Presentan partidos de oposición la contrarreforma a Ley 287 del IPE

Con el fin de corregir la violación a los derechos humanos que se cometió con la aprobación a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), diputados de oposición de cuatro partidos presentaron una contrarreforma, mediante la cual establecen que el jubilado ya no está obligado a seguir aportando, que se tome en cuenta el salario del último año para la jubilación y que el gobierno estatal siga siendo deudor solidario.

El Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) indicaron en ella, dentro del articulado, que toda aquella instancia que tenga un adeudo con el IPE habrá de pagarlo y evitar “el borrón y cuenta nueva”, con el cual el gobierno estatal pretendía ocultar el saqueo a dicho instituto.

Luego de consensuar la iniciativa con integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) y del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Fedipev), los diputados locales de oposición resaltaron que la situación actual del IPE es crítica, pues al revisar los estados financieros pudieron constatar que los fondos de dicha institución son de apenas 2 mil millones de pesos.

“Alguien se robó el dinero de los jubilados, de miles de jubilados que durante 50 años estuvieron aportando y hoy ese dinero no aparece por ningún lado”, agregaron.

Dentro de la propuesta presentada resaltaron que se elimina la obligación de que los pensionados aporten; se elimina el salario regulador que promedia el sueldo de los últimos 10 años, por uno que sólo promedie el último año; estableciéndose la prohibición de otorgar pensiones si el trabajador no tiene al menos cinco años cotizando en la plaza.

Derivado de esto se busca poner freno a las “plazas comodín”, aquellas plazas con sueldos o niveles altos, usadas para que los trabajadores alcancen jubilaciones desorbitadas o que no merecen, y que en gran medida son reflejo de la corrupción que prevalece en el IPE.

También se devuelven los derechos que los trabajadores en activo venían disfrutando, como lo es la edad de jubilación y su cuota de aportación, por falta de transparencia y sustento de la Ley.

Se establece la obligación subsidiaria del gobierno de Veracruz, para que en el caso de que alguno de sus organismos incorporados deje de aportar al IPE, éste haga frente.

“No puede el gobierno lavarse las manos, dejar de aportar cuando tiene la obligación de hacerlo, es responsable, es solidario; son sus trabajadores y él es el patrón, así de simple, porque en su reforma lo habían dejado a la buena fe de las autoridades”, expresaron.

Se elimina el privilegio del “borrón y cuenta nueva” que contiene la actual normativa, respecto de los registros contables de los fondos de reserva; y se adiciona como prestación los préstamos hipotecarios y financiamiento general para la vivienda, siempre y cuando existan recursos suficientes para ser destinados a dicha prestación.

Se propone modificar la integración del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia para romper con el círculo vicioso que por años ha imperado, por lo que se propone su democratización y permanencia temporal de sus integrantes.

(Con información de La Jornada Veracruz/ Por: Jair García)

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