mil conjeturas. Se preguntan los minatitlecos qué hizo Secort con 45 millones. Se cuestionan si Secort los recicló a los bolsillos y las cuentas de Guadalupe Porras. Intriga saber cuánto quedó en manos de Marcos Theurel y cuánto en manos de Fidel Herrera Beltrán.

Descomunal, el atraco a las instituciones públicas es el pan nuestro del priísmo, del fidelismo que hace y del duartismo que lo encumbre, lo solapa y le allana la ruta de la impunidad.

Cuatro años después, el delito no necesita tipificarse. Está a la vista de todos. Lo sabe Minatitlán. Lo sabe Veracruz. ORFIS pudo ignorar el caso, pasarlo por alto, no incluir la obra en las auditorías practicadas para determinar si la guadalupana es corrupta o transa, ambiciosa o voraz, cínica o descarada.

Aún con el disimulo de ORFIS, la complicidad de Fidel Herrera, el silencio de Javier Duarte, el hecho es tangible, real, contundente: Guadalupe Porras David es responsable de un fraude de 45 millones de pesos, ejecutado con toda frialdad, a la vista de cualquiera, evidentes las pruebas, confiada en que finalmente se impondría la impunidad.

Malversados, desviados, robados, los 45 millones de pesos significaron un bono de marcha en las postrimerías del sexenio fidelista, enloquecidos por la corrupción los bufones de Fidel, la guadalupana que operaba los apoyos a los pobres para canjearlos por votos, Marcos Theurel que apadrina, sustenta, maneja, detenta la empresa Secort, con obra en la sierra de Soteapan y un jugoso contrato en el puente Coatzacoalcos I, otra milloniza por no hacer nada, ni quitar un tornillo, ni reparar una parrilla.

No termina ahí la historia. Comienza y se dimensiona en la víspera de la jornada electoral.

Lupe Porras es una guadalupana que no hace milagros, sí corruptelas.

Viene lo mejor.

(Con información de mussiocardenas.com)

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