Pemex es experta pero cederá campos que generaban 35% del ingreso nacional a IP

Poza Rica, Ver.

La reforma energética coloca a pueblos indígenas, ejidos y comunidades en desventaja frente a contratistas, afirma la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) y reitera su oposición a métodos de extracción nocivos, además de que señala vicios en los procesos de licitación de las áreas de producción de hidrocarburos.

Integrantes de la AMCF manifestaron su rechazo al proceso a las licitaciones de la Ronda 1 y al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, las cuales se llevaron a cabo de manera alejada al escrutinio público, en una sede en que no fue confirmada sino hasta el mismo día del evento, según comentó Francisco Cravioto, investigador de Fundar e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, señaló su preocupación por que Petróleos Mexicanos (Pemex) se abstuviera de participar en este proceso, declarándose descapitalizada, según lo señaló el propio director general de la empresa,
Emilio Lozoya Austin. “Paradójicamente, lo que se repartió fueron 14 áreas de licitación en aguas someras en las costas del sur de Veracruz, Tabasco y occidente de Campeche, precisamente el tipo de campos en los cuales Pemex es reconocido internacionalmente por su experiencia y por sus bajos costos de producción” señaló.

Advierte que los ingresos producto de la explotación de estas áreas, representaron alrededor de 35% de los ingresos del Estado en años recientes, por lo que indudablemente, al quedar fuera de la participación, tendrá un efecto en las finanzas públicas.

Es de extrañarse la posición de los funcionarios de la empresa en un área en la que tienen mayor experiencia, por lo que preocupa lo que ocurrirá en las siguientes cuatro fases de la Ronda 1, en las que se ofertaran yacimientos en el Golfo de México, recursos convencionales en tierra y otra de recursos no convencionales; este último de mayor preocupación, pues es donde existe el riesgo de que sean explotados con la técnica de la fractura hidráulica.

Por otra parte, Manuel Llano, de Cartocritica.org dijo que el pasado 2 de julio, la Secretaría de Energía (Sener) publicó un Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, en el cual se plasma un ambicioso proyecto transexenal de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos que abarca 3 millones de hectáreas, equivalentes a 7.4% de la superficie terrestre del país; a lo que se deben sumar otras 11 millones de hectáreas ubicadas sobre las aguas del Golfo de México.

El investigador denunció que dicho mapa no es descargable en datos abiertos, en franca violación de la normatividad vigente y los compromisos que ha asumido la Sener en el marco del compromiso 22 de la Alianza para el Gobierno Abierto.

De acuerdo con el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades de exploración y extracción de los mismos son consideradas de utilidad pública, al servicio del interés social y orden público, así como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, por lo cual deberían estar disponibles a la población.

Óscar Espino, de la Red Unidos por los Derechos Humanos, señaló que al desconocer a exactitud estos términos, se vulnerarán los derechos de las comunidades, especialmente las indígenas, incluyendo los derechos a la vida, la salud, el vivir en un medio ambiente sano, el derecho al agua e inclusive la propiedad; temiéndose violaciones a los derechos al territorio, la autodeterminación y cultura.

Resaltó que también se viola el derecho a participar en decisiones públicas, en virtud de que no existió nunca una consulta para aprobar la reforma energética. “Tampoco hubo consulta para licitar estos campos. La consulta proyectada por la
Ley de Hidrocarburos no es más que un trámite realizado a posteriori de la entrega de permisos, sin plena información sobre el proyecto y sus afectaciones y que no tiene carácter vinculante sobre el Estado o el contratista privado; esto es, los proyectos proceden aunque las poblaciones indígenas nieguen su consentimiento” señaló Espino.

Aroa de la Fuente también se refirió a lo anterior y dijo que “es sumamente preocupante que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Sener y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hayan negado, tras múltiples solicitudes de información, entregar las coordenadas exactas de las áreas asignadas a Pemex en la Ronda 0 y aquellas que se otorgarán como parte de los contratos de la Ronda 1”.

La Alianza Mexicana contra el Fracking reiteró que continuará exigiendo al Estado mexicano la prohibición del fracking e informando y apoyando los procesos de defensa de las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por esta amenaza que se cierne sobre sus territorios.

Ausencia de Pemex sienta mal precendente

Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar, señaló que es preocupante que Pemex “prefiere dejar a actores privados repartirse la riqueza de todas y todos los mexicanos. “La ausencia de Pemex en estas licitaciones sienta un mal precedente que tendrá consecuencias para las finanzas públicas puesto que, en los últimos años, representaron alrededor de 35% de los ingresos del Estado”.

(Con información de La Jornada Veracruz)

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