Morir predicando en México

Era un hombre alto, algo corpulento, de cabello negro muy corto y piel muy morena, que hacía que resaltara su tradicional camisa blanca. En 2008 llegó desde Uganda y fue a parar al estado de Guerrero, tenía entonces 54 años y había sido destinado como sacerdote a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, hasta que desapareció.

Se llamaba John Ssenyondo, era misionero camboniano. El 30 abril de 2014, después de oficiar una boda en la pequeña comunidad indígena de Nejapa, en Chilapa, -un lugar incrustado en el centro de la zona montañosa de Guerrero-, unos hombres armados llegaron por él y se lo llevaron.

Seis meses después, sin querer, encontraron su cuerpo en una fosa clandestina en el mismo municipio de Chilapa, cuando pobladores buscaban a sus familiares desaparecidos en la zona. Había sido enterrado junto a otras 13 personas y los cuerpos presentaban rastros de tortura.

Cuando fue asesinado tenía 60 años de edad. Antes de ser trasladado a la iglesia de Nejapa, había trabajado durante un tiempo en la parroquia de Tlacotepec, en la comunidad de Los Hoyos, municipio de Heliodoro Castillo, un lugar también peligroso.

Nejapa y Tlacotepec, los dos lugares en que estuvo Ssenyondo, se ubican en regiones estratégicas para el cultivo de amapola y la instalación de laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas. La disputa por el territorio entre grupos criminales modificó la tranquilidad de la zona desde 2008, con enfrentamientos, asesinatos, secuestros, extorsiones y hasta la expropiación ilegal de bienes por parte de los delincuentes.

Se trata también de zonas con altos índices de pobreza y marginación, en donde los pobladores rezan para que el agua no les falte a sus sembradíos, en donde muchas de las calles no están pavimentadas y muchas casas tienen techos y puertas de lámina. Allí, en ese lugar, a pesar de la sangre y las presiones, a pesar de que le robaron su carro y varios enseres de la iglesia, John Ssenyondo siguió trabajando y nunca pidió su cambio. Allí lo mataron.

A casi dos años de su asesinato, las razones del crimen del padre misionero camboiano aún no han sido esclarecidas por las autoridades y mucho menos los responsables detenidos. Pero para los habitantes de Chilapa no hay duda, tampoco para la iglesia local, su muerte fue el resultado de meses de roces con el grupo criminal de “Los Rojos”, que lo habían declarado una persona non grata.

Este no es ni el primero ni el último caso en el país. Desde 1990 hasta el 2015 se han documentado 51 crímenes contra miembros de la iglesia en México, entre los que se cuentan un cardenal, 39 sacerdotes, un diácono, tres religiosos, cinco laicos, un sacristán y una periodista católica; además de dos sacerdotes desaparecidos.

Y es que asesinar a un sacerdote, un diácono o a un religiosos tiene un objetivo para el crimen organizado, de acuerdo al patrón que han seguido los casos ocurridos en el país. Se pretende, con su muerte, generar terror en la población y eliminar a un líder que une a la comunidad, para desarticularla y volverla vulnerable. Tal y como ocurre con otro tipo de líderes comunitarios.

Según el informe de la agencia Fides -órgano de información de las obras misioneras pontificias-, en el 2014 México volvió a encabezar la lista de América Latina, como uno de los países más violentos y peligrosos para el sacerdocio, registrando cinco asesinatos, lo que representó casi la tercera parte de todos los crímenes de clérigos ocurridos en el mundo en ese año.

Salvo el padre John Ssenyondo, que era misionero camboniano, los otros cuatro religiosos muertos en 2014, a consecuencia de la violencia o de su trabajo pastoral en México, eran diocesanos: el padre Rolando Martínez Lara fue asesinado en Canalejas, estado de México, durante un aparente robo en su parroquia; el seminarista Samuel Gustavo Gómez Veleta, de tan sólo 21 años, fue secuestrado y asesinado en Chihuahua durante Semana Santa; el sacerdote de 42 años José Acuña Asención Osorio, fue asesinado en San Miguel Totolapan, Guerrero, y su cuerpo fue encontrado en las aguas del río Balsas, y el clérigo Gregorio López Grosotieta, de 39 años, fue secuestrado y asesinado en el municipio de Tlapehuala, en la región de Tierra Caliente también de Guerrero.

Se incrementan los ataques

Aunque durante el sexenio del Felipe Calderón 17 sacerdotes fueron asesinados, una cifra que fue catalogada como alta a nivel mundial, las muertes registradas durante el gobierno actual amagan con superar el saldo de su predecesor. Y es que en la administración de Enrique Peña Nieto los ataques contra sacerdotes aumentaron 400%, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial (CCM). En tan sólo tres años de gobierno han sido asesinados once curas de manera violenta, mientras que otros dos permanecen secuestrados.

En su trabajo titulado “El riesgo de ser sacerdote en México”, el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame) indicó que de acuerdo con los datos del reporte del CCM, la tendencia de atentados contra sacerdotes registró un alza de 120% en los primeros tres meses del 2015, en comparación con todo el tercer año de la administración anterior.

Coincidentemente el Papa Francisco visitará cuatro de los estados mexicanos considerados por la iglesia como de los más peligrosos para la vida religiosa, por el registro de agresiones que existen: el estado de México, Michoacán, Chihuahua y la Ciudad de México. Y se prevé que sea en Morelia donde el máximo jerarca de los católicos hable sobre los riesgos del trabajo pastoral y los desafíos que enfrenta ante los ataques que existen en México y que las autoridades mantienen en la impunidad.

Pero para la iglesia católica, en realidad considera la mitad del país como peligrosa para ejercer un trabajo pastoral, en su lista aparecen los estados de Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Durango, Colima, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco y Coahuila.

No obstante, los asesinatos y secuestros no son el único temor al que se enfrentan los clérigos en México. De acuerdo con los reportes, los miembros de la iglesia también son víctimas de extorsión, robos o ataques a balazos; además de las amenazas de muerte, que en el último lustro se incrementaron un 113%.

Según una publicación del diario El País, de 2005 a finales del año pasado, 3 mil 220 templos, entre ellos, la Catedral Metropolitana, habían sido profanados. Los daños causados, tan solo por irrupción y vandalismo contra imágenes sagradas, mobiliario y objetos religiosos, se estima en 10 millones de pesos.

Eje Central

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