Prensa: escalan las agresiones en Veracruz

Sin nombre y sin rostro, su relato impacta. Fue amagada con un arma, sometida, llevada a un motel y ultrajada. Ahí viviría momentos para olvidar. Mancillada, aterrada, en manos de su verdugo, pudo librar una agresión mayor y la muerte.

Raúl Rodríguez caminaba despreocupado. Iba sobre avenida 1, entre la 10 y la 12, en Cuitláhuac. Se acercó un hombre que viajaba en motocicleta. “Qué fuerte está el calor —le dijo—. Por cierto ya bájale a tus notas”. Sintió el desconcierto. Y de ahí el miedo. Alzó la camisa el tipo y dejó ver un arma de fuego.

Jair Negrete transitaba en una calle del municipio de Agua Dulce. Lo acompañaba un seminarista, Fernando Salazar Casango. Una patrulla de policía se les paró enfrente. Les inventó delitos, los golpeó, los torturó. Les imputó que cometían faltas a la moral, que traían aliento alcohólico, que se resistieron al arresto, que orinaban en la vía pública. Su misión era extorsionarlos.

A Susana Leticia Arellano Narváez la asediaban varios hombres. La seguían. Los veía merodeando su hogar. Los observaba donde acudía a trabajar. Los traía siempre a distancia.

Cuatro casos con un denominador común: todos son periodistas.

Agredidos unos, amagados otros, son el microcosmos del ambiente tenso, de riesgo permanente, de peligro constante en que se mueve la prensa en Veracruz.

Ella cubre información para TV Sureste. Carga una cámara de video, busca la información y reporta los hechos noticiosos del día, lo que influye en la sociedad, las acciones de gobierno, el discurso político, la promesa del funcionario o la justificación y la demagogia.

Su pecado fue aceptar un “aventón” de un desconocido, un tipo güero, fornido, que tripulaba una camioneta de lujo.

Abordó el auto. Minutos después, el sujeto exhibió un arma y la sometió. La condujo a un motel. Ahí la ultrajó. Pudo ella en un momento activar su teléfono celular. Llamó a su jefe. Lo alertó. Apoyado por la policía, el director irrumpió en el lugar y la rescató. Del tipo que la atacó no se supo más.

Salieron a las calles sus compañeros periodistas de Acayucan. Exigen que el gobierno de Veracruz actúe y dé con el agresor. Expresaron en un comunicado:

“Veracruz es un estado de impunidad. El sábado 30 de mayo a las ocho de la noche una compañera camarógrafa-reportera fue amenazada con un arma de fuego, privada de su libertad y posteriormente agredida sexualmente.

“Ante este hecho lamentable, el gremio periodístico de Acayucan exige que se dé con el responsable y se castigue conforme a la ley. Que no se convierta en un caso más que goce de la indiferencia de las autoridades para dejarlo en un simple expediente”.

En esas andaban mientras la Fiscalía General de Veracruz ya deslizaba, vía sus personeros y textoservidores, que la culpa no es del enfermo mental que la atacó sino de la periodista. Sólo a ella se le podía ocurrir aceptar un “aventón” de un desconocido.

Y fluye la embestida. Equiparan a la víctima con una “putita” que trepó en el auto del galán, sucumbió a los elogios, disfrutó del sexo y luego se victimizó.

Raúl Rodríguez publica en el periódico El Bueno Tono, de Córdoba, aquel que fuera incendiado por sicarios que la madrugada del 6 de noviembre de 2011 tomaron por asalto las instalaciones y les prendieron fuego.

Ahí escribe. Una de sus notas aludió hace unas semanas al berrinche del alcalde de Atoyac, Agustín Mollinedo Hernández, por la derrota del equipo de beisbol local Veteranos. Se filtró la regañiza, iracundo el edil, apodado Agustín Cochinero.

Raúl Rodríguez presentó su denuncia. La Fiscalía de Veracruz dice que investiga. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas hace como que se preocupa por la integridad del comunicador.

Susana Leticia Arellano Narváez, por su parte, teme que la agredan físicamente o que la plagien. Por eso alerta. Y exige garantías.

A Jair Negrete le vaciaron una andanada tras denunciar a los policías extorsionadores, varios de ellos dados de baja del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por no haber aprobado los exámenes de confianza, pero operando en alta, abierta e impunemente a las órdenes del alcalde de Agua Dulce, Daniel Martínez.

Acusa el policía Luis Alberto López Rodríguez, alias “El Pinocho”, que halló a Jair Negrete en conducta inmoral, y desliza que el periodista es homosexual. Es esa la contraparte de la reportera que por aceptar un “aventón” y ser ultrajada es “putita”. Vaya moral de la corrupta pandilla de Javier Duarte y sus textoservidores. Usa a los rufianes para dar clases de moral.

Del policía Luis Alberto “El Pinocho” López Rodríguez hay un historial de vergüenza. Abundan los relatos de extorsión, y a quien denuncia le secuestran a sus familiares. Hay contubernio entre ese policía y la juez calificadora.

Según las versiones de habitantes de Agua Dulce, los elementos policíacos levantan a los familiares para que sean retiradas las denuncias que presentan en su contra en la Agencia del Ministerio Público. Ceder o morir.

Otros elementos de la Policía Municipal, según las versiones conocidas entre la población, tienen nexos con los cárteles. Nada raro. Todo a la vista del pueblo, solapado por el alcalde Daniel Martínez y por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

Jair Negrete, ex reportero de TV Azteca, ahora jefe de prensa de un organismo católico sobre misiones episcopales, relata en su denuncia que desató la ira del policía “Pinocho” cuando éste descubrió que era quien informaba sobre sucesos en torno a la corporación en la televisora y sobre las narcofosas halladas en Coatzacoalcos.

Alegan los policías implicados que Jair Negrete incurrió en faltas a la moral y que le rompió el uniforme a uno de ellos. Pero no fue consignado por ninguno de esos delitos. Sólo le aplicaron una multa administrativa. ¿Por qué?

Estadísticamente, Veracruz representa un escenario complicado, difícil y riesgoso para el ejercicio periodístico. Lo dice la propia Comisión Estatal para la Atención y protección de los Periodistas (CEAPP).

En 2014 ocurrieron 15 amenazas, 18 agresiones físicas y materiales, un asesinato (Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de los periódicos Notisur, Liberal y La Red), siete intimidaciones, un desplazamiento forzado y dos ataques cibernéticos.

El 41 por ciento fueron las agresiones físicas y materiales, y el 34 por ciento amenazas.

19 de las agresiones son de particulares y 14 provienen de servidores públicos. Ocho por parte del crimen organizado y tres de origen no identificado.

De las agresiones de servidores públicos, nueve fueron municipales, cuatro estatales y uno federal.

El 72 por ciento de las agresiones fueron para periodistas que cubren fuente policíaca; 17 por ciento por información general y 11 por ciento por denuncia social.

En 2015, fue levantado y asesinado José Moisés Sánchez Cerezo, editor y fotorreportero del semanario “La Unión”, en El Tejar, municipio de Medellín, a quien de entrada el gobernador Javier Duarte tildó de activista, no periodista. Luego debió recular, atrapado por el escándalo, la presión de los medios nacionales, el balconeo en el espacio de Carmen Aristegui y Proceso, la intervención de la Procuraduría General de la República, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cuerpo diplomático acreditado en México y la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, en Veracruz.

Ahora van cuatro periodistas acosados, golpeados, amenazados, y una de ellas ultrajada.

¿Qué sigue?

(Con información de mussiocardenas.com)

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