Policías de Medellín fueron acreditados por el Secretario de Sefuridad Publica, Arturo Bermúdez

* El alcalde pide a la PGR atraer el caso * Las autodefensas, la pista olvidada * El vínculo policías-crimen organizado * “Culín” entrampa al secretario de Seguridad

Arturo Bermúdez Zurita no tiene una policía confiable. Es acreditable y también delictiva. Está implicada en secuestros y crímenes, acoso y tortura. Le hallan vínculos con el crimen organizado. Y ahora la acusan de la desaparición del periodista José Moisés Sánchez Cerezo.

Día 12. Nada se sabe del editor, reportero y fotógrafo del semanario “La Unión”, combativo informador que recoge las demandas sociales en su pueblo, El Tejar, en la cabecera municipal Medellín de Bravo, y las zonas residenciales, y retrata la violencia derivada de la inseguridad que produjo un muerto, dos heridos, dos desaparecidos y el miedo entre toda la población.

Doce días después, el escenario sigue igual. Moisés Sánchez puede estar vivo, en medio de la polémica y las versiones que apuntaban a que uno de los tres cadáveres hallados en Miralejos, municipio de Soledad de Doblado, el lunes 5, era el suyo. Su hijo Jorge Sánchez Ordóñez realizó el reconocimiento y lo descartó.

Aún así, versiones de prensa, unas publicadas, otras simplemente trasladadas en las redes sociales, sostienen que el cuerpo mostrado a los familiares no corresponde al hallado en Soledad, obvia la intención de evitar que Moisés Sánchez pase a ser el undécimo periodista asesinado durante el gobierno de Javier Duarte.

En el día 10, el 12 de enero, el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, implicado por el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, como autor intelectual, abrió la boca y sacudió la estructura policíaca y los espacios mediáticos.

Repitió en su comparecencia ante el Ministerio Público que nada tenía contra el periodista, que eran amigos, que respetaba su crítica y que lo acusan sin prueba alguna.

Nada más difícil de creer. Pasa por alto el alcalde panista que el semanario “La Unión” y el blog en internet registra la tirantez entre Omar Cruz y Moisés Sánchez, los atropellos al pueblo, el abandono de los servicios públicos y el abuso en su cobro.

Moisés Sánchez lo increpa en los medios de comunicación que dirige y cara a cara. Siendo presidente de la junta vecinal, demandaba acciones a las que como candidato Omar Cruz se había comprometido y que en más de un año de gobierno, no cumplió.

A los medios de comunicación, Omar Cruz les repetía que es inocente, que lo implican en un “levantón” en el que nada tuvo que ver.

Un día después, el martes 13, Omar Cruz encara al gobierno de Javier Duarte y desliza una denuncia que da en el círculo rojo del gobernador de Veracruz.

Dice el alcalde de Medellín que los 13 policías arraigados por el fiscal Bravo Contreras, alias “Culín”, son de las huestes del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. “Son acreditables”, remacha.

Suelta el dardo. “Soy un chivo expiatorio”. Reclama al fiscal Bravo Contreras que sólo siga la línea de investigación que lo implica en el “levantón” por las declaraciones realizadas por los familiares del periodista. Omar “te va a dar un susto”, le habría dicho un enviado a Moisés Sánchez, expresó su hijo Jorge.

“Debe seguir todas las líneas de investigación”, insiste el alcalde de Medellín.

Dice que debe analizarse el contenido de la información divulgada por Moisés Sánchez sobre la conformación de los comités de autodefensa en Medellín y que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República.

En un momento, exhibe Omar Cruz las acreditaciones de la policía municipal, que supuestamente no existían.

“En primera instancia —punzó— se manejó que los policías municipales no estaban acreditados. Aquí les traigo a mostrar que están certificados por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz. Los primeros dos que fueron arraigados, José Francisco y Luigi, están certificados”.

E insistió, documentos en mano: “Aquí todos los certificados de los policías acreditables por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz”.

“Culín” Bravo apuesta a una tesis política: el alcalde panista de Medellín ordenó el “levantón” y lo hizo con elementos de la policía municipal. Y no sigue otra pista.

Se deslizó en un primer momento que esa corporación carecía de certificación y que por lo tanto no era “acreditable”. Se trataba de sembrar la sospecha, en tela de duda la solvencia de la corporación, presumiblemente sin aprobar los exámenes de confianza, las pruebas antidoping. Pero el argumento se fractura.

Bermúdez Zurita es un prima donna en el gobierno de Javier Duarte. Su voz es ley. Es intocable y temible. En el staff duartista es el que mayor influencia tiene sobre el gobernador.

Omar Cruz toca, sin embargo, el hilo más sensible del caso Moisés Sánchez: el fiscal implica a la policía de Medellín y eso equivale a implicar a la Secretaría de Seguridad Pública.

Bravo Contreras “retuvo” primero a dos elementos; luego ordenó el traslado de los 36 policías a Xalapa; finalmente actuó sobre 13 de ellos. Pero, contra lo que se había deslizado en un principio, sí son “acreditables”, o sea, certificados por la dependencia de Bermúdez.

Ser acreditable no es sinónimo de honradez ni ética. La policía de Bermúdez está implicada en secuestros y asesinatos. Un caso explosivo fue el del cantante Gibrán Martiz Díaz, finalista en La Voz México, levantado en Xalapa el 11 de enero de 2014, cuyo padre, Efraín Martiz Aguirre, hoy acusa al gobierno de Javier Duarte de encubrimiento.

Sus asesinos obtuvieron su libertad bajo fianza mediante el pago de 5 mil pesos cada uno, y así siguen su proceso legal. La familia es objeto de amenazas de muerte por exigir justicia.

Los casos se agolpan. En Córdoba dos meseros de un bar son levantados por la policía acreditable y días después aparecen asesinados. En Xalapa los robocops de Bermúdez arremeten contra maestros, defensores de derechos humanos y periodistas para desalojar plaza Lerdo. En Veracruz, decenas de personas acusan que sus familiares fueron levantados por elementos policíacos y no volvieron a saber de ellos. En Xalapa, una mujer policía acusa un levantón y tortura por parte de “acreditables” para forzarla a dejar su puesto de trabajo. En Atoyac, en patrullas de la policía estatal se llevaron a 20 personas en 2013 y nunca fueron halladas.

Moisés Sánchez escribía y exaltaba la conformación de las autodefensas en Medellín, lo que restaba poder a la policía acreditable de Arturo Bermúdez y le complicaba el escenario al crimen organizado. Esa pista no la sigue el fiscal Bravo Contreras.

Sin embargo, sobre los policías del secretario Bermúdez descarga todo el peso de la investigación.

“Culin”, quiéralo o no, tiene a Bermúdez bajo sospecha.

Con información de mussiocardenas.com

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