Los desaparecidos y la Fuerza Civil

Alevosa, temible, la Fuerza Civil no llegó para sembrar paz. Está para sacudir a Veracruz, su mano para reprimir, su poder para intimidar. Y ahora, contraria a su esencia, es acusada de levantar personas, de torturar, de incriminar y de desaparecer con total impunidad.

Salió peor, pues, el remedio que la enfermedad, cuando el baño de sangre no termina y la violencia convierte a Veracruz en otro Tamaulipas, en otro Michoacán, en otro Guerrero. Pero aquí, con la agravante que quien debe cuidar al pueblo, lo agrede y lo sumerge en el miedo.

Creada a un alto costo, integrada por los mejores elementos, los más aptos, la élite, los seals jarochos, la Fuerza Civil sería el equipo policíaco que traería, supuestamente, la tranquilidad y recobraría la seguridad perdida. Así lo vendía la pandilla duartista.

Dice su lema: “En alianza con las fuerzas federales, hemos construido un modelo ejemplar de combate a la delincuencia, mexicanos con gran determinación y firmeza que hoy cuentan con tecnología de punta, mejor infraestructura y armamento de última generación. Esta es la nueva Fuerza Civil de Veracruz”.

Y suena bien, pero no es verdad.

Mucho de mentira tiene la mercadotecnia. Se vende paja. Hace brillar el papel dorado y lo trafica como oro.

Así ocurre en Coatzacoalcos, en cada paso un desmán, generando sentimiento de miedo, temores fundados, terror en muchos porque no es un caso ni dos, ni son hechos aislados en que al ciudadano común se le imputa conducta criminal y sufre represión, amenaza e intimidación. Son intensos y cada día más.

Decía el gobierno de Veracruz que la Fuerza Civil era la salvación absoluta. Presumía Arturo Bermúdez Zurita (ABZ) que era la segunda corporación mejor equipada del país. Lo decía aquel 21 de octubre de 2014, en las horas previas al arranque de la nueva policía, la policía de élite del duartismo.

“Es el complemento perfecto de la Policía Estatal de Veracruz”, dijo Arturo Bermúdez, quien ese día pasaba a la historia, cercano ya el final de la inseguridad, la zozobra y la violencia que ha trastocado la vida de los veracruzanos.

Dos mil efectivos integran la Fuerza Civil, “preparados para el combate a la delincuencia organizada, contener y disminuir los delitos del fuero común y auxiliar a la población en casos de contingencia y desastres naturales”, rezaba el rollo propagandístico duartista.

Lo que no dijo Bermúdez fue que en seis meses sus rambos estarían en boca de todos, acusados de ataques a la población, de levantar gente, de imputar delitos, de torturar y de desaparecer personas.

Domingo 17. Marchan cientos por las calles de Coatzacoalcos. Acusan una oleada de violencia y la pérdida de seguridad, la tranquilidad que ya no existe, el clima de miedo porque el gobierno de Javier Duarte a estas alturas del partido ya no puede revertir el avance de la criminalidad.

Marchan desde el Hemiciclo a los Niños Héroes, en el bulevar costero, hasta el parque Independencia. Marchan mucho menos de lo que se esperaba, convocados en redes sociales, pese al amago del Mando Único Policial que pretendió disuadir a los organizadores. Pero aún así, esos pocos se hacen sentir.

Unos piden mayor seguridad y mayor número de policías. Otros acusan a la policía de desaparecer personas. Se escuchan gritos de ¡Justicia!; se oyen reclamos de ¡Seguridad!

Destaca la denuncia de familiares que afirman se llevaron a cinco jóvenes en el curso de una semana. Y responsabilizan a la Fuerza Civil.

Imputa Manuel Cruz, padre de José Manuel Cruz Pérez: “Los vecinos dijeron que llegaron patrullas de la Fuerza Civil. Diez minutos antes de donde pasó estaban patrullas de la Fuerza Civil. Fue de lunes para martes como 12:31. Ya preguntamos en todos lados pero no nos dicen nada”. Lo reseña Armando Ramos, reportero de Diario Presencia.

Acusa Trinidad Villafuerte Álvarez que su hijo desapareció hace una semana. Eran las 11:30 de la noche. Se hallaba en su domicilio. De ahí sacaron a Eleazar. Sus plagiarios portaban chaleco antibalas.

Han ido de dependencia en dependencia, de policía en policía, de MP en MP, y nadie les da razón. Oficialmente no están detenidos. Oficialmente no hay delito que se les impute. Y si los tiene la Fuerza Civil, o la Fiscalía General de Luis Ángel Bravo Contreras, alias Culín, o si ya los consignaron al juez, fue privación ilegal de la libertad, incomunicación, porque lo negaron y por el tiempo transcurrido desde que fueron aprehendidos. A menos que diga el ex procurador que se presentaron “en calidad de libres”.

Estremece el caso de Iván Arévalo y Diego Corro. Refiere Andrea López Caballero, esposa de Iván:

Viajaban la noche del sábado 16 en su Mustang amarillo. Regresaban de jugar un partido de futbol. Transitaban sobre avenida Universidad, cerca de avenida Palmas, a unos metros de Soriana. De pronto los interceptaron, los bajaron a golpes y se los llevaron.

“Nos bajaron. Yo llevaba a mi bebé. Nos tiraron al piso. Decían que eran de Fuerza Civil y nos apuntaban con sus armas. Decían que eran de Fuerza Civil pero no mostraron documentos, algo que los identificara”, señala.

El auto se lo llevaron los captores y apareció el domingo en la colonia Paraíso, cerca de donde habían ocurrido los hechos. ¿Por qué lo dejaron ahí si sería prueba del delito?

Sus captores viajaban en un auto tipo Aveo, dos camionetas Cherokee, una gris y otra blanca. La escena era observada por elementos de Fuerza Civil, dice la esposa de Iván.

Dulce Maribel Arévalo Pérez, hermana de Iván y esposa de Diego, dice que intentaron presentar su denuncia, pero había cerrazón en el Ministerio Público.

Andrea López Caballero, esposa de Iván Arévalo, acusa que en el Mustang fueron sembrados casquillos de armas de fuego. Le sembraron 18 cartuchos de un arma, acusa. Según el periodista Juan Antonio Valencia, era calibre 7.62 para AK 47 “cuerno de chivo” y 2.23 para AR 15.

Juan Antonio Valencia también difunde otra versión. Iván Arévalo es hermano de Deibi Arévalo Pérez, internado en el Cereso Regional Dupor Ostión, acusado del secuestro y muerte del empresario Rodrigo Pavón Najjar.

A Rodrigo Pavón lo secuestraron el 22 de julio de 2014 y lo hallaron embolsado el 24 del mismo mes. También se le procesa por el secuestro y violación de la acompañante del empresario, refiere Valencia

Irritados, familiares y amigos de Iván Arévalo y Diego Corro bloquearon el puente Calzadas, que es salida hacia la autopista a Minatitlán. Eran las 7 de la noche del domingo 17.

Un día después, el lunes 18, ante la falta de respuesta, impidieron el paso vehicular hacia Villahermosa, a la altura de la caseta de peaje sobre el río Coatzacoalcos.

Cerca de las 15:30 horas, un grupo antimotines de la Fuerza Civil desalojó a los manifestantes y concluyó el bloqueo.

Nada se sabe de los cinco jóvenes desaparecidos en la última semana. Acusan a grupos policíacos de haberlos levantado. No hay respuesta oficial. No esclarecen si fue levantón del crimen organizado o detención de la policía en base a alguna denuncia.

Aún así, haya delito o no, la incomunicación, la desaparición forzada, la aprehensión sin orden judicial, es lo que en el lenguaje de los abogados se denomina “violaciones al debido proceso”. Y es lo que derrumba los casos del fiscal Bravo Contreras.

Gravísima la implicación de la Fuerza Civil, los seals del secretario Bermúdez (ABZ), la policía de élite del duartismo. Los acusan ellos y los acusan otros ciudadanos, como el albañil que acudió en busca de empleo a la zona aledaña al Palacio de Justicia Federal. Le tocó el conflicto entre los grupos que se disputan el predio Santa María. Y fue detenido por la Fuerza Civil.

Sufrió amenazas. Recibió una golpiza. Le aplicaron toques eléctricos en los testículos. Una bolsa de plástico colocada en la cabeza lo asfixiaba. Oía imputaciones como “eres halcón”, “di los nombres de tus jefes”. Sentía morir pero mantuvo su verdad: simplemente es un albañil. Lo arrojaron en los terrenos del antiguo basurero con la amenaza de “si denuncias, te mueres”.

Van seis meses. No es la Fuerza Civil que presumía el secretario Bermúdez. Se le equipó como a ninguna otra, la segunda mejor preparada del país. Se hizo creer que era para proteger a la sociedad, para combatir al crimen organizado, para recuperar la paz.

Hoy está en boca de todos.

(Con información de mussiocardenas.com)

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