Los tentáculos de García Luna

Cobran del Presupuesto

Los presidentes de fundaciones no lucrativas también obtuvieron mucho de la relación y defensa del policía sujeto a proceso en Estados Unidos

Por Ángel Álvaro Peña 

La Secretaría de la Función Pública ordenó a los Órganos Internos de Control de diferentes dependencias federales ubicar a los funcionarios cercanos al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, a fin de conocer si tienen información relevante del gobierno federal, pero no para presentarlos como cómplices del policía mexicano procesado en Estados Unidos.

Dicha instrucción fue girada a la administración pública el 9 de abril y tenía como plazo el 10 de abril antes del mediodía para “elaborar el plan de trabajo a distancia de la SFP”.

Como se sabe, hay muchos desechos de la corrupción que anteriores regímenes dejaron incrustados en la burocracia, en todos sus niveles.

La orden se da cuatro meses después de que el Presidente ordenó “limpiar” al gobierno federal de personas “cercanas” a García Luna. La instrucción es una prioridad durante el trabajo a distancia, por la cuarentena provocada por el Covid-19.

El semanario Proceso publicó en días pasados que la orden del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue suspender a todo funcionario que hubiera tenido nexos con García Luna.

El semanario señala que dicha orden no ha sido acatada por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, excolaborador estrecho del actual canciller, Marcelo Ebrard Casaubón.

Ávila Pérez mantiene en su cargo a Arnoldo Avilés Gómez, actual encargado de adquisiciones y licitaciones para la operación de las prisiones de máxima y mediana seguridad como El Altiplano, en el Estado de México. En un lugar clave donde puede ser el eje de privilegios para algunos y canonjías personales

Arnoldo Avilés fue Subdirector de Análisis en la Agencia Federal de Investigación entre 2001 y 2006, justo cuando García Luna era el titular de esa instancia policial perteneciente a la PGR.

El semanario señala que al menos otros 16 servidores públicos que dependen directamente de la Secretaría de Seguridad están bajo investigación por supuestos vínculos con Genaro García Luna.

Pero no sólo debe investigarse a fondo a los cómplices dentro del sistema, hay otros que no cobran en el gobierno, pero fueron beneficiados por el policía. Ahí está, por ejemplo, el propio expresidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, que debe saber mucho y gozado de los beneficios de un funcionario tan corrupto como García Luna.

Pero, además de todo ellos, que no son pocos, están a la vista presidentes de fundaciones que se enriquecieron por el simple hecho de apoyar al policía sujeto a proceso, y hubo quienes aseguraban que era el mejor jefe policiaco que había tenido el país.

Ahí hay un grupo de cómplices de García Luna que están parapetados en las fundaciones y que casualmente se convirtieron, de la noche a la mañana, en detractores del sistema, simplemente porque ya no recibieron las ganancias que anteriormente recibían con los gobiernos del PAN y del PRI.

Existe un sinnúmero de artículos periodísticos, notas, reportajes y hasta libros donde se señala la complicidad de estos dirigentes de fundaciones que les limpian el desprestigio de haber armonizado con García Luna, y obtenido uno que otro favor también.

Uno de los casos más conocidos es el de la odontóloga María Elena Morera, presidenta de Causa Común, cuyo hijo, Juan Pablo Galindo Morera, trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública a pocos meses del inicio de la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa, según el portal Viceversa, el hijo de Morera percibía un salario de 78 mil pesos mensuales a pesar de que apenas cursaba el noveno semestre de la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad Anáhuac.

Juan Pablo Galindo Morera siguió trabajando como Director General Adjunto dentro de la Policía Federal, dentro de la unidad de inteligencia y con un sueldo mensual bruto de 127 mil 300 pesos hasta el final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Este medio también señala a Isabel Miranda de Wallace, de Alto al secuestro, y a Fernando Martí, a quien se dice que fue amenazado por el propio García Luna, para que dijera públicamente que el policía hacía bien su trabajo.

Así como sucedió con la acusación contra Florence Cassez, también se encarceló a inocentes en el caso del presunto secuestro del hijo de la excandidata del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Fundación Alto al secuestro, quien es otro pájaro de cuenta en este ejercicio de las fundaciones.

Resulta que por la necesidad de fabricar culpables en el caso Martí, se encarceló injustamente a Lorena González Hernández, quien estuvo siete años presa y fue puesta en libertad en julio de 2015, luego de que el juez 32 penal del Reclusorio Preventivo Sur, Jesús Ubando López, decretara su libertad por “insuficiencia probatoria”. La procuradora Ernestina Godoy reconoció que se violentaron los derechos humanos de Lorena al señalarla como miembro de la banda delictiva La Flor.

Por otra parte, existen muchas dudas sobre la versión de la empresaria de espectaculares, Isabel Miranda de Wallace, que asegura que su hijo fue secuestrado. Al respecto se han escrito libros, muchas notas informativas, reportajes que dan cuenta de la falsedad de dicho secuestro y asesinato. Mientras esto se aclara con seriedad, lo que es público y evidente fue la complicidad en esta versión personal del supuesto asesinato de su hijo del entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.

En el caso del hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace, todo hace suponer que se trata de un mito. El libro de Guadalupe Lizárraga y los artículos periodísticos de Anabel Hernández y Ricardo Raphael, entre otros muchos, recopilan una serie de datos como para dudar de que ese asesinato haya sido verdadero.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, señaló que el expresidente Felipe Calderón ejerció presión sobre él en los casos de la guardería ABC y contra la liberación de Florence Cassez, acusada de secuestrar a Hugo Alberto Wallace, declarado oficialmente muerto.

Hay mucho que investigar sobre la verdadera relación de estos personajes con Genaro García Luna.

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