Lydia Cacho, ante la perversa justicia de la Suprema Corte

Por: José Lima Cobos

Lydia Cacho, con Los Demonios del Edén, sufrió la agresión más deleznable que se le puede inferir a una luchadora social , porque desenmascaró a toda una cauda de pederastas, entre ellos al ex líder del Senado de la República, Emilio Gamboa, “dale para atrás, papi”, le ordenaba el industrial y empresario poblano, aliado del gobernador Mario Marín –impuesto como gobernador por Melquiades Morales–, en cuya connivencia monstruosa no eran ajenas los órganos jurisdiccionales responsables de impartir justicia.

Por ello, no es casual y menos una excepción que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya aceptado atraer ese asunto, sin observar los requisitos primarios para acudir a sede internacional al reclamar la violación de los derechos humanos, pues de los antecedentes que obran, tanto en la Corte Interamericana, como en la Comisión de Derechos Humanos y demás instancias internacionales, la actitud reluctante de la Suprema Corte de Justicia para velar por esos derechos humanos era ostensible, es decir, unos ministros enriquecidos con los más altos salarios habían acreditado y es hecho notorio que a raíz de las varias condenas contra México, que se daba por descontado que de nada servía que se prolongarse la impartición de la justicia internacional , cuando la conducta omisiva y complaciente del más alto tribunal de la nación, que negó la protección federal, ha nada positivo conduciría a la justiciable.

Así es que lo que los jueces nacionales no vieron por sus largas narices –aunque cuenten con autonomía e independencia para manejar el presupuesto, carecen de conciencia jurídica y responsabilidad social–, por lo mismo, el acontecimiento de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox tiene que ser resarcido hoy mediante una disculpa pública y la indemnización respectiva ante la complicidad y silencio de impartir justicia, pero esta responsabilidad sólo involucra al presidente de la República.

Si bien la exigencia de la condena es que se castigue a todos los responsables, es de esperarse que se aplique estrictamente la ley, por actos u omisiones pero a todos sin excepción, incluyendo a los ministros, jueces y magistrados que participaron en todo el entramado judicial , pues 13 años después no es admisible que sólo la persona moral “Estado mexicano” sea el que dé la cara, constriñéndose a que el presidente de la República haga el reconocimiento público de daño ocasionado, cuando en la división de poderes, establecidas en la Constitución, deben ser todos los responsables y las conductas omisas sean sancionadas de manera tal que se garantice la no repetición, lo que conduciría a que en el futuro no sea el desprecio a esos derechos lo que permee a la nación, porque los casos de Rosendo Radilla, Castañeda y los que se acumulen, no sigan constituyendo el hazmerreír de los auténticos responsables, que son los que imparten justicia.

Sólo si se procede involucrando a todos, presidente de la República, Suprema Corte y Congreso de la Unión, de esa manera se podrá acreditar que no habrá repetición de actos tan infames y condenables contra los derechos humanos, de otra suerte se estará viviendo en la simulación y el engaño, pues es fácil causar el daño y, por ejemplo, los ministros ya jubilados que negaron el amparo a la periodista, se frotan las manos cuando deberían ser llamados a cuentas para que la indemnización que pagará el Estado, sean ellos los que la cubran, pues su falta de eficiencia, honestidad, profesionalismo y demás principios que se privilegian en la impartición de la justicia, no fueron observados a cabalidad y si se prueba el crimen, que su consecuencia sea el castigo.

Así la cosas, sí el país está comprometido con la Constitución política y con los tratados internacionales que ha jurado cumplir y respetar, tiene la obligación de seleccionar a los mejores servidores públicos, sabedores todos de que las consecuencias por sus actos u omisiones, es su responsabilidad que se comparte de manera solidaria con el Estado y nadie puede alegar ignorancia, pues si no es apto para el ejercicio público que no participe de los remuneraciones que la nación cubre por su servicio, de ahí que si no hay castigos ejemplares, la complicidad y la impunidad seguirá prevaleciendo.

Sin una sanción ejemplar a quienes violen los derechos humanos estos actos se seguirán cometiendo, de ahí la resistencia a que el Ejército esté en las calles y contribuya a combatir la criminalidad, porque si la justicia no está alcance de la sociedad, por jueces irresponsables, la desconfianza se fortalece.

limacobos@hotmail.com

Twitter :@limacobos1

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