Ofrece PGR 19 millones de pesos a quien ofrezca información sobre paradero de 13 veracruzanos secuestrados

Veracruz, Ver.

De las últimas recompensas ofertadas por la Procuraduría General de la República (PGR), por datos que ayuden a encontrar personas desaparecidas en el país, destacan 13 veracruzanos por quienes la fiscalía ofrece 19 millones 500 mil pesos.

Se trata de víctimas de secuestro denunciados desde 2011, 2012 y 2013, es decir, en plena crisis de la inseguridad en el estado gobernado por Javier Duarte de Ochoa, para quien en Veracruz solo roban “frutsis y pingüinos”.

Ese periodo coincide con los datos reportados por el gobierno federal, en su Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la baja de delitos de alto impacto para la entidad, como enfrentamientos, matanzas, pero también, con el alza considerable de secuestros y extorsión.

Las recompensas igual son para quien proporcione información que ayude a detener a los autores de esas desapariciones. Es decir, millón y medio de pesos si se encuentra al reportado, y a parte, otro millón y medio si se logra detener al secuestrador.

Esta información se encuentra en una serie de acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su última edición, y son esfuerzo de las familias de las víctimas, cansadas de la inoperante Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora convertida en Fiscalía y representada por Luis Ángel Bravo Contreras.

Los nombres por quienes la PGR ofrece esas sumas millonarias por la proporción de alguna información son los de Mauricio Aguilar Leroux, originario de Saltillo, secuestrado en 2011, en la Concepción, municipio de Cuitláhuac.

Josefina Campillo Carreto, ausente desde enero 2011 en su domicilio, en el municipio de Actopan. En ese misma fecha y lugar desaparecieron sus hijas, Johana Monserrat y Karla Verónica Castro Campillo, y la empleada doméstica Aracely Utrera Acosta.

Ámbar Nayeli Suárez Rivera, de 24 años estudiante del noveno semestre de la carrera de Odontología, de la Universidad Veracruzana, en el puerto de Veracruz, desapareció el 2 de octubre de 2012. Sus padres desde entonces mantienen una búsqueda por todo el estado y que no ha dejado resultados.

La pareja formada por Ilse Janeth Cervantes Preciado y José Adalberto Leal Uribe, así como la hija de ambos, la menor Renata Janet Leal Cervantes. No se sabe de los tres desde el pasado 28 de agosto de 2011, en Córdoba.

Esa misma fecha, en el mismo municipio, desapareció Ernesto Alonso Ángulo Lugo, por quien también se oferta una suma de dinero por datos para encontrarle.

Se agrega Mario Manuel Espinosa Llinas, desaparecido el 12 de enero en Boca del Río, al salir de su trabajo, en un popular antro.

También la pareja integrada por Roberto Carlos Casso Castro y su novia, Cynhia Lisseth Vicencio Delgado. Ellos desaparecieron camino a Huatusco, cerca de Tamarindos, el 24 de diciembre de 2011. Casso Castro era maestro de Bachilleres de Veracruz y empresario en su natal Huatusco.

Marion Ivvet Sampayo Aguilar fue secuestrada el 14 de enero de 11 en Poza Rica.

Fernanda Rubí Salcedo Jímenez, desaparecida el 7 de septiembre de 2012 en Orizaba.

Diego Manuel Minguez Hernández y Evangelina García Salazar, secuestrados el 24 de septiembre de 2010.

Se suma Juan José Rivera Ballinas, nativo de Fortín, y perdido cuando realizaba compras en Córdoba, el 16 de febrero de 2013.

El agente aduanal Jonathan Celma Rosales, llevado de su casa en el fraccionamiento Reforma. Los secuestradores cobraron 50 mil pesos por su libertad pero no lo devolvieron. Tampoco a su novia, llevada en el mismo evento.

La Marina incautó, meses después, en una casa de seguridad en el fraccionamiento Costa Verde, sus credenciales, y detuvo a dos centroamericanos que presuntamente estaban plagiados.

Cuando la familia intentó hablar con los migrantes, la Marina ya los había canalizado a Migración, con lo que se comprueba la nula, poca, coordinación entre autoridades para colaborar en investigaciones que ayuden a encontrar a ciudadanos desaparecidos.

La lista termina con Luis Guillermo Lagunes Díaz, El DJ Patjas, sacado por la fuerza de su casa en Veracruz. Sus familiares no han logrado acceder al registro bancario por la deficiencia de las autoridades para presentar oficio ante las instituciones bancarias en las cuales los maleantes retiraron dinero usando sus tarjetas de crédito.

En todas las averiguaciones previas la Procuraduría General de Justicia que representa Luis Ángel Bravo Contreras, se ha mantenido ajeno e indiferente a la exigencia de justicia de la familia que clama conocer cuál fue el fin de sus seres amados.


Con información de Plumas libres

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