No hay “misión cumplida” en Veracruz

Veracruz es ya uno de los estados más violentos de México. Durante las últimas dos administraciones estatales, los habitantes de esta entidad hemos sido testigos y víctimas de una creciente y virulenta delincuencia. Hemos visto cómo redes criminales, que se amparan en la violencia, en las complicidades y en la impunidad, han cambiado el rostro de nuestro estado. Han sangrado económicamente a una población indefensa y han convertido a Veracruz en un camposanto.

Mientras el ejecutivo próspero informa, en su mundo de fantasía, que los índices delictivos se han reducido en Veracruz, señalando que delitos como secuestros, cobros de piso y extorsiones, están muy por debajo de la media nacional, el sector empresarial, la Iglesia católica y millones de ciudadanos refutan los números alegres del Gobernador.

Esta declaración no tiene sustento toda vez que levantones, desapariciones, secuestros, asaltos, cobros de piso, asesinatos, ejecuciones, balaceras, y un largo etcétera de hechos delictivos, ocurren a diario en todos los municipios a lo largo y ancho del territorio estatal.

Aunque el jefe del ejecutivo insista en que los números de los índices delictivos van a la baja, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa Común, señala que nuestra entidad se ubica en los primeros lugares en delitos de alto impacto señalando 565 homicidios dolosos, casi 100 secuestros. 5 mil 38 robos con violencia y 5 mil desaparecidos, aunque Duarte afirme que “sólo son 500”.

En Veracruz, la violencia se expresa en sus formas más crudas. Así, hemos visto durante las últimas semanas como se han disparado los delitos por todos lados, desde la desaparición a manos de la policía estatal de 5 jóvenes de Playa Vicente, el asesinato de 2 policías ministeriales en el sur para recuperar a un delincuente que era trasladado a un penal, fosa clandestina en El Lencero con 22 cuerpos, según se dice.

Se ha encontrado a encostalados en Cumbres de Maltrata, ha habido más de 50 ejecutados sólo en las últimas semanas, llegando la delincuencia organizada, a burlarse de la autoridad al tirar tres cadáveres en plena autopista, hacia el rumbo de Corral Falso.

Lo cierto es que los veracruzanos llevamos más de 11 años siendo golpeados por la delincuencia. En estos tiempos no hay familia en la que alguno de sus miembros no haya sido víctima de algún delito.

La inseguridad nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos de vida, incluso los más arraigados. La inseguridad ha atentado contra nuestras formas más esenciales de convivencia, ha trastocado el flujo normal de nuestras actividades y ha limitado, sin duda, el desarrollo económico de nuestra entidad.

Nuestras autoridades de seguridad pública, de procuración y de impartición de justicia, han sido avasalladas, cuando no cooptadas por las redes criminales cuyas ramificaciones, según expertos en el tema, alcanzan los niveles más altos.

La fidelidad y la prosperidad nunca pudieron o quisieron consolidar instituciones fuertes, funcionales, que pudieran combatir con eficacia la delincuencia. Hemos atestiguado una incapacidad persistente de un estado integrado por individuos que, en su mayoría, no tienen el menor ánimo por construir y preservar un clima de paz y estabilidad, y que se han dedicado, sin rubor, a saquear el erario público.

Por eso es que el sentido de vulnerabilidad que existe entre los ciudadanos se extiende a cada faceta de sus vidas, abarcando desde preocupaciones sobre el empleo y la salud, hasta la percepción de que vamos de mal en peor en todos los aspectos. Se vive en un auténtico estado de indefensión, con autoridades corruptas e incapaces, que incluso se coluden con la delincuencia.

Entre la población, la inseguridad agudiza el temor de viajar del hogar al trabajo o a la escuela, a ser atacado en el propio hogar, a salir a divertirse por las tardes o por las noches, a no saber si se regresará con bien a casa.

Mientras todo esto sucede, escuchamos a un gobierno que piensa que con declaraciones resuelve este gravísimo problema. Que se mofa, que se burla de un pueblo que vive en la angustia, harto de esta situación. Un gobierno corroído por la corrupción, por la ineficiencia, por la incapacidad.

Ante el clamor ciudadano por el cambio de los responsables de las dependencias públicas del ramo, el gobernador responde con soberbia que lo están haciendo bien, que primero se va él que el secretario de despacho. Existe un divorcio pleno entre una sociedad que demanda acciones concretas para combatir la delincuencia y un gobierno que nomás no ve ni oye a la ciudadanía.

Mucho le debe este gobierno a sus ciudadanos y ya no hay tiempo ni interés por parte de éste para resolver la problemática. Al ciudadano no le queda de otra que organizarse para defenderse, en lo que falta de esta administración no existe otro camino para salvaguardar lo más preciado, la vida y el patrimonio.

En materia de seguridad, como en todos los renglones de la vida pública, la prosperidad no ha cumplido.

Sociedad 3.0

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