Salinas, negocios de familia en Coatza

Coatzacoalcos, Veracruz es una zona “Z” en efecto, pero también es un enclave de negocios millonarios.

La zona turística con vista al mar, desde la era Montiel Montiel, se ha convertido en el más rico filón de empresarios, de gañanes y de políticos veracruzanos llevando mano la familia Salinas de Gortari.

Zona Dorada del conflictivo Coatzacoalcos hoy es zona de guerra y no solo por la inseguridad pública que azota a la región desde hace cinco años, sino por la invasión y disputa de predios de privilegio.

Uno de ellos, un predio de 500 millones de pesos, 10 hectáreas y algo más, es el que reclama en los tribunales José Antonio González Anaya, concuño del expresidente Carlos Salinas de Gortari; lo cabildea políticamente y lo lleva al ala salinista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para adueñarse de él, a la mala.

Y muy a la mala ya que el dueño es un pobre ejitario, ya mayor de edad, carente de la vista y con pocas posibilidades de mantener su patrimonio hoy en disputa entre poderosos.

Cubierto de dunas, flora y fauna silvestre, es un terreno firme que va de la avenida Universidad al malecón costero, en el sector más pujante de Coatzacoalcos, que ha despertado la codicia de empresarios y políticos, y de González Anaya, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En uno de sus extremos colinda con la Universidad Veracruzana y en otro con el hotel Fiesta Inn. Está enclavado en una zona residencial de alta plusvalía y en el área de desarrollo turístico de Coatzacoalcos.

Sobre él, sin embargo, hay una historia de litigios, disputas legales, tráfico de influencias, presión política, con visitas del líder de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones Rivera, al Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, y todo el aparato judicial a favor del concuño del expresidente de México.

A la presión política se ha sumado el líder senatorial, Emilio Gamboa Patrón en franca y abierta defensa de los intereses de su exjefe Carlos Salinas de Gortari.

Se trata de ocultar por todos los medios que hubo una compra ilegal de una hectárea a precio de ganga —10.5 millones de pesos cuando su valor real es de 50 millones de pesos— por parte del gobierno veracruzano, encabezado entonces por Fidel Herrera Beltrán, siendo suscrita por su secretario de Finanzas, Javier Duarte de Ochoa.

Oriundo de Coatzacoalcos, doctor en economía por la Universidad de Harvard, José Antonio González Anaya tiene un vínculo familiar y político con Salinas de Gortari. Está casado con Gabriela Gerard, hermana de Ana Paula, la esposa del expresidente de México.

“Es evidente la intromisión del salinismo para favorecer al concuño del ex presidente”, reclama Marco Antonio Madrazo Carrión, abogado del legítimo propietario del terreno, Inocente Armas Alor.

En charla con este reportero Madrazo Carrión nos entregó un legajo de más de 400 páginas en donde se muestra el tamaño del litigio, los intereses legaloides por imponer un manto de impunidad y el atropello que ya paró en la Suprema Corte de Justicia de la nación.

“Y es que en los tribunales estatales —agrega— todas la resoluciones fueron favorables a González Anaya y a sus socios, su padre y su hermano. Pero en amparo federal ganamos y ahora llevan el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el salinismo opera con todo su poder”.

“Ejercen la facultad de atracción indebidamente —precisa— porque no se trata de un asunto de importancia mayor, ni se pone en riesgo las finanzas de la Federación o la economía estatal o federal. Y eso lo sabe la ministra Olga Sánchez Cordero, que es quien tiene en sus manos el caso, porque es una tesis que ella ha enarbolado”.

Hoy la Zona Dorada de Coatzacoalcos es eso, un filón de oro que arrebatan los poderosos. Es una zona de conflicto que tomó auge en lo negativo desde las raterías de Marcos Theurel y todo el entramado de sospecha que despertó Arturo Montiel Montiel, amén del “Túnel Sumergido” de la corrupción.

Ese túnel inacabado, el símbolo de la corrupción de la Fidelidad, una obra concesionada desde el 2004 y que debió entrar en operaciones en 2007 y que en este 2016 es la hora que no está funcionando. Han sido 5 mil millones de pesos tirados a la basura o más bien arrojados a los bolsillos de tremendas ratas de la Fidelidad.

Pero ese es tema de otra colaboración.

Tiempo al tiempo.

Por: Édgar Hernández* / “Línea Caliente”

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