No procede juicio político contra Javier Duarte, dictaminan diputados locales

Las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, dictaminaron este martes, la improcedencia de la solicitud de juicio político en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Desde las 9 de la mañana de este día y hasta poco después de las 11:30 horas, se reunieron los diputados integrantes de ambas comisiones y cuatro de ellos, de los seis, llegaron a la conclusión que no hay condiciones jurídicas para someter a juicio político al gobernador de Veracruz.

El dictamen se entregó a la Secretaría General del Congreso del Estado para su sobreseimiento.

De los seis diputados integrantes de ambas comisiones cuatro llegaron a la conclusión que la solicitud presentada por el grupo legislativo de Acción Nacional no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Los diputados del PRI, Ciro Gonzalo Félix Porras, Juan Manuel Velázquez Yunes y Maco Antonio del Ángel Arroyo; y el legislador del PVEM, Eduardo Sánchez Macías, votaron en contra.

Los legisladores panistas, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia y Domingo Bahena Corbalá votaron en contra y emitieron un voto en particular.

En la solicitud de juicio político, los diputados panistas propusieron inhabilitar por 20 años al titular del Poder Ejecutivo y presentaron pruebas como las observaciones a la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014 por parte de la Auditoría Superior de la Federación; los adeudos que enfrenta el Gobierno del Estado con proveedores, con prestadores de servicios, con la Universidad Veracruzana, con el Órgano Público Local Electoral, con el Poder Judicial; la impuntualidad para pagar las pensiones a jubilados; la crisis de inseguridad que prevalece en la entidad y el asesinato de periodistas.

Lo que ambas comisiones analizaron es que si el denunciado es servidor público; si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerita incoar el procedimiento.

Debido a que la denuncia no satisface los requisitos, se determinó el sobreseimiento de la misma, y se habrá de notificar personalmente al denunciante a través de la Secretaría General.

El diputado Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, presidente de la comisión de Gobernación, aseveró que fueron “mayoriteados”, ya que el dictamen obtuvo 4 votos en contra y dos a favor.

Los cuatro legisladores que votaron en contra argumentaron que la solicitud es “electorera” y reconoció que era de esperarse que se impondría la mayoría.

Si bien es cierto –agregó— que las observaciones a la cuenta pública del 2014 por más de 14 mil millones de pesos se encuentran en proceso de solventación, es una pete de los más de 35 mil millones de pesos que se han acumulado desde el ejercicio fiscal del 2011.

Se presentaron 176 fojas útiles dos carpetas con diversos actos de prueba.

Mientras que Eduardo Sánchez Macías, diputado y vocal de la Comisión de Gobernación, manifestó que en lo que se refiere a las observaciones a la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2014, aún no concluye el proceso de solventación, y hasta el momento, no hay una denuncia ante la Procuraduría General de la República por daño patrimonial.

“Por lo tanto, no se sustentada jurídicamente (la solicitud de juicio político) y no hay elementos para sustentar un voto a favor, por lo tanto, el voto de los cuatro compañeros fue que no procede el juicio político”.

Respecto a la crisis económica que enfrenta la actual administración estatal que se ha reflejado en el incumplimiento de pagos, Sánchez Macías, sostuvo que se le está dando curso a esa situación y mientras no haya una acción jurídica o penal originada por una negativa rotunda de no pago.

“Todavía el Gobierno del Estado no dice que no va a pagar; está cumpliendo con esas obligaciones; no podemos juzgar algo de manera irresponsable. Si alguien tiene un crédito con el banco y al momento de decir que ya no va a pagar, en ese momento se genera una situación penal. El gobierno tiene un problema económico pero nunca ha dicho que no va a pagar”.

Los legisladores no pueden basar sus resoluciones en dichos, sino en hechos e insistió que el asunto de la ASF está en proceso; que el gobierno del estado sigue pagando y cubriendo los adeudos.

versiones.com.mx

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