Sin inocentes el huachicoleo

Negocio millonario

Debe rescatarse lo que se extrae ilegalmente y también castigar a los culpables de manera ejemplar

Por Ángel Álvaro Peña

Hemos afirmado en este espacio en más de una ocasión que para que el huachicoleo funcione requería de gente dentro de Pemex que los impulsara. No se trata sólo de trabajadores sindicalizados sino de confianza y el negocio es tan grande que puede afirmarse que los beneficiarios rebasaban los límites de las instalaciones de Pemex, para llegar mucho más arriba.

Pensar que 600 pipas de combustible eran robadas diariamente, habla de una fuga de recursos muy importante que salpicaba a muchos funcionarios públicos, en algunos estados llegaba hasta el propio gobernador y no se diga a los funcionarios de Pemex, quienes tenían prácticamente su propio negocio de 200 millones de pesos diarios

Sin embargo, quienes extraían el combustible de los ductos sólo eran una parte del problema porque la otra la conforman los dueños de las gasolinerías que siguen abasteciéndose de insumos ilegales, para vender más caro el energético.

Es un negocio que perjudicaba a muchos pero que beneficiaba a pocos desde hace más de 20 años.

Proceso señala que “Empezó como robo hormiga de los trabajadores y luego se robusteció hasta ser una estructura que, desde las entrañas de las instalaciones petroleras, involucra a empleados sindicalizados y de confianza, contratistas, empresarios gasolineros, industriales, ordeñadores de ductos, transportistas, capitanes y tripulaciones de barcos…”

Los gobernadores de por lo menos la mitad de los 25 estados donde hay instalaciones petroleras, no sólo sabían del negocio, sino que participaban de él.

La estructura del huachicoleo era tan amplia que su venta directa al público estaba a la vista de todos, incluso con letreros en algunas carreteras del país y con clientes consuetudinarios. Tráilers, camiones, automóviles, se surtían de ese combustible expedido en patios, bodegas, incluso al lado de gasolinerías.

Por otra parte, la Policía Federal recuperó 50 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala.

Se incautaron 52 mil 100 litros de combustibles en esas entidades en lugares como González, en Tamaulipas, donde elementos federales aseguraron una pipa que aparentemente estaba abandonada con alrededor de 20 mil litros de combustible.

Este abandono de combustible es continuo y se repite más de lo que cualquiera pudiera pensar, dando idea de la generosidad del negocio. Es decir, no había inversión ni riesgos sólo extraer y para ello se contaba a veces, con la población de municipios enteros, que abandonaban las tareas de producción, educación, seguridad, salud, para irse a trabajar como peones en este tipo de negocios que finalmente está siendo detenido por la autoridad.

Anteriormente este negocio estaba no sólo permitido sino protegido. Si era descubierto o había peligro de la denuncia incorporaban como socio al posible denunciante o simplemente lo amenazaban de muerte, de tal manera que se veía obligado a entrar a la banda que cada día crecía, bajo el cobijo de autoridades de todos los niveles de gobierno.

El huachicoleo no sólo robaba a la Nación, sino que obligaba a la gente a abandonar el campo y la educación para dedicarse a un ilícito donde el único riesgo era alguna explosión que, si lo vemos con frialdad, no ocurría continuamente porque en muchos poblados los métodos de extracción pasaron de padres a hijos y pasarían a los nietos de no ser por la intervención del nuevo gobierno que puso un alto a este ilícito que estaba lacerando la economía de manera muy seria.

En esta práctica se enriquecían muchas personas en sus tres modalidades, de manera directa, de refinerías y terminales de almacenamiento y reparto se sustraen embarques en las pipas que Pemex contrata para transportar los refinados; vía marítima, en barcos que transportan los refinados de la paraestatal y en embarcaciones vinculadas directamente con el trasiego ilegal de combustible de Tamaulipas a Ciudad del Carmen; y mediante toma clandestina.

La visión del presidente de la República de este problema, creo la fortaleza financiera que muchos pensaban una fantasía. Porque no sólo es la extracción ilícita, es la compra en gasolinerías para la venta de quienes desconocen el origen el combustible y su calidad a la hora de llenar el tanque de gasolina de sus vehículos, también implica un ingreso bruto sin reportar al fisco y si se reporta se hace a través de un sistema de facturas amañado que distrae las labores del fisco y resulta convertirse en lavado de dinero, con todo lo que esto implica, incluyendo, desde luego, la salida de capitales a los paraísos fiscales.

Es decir, el huachicoleo no se reduce a la extracción ilegal de combustible o su robo sino a una especie de sabotaje financiero a la fuente de ingresos más importante de México.

La cadena de delincuencia a través del huachicoleo tenía varios eslabones muy oscuros asociados con el crimen organizado, como es el caso de Petrobajío, de Salamanca, Guanajuato, que desde que se estableció comenzó a pagar más de 5 millones de pesos al Cártel del Golfo para robar combustible.

El propietario, Martín Jiménez Silva, fue detenido en 2014, aprovechaba una concesión de Pemex Refinación para el traslado de combustibles.

Jiménez Silva creció de tal manera, que tuvo como empleados a una organización criminal que operaba en Tamaulipas.

Los narcos pagados por el dueño de Petrobajío robaban tomas clandestinas en Altamira, Tamaulipas. En Guanajuato y San Luis Potosí montó pensiones y parques vehiculares para facilitar el transporte del huachicol.

Todo esto debió tener un mecanismo fiscal y financiero que justificara la entrada de dinero y su origen y destino, de ahí que el aspecto financiero se convierte en un parte indispensable para el seguimiento de los funcionarios que están o estuvieron en este negocio que nunca corrieron el riesgo de ser investigados y menos aún castigados.

En otro caso, la PGR revela que tan sólo en el estado de Veracruz se iniciaron 980 averiguaciones previas, de enero de 2012 a octubre de 2018, por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos, y de junio de 2016 a octubre de este año abrió 994 carpetas de investigación. La mayor parte de éstas no llegaron a procesos penales, a pesar de que en algunos casos se descubrió que empleados vinculados con grupos del crimen organizado, como el cártel del Golfo y el cártel Jalisco Nueva Generación, participaban en el robo de combustible y hasta en la instalación de tomas clandestinas dentro de refinerías y centros de almacenamiento.

En estas denuncias penales se señala que en uno de estos casos la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tuvo conocimiento del robo de 16 mil litros de diversos combustibles en los municipios de Boca del Río y Xalapa, así como de la sustracción ilícita de 43 toneladas 371 kilos de polietileno.

López Obrador dijo que el robo de hidrocarburos a Pemex “representa una pérdida de 60 mil millones de pesos, es decir, lo equivalente al presupuesto de la UNAM; 60 veces más de lo que se va a destinar a la creación de 100 universidades públicas y parte del presupuesto para financiar una refinería nueva”.

Ante esta situación el presidente de la República anunció que presentará ante la Cámara de Diputados una reforma constitucional para catalogar el robo de hidrocarburos como un delito grave, sin derecho a fianza y sin importar la cantidad sustraída.

00
Compartir