Los protectores de presupuesto

BISAGRA

Por José Páramo Castro

Ahora los vocingleros de los conservadores se duelen de que se gastaron 500 millones en una consulta popular porque consideran que debieron canalizarse mejor al sector salud, por ejemplo, defensores del chayo profesionales, quienes nunca dijeron nada del dinero que les daban era sustraído del presupuesto del IMSS y del sector salud.

Los 500 millones de pesos no son el único presupuesto con el que cuenta el gobierno federal, lo cual pareciera que es una noticia que les sorprenderá. Pero más allá de esta queja pueril, devela la necesidad de estar en contra de todo lo que se hace, porque nunca antes protestaron por el desvío de fondos que iba a dar a los bolsillos de los chayoteros que superan, con mucho, 500 millones de pesos.

Los detractores del gasto de la consulta consideran que hay rubros que requieren dinero, cuando en realidad todo está calculado desde hace meses. Lo cual muestra la ignorancia sobre la práctica de la administración de la que siempre han hablado, pero nunca han conocido, porque sólo expresaban halagos de un ejercicio que nunca han sabido cómo opera. Alabar a ciegas no es profesional para ningún comunicador, menos aún si se hace por dinero.

Es preferible invertir en las consultas, aunque no vaya nadie, a seguir imponiendo criterios unilaterales que ya no pueden operar en las democracias contemporáneas. Más de seis millones de personas no son pocas, son más de los que votaron por la oposición en las elecciones del 6 de junio.

La consulta es un ejercicio progresivo, que si tomamos en cuenta que es la primera vez que se realiza son muchas personas que asistieron a las urnas y que todavía creen en la democracia y ya no quieren tener yugos monárquicos cotidianos en su país.

Esos protectores del presupuesto para la salud nunca fueron capaces de denunciar a Peña Nieto y sus antecesores de mostrar sólo la fachada de los hospitales que daban por inaugurados que ni siquiera tenían concluida la obra negra, pero ahora, para darle voz y voto a la población, ponen el grito en el cielo. Su admirado Diego Fernández de Cevallos debe al erario 900 millones de pesos únicamente por el predial de su rancho en Querétaro, pero no consideraron nunca digno de mencionar el tema, porque era amigos de quienes les daban dinero para callar.

Esos extorsionadores disfrazados de periodistas deberían estar en la cárcel no sólo por recibir dinero robado de los funcionarios públicos, sino por no cumplir con su deber de informar, pero ahora quieren sentirse paladines de la verdad impidiendo el desarrollo de la democracia y cuestionando todo lo que está contra las dádivas a los medios.

Ahora ya no saben qué destino darles a esos 500 millones de pesos, el caso es que no los quieren aplicados a la consulta. Cualquier causa es mejor que la consulta, a pesar de que en cada rubro hay dinero destinado, etiquetado y suficiente. Hablan de que debe reforzarse el sistema de salud, cuando se está reforzando, y acabar de construir esos hospitales que nunca se construyeron los sexenios anteriores es un buen principio. Esos 500 millones equivalen a nueve meses de salario de los 11 consejeros electorales inútiles, o la misma cantidad de meses de salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O un año de salarios de los corruptos magistrados del Tribunal Electoral. Pero eso no afecta el presupuesto para quienes quieren seguir viendo el pasado como futuro.

La educación tiene su propio presupuesto donde no aparecen deficiencias, pero en educación nunca fueron capaces de denunciar que el titular de esa dependencia, Aurelio Nuño, gastó en 2017, mil 963 millones de pesos en comunicación social, de acuerdo con la Cuenta Pública correspondiente a ese año, porque quería ser candidato del PRI a la Presidencia. Es decir, el equivalente a cuatro consultas populares, pero ahí nadie decía nada porque buena parte era repartida a los comunicadores, un dinero que correspondía a fortalecer el sistema educativo.

Que busquen pretextos más congruentes a la hora de criticar una Consulta popular que puede convertirse en una manera de decidir el rumbo del país, porque sólo se abstienen a quienes les gusta que otros decidan por ellos, dependientes de voluntades que consideran superiores, porque el que paga manda.

A ellos no les indigna que se gasten 500 millones en una consulta, sino que ese dinero no esté en sus cuentas, esa la razón de aparentar que les preocupa el destino del dinero de los mexicanos.

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