Urge legalizar la ley

Con justicia

Para que el país camine es necesario que el Poder Judicial se ponga a trabajar y una vez caminando se ponga de acuerdo en sus juicios

Por Ángel Álvaro Peña

El próximo conflicto en el que se encontrará el Estado mexicano no será la elección de 2024 sino otra más inmediata, completamente diferente, pero no por ello deja de ser urgente. Se trata de un verdadero peligro para el país en caso de no caminar en este sentido.

Este problema radica en que el rescate de la dignidad y respeto del poder Judicial camina contrarreloj. Los rezagos de muchos años deberán ponerse al corriente y la característica de corrupción deberá erradicarse antes de que ocurran los cambios de gobierno en 15 entidades de la República. Esto sin contar las presidencias municipales que cambiarán de color en los próximos meses.

De no rescatar el prestigio que todo Poder Judicial debe tener se corre el riesgo de caer en ejercicios políticos y legales que pueden cambiar la balanza en las elecciones de 2024.

Porque si llega al gobierno de un estado alguien de partido diferente al anterior y no revisa las cuentas y acciones financieras de su antecesor puede ser juzgado de cómplice, aunque no haya delito que perseguir; sin embargo, si sucede lo contrario, es decir que se le audite con lupa al anterior gobernador y haya delito que perseguir, puede convertirse en una cacería de brujas, pero sobre todo, los aludidos, culpables o inocentes, se autodenominarán presos políticos, víctimas del autoritarismo.

Pero hay otras variantes del mismo tema, porque si llega a gobernar un mandatario del mismo partido y no hace nada por revisar las cuentas del anterior gobernador, se le llamará cómplice, por inocente o culpable que sea su antecesor.

Esto no sucedería si el Poder Judicial tuviera una trayectoria limpia, donde nadie dudara de la honestidad de los jueces, de los ministerios públicos, incluso de los policías.

Hasta el momento la visión que se tiene del Poder Judicial es que se está enfrentado con el Poder Ejecutivo a causa de no bajarse el salario, sobre todo en las altas esferas de este sector del Estado. Pero a final de cuentas eso es lo de menos porque hay una larga lista de problemas que han manchado la trayectoria del Poder Judicial desde hace muchos años, sobre todo, un grave rezago de casos de sexenios anteriores y donde prácticamente la mitad de los reos en los reclusorios no están sentenciados y los casos políticos recientes más famosos no se mueven. Un ejemplo claro de ello es el de Emilio Lozoya Austin, quien fuera detenido en España el 12 de febrero de 2020, y no tiene juicio ni sentencia. Se desconoce si será testigo protegido, quedará en la impunidad o liberado, o si sus informes darán cuenta de nuevas detenciones.

A más de un año de la detención del exdirector general de Pemex, no se ha movido nada y la espectacularidad que se mostró en su captura ha desaparecido junto con la confianza que pudo tener en su momento el Poder Judicial de México.

Como éste hay otros caos, donde se implica a Rosario Robles, quien pareciera saldrá a llevar su proceso en su domicilio, o la amenaza constante de que detendrán a Luis Videgaray, pero éste sigue dando clases en el extranjero sin problema alguno.

La calidad legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sigue indefinida, el Poder Judicial pareciera regirse por diferentes códigos y leyes según el cristal con el que se mira cada caso. No se sabe si será encarcelado, si seguirá en su cargo o simplemente se quedará en el olvido, este tipo de acusaciones que al parecer carecen de ejecución y mando.

Ahora se avecina la votación popular para ver si se juzga a cinco expresidentes de la República, pero el Poder Judicial pareciera no estar preparado ni acostumbrado a este tipo de juicios del que nada comenta. Con todo esto los mexicanos ven a un Poder Judicial de chiste, una broma que juega con la voluntad y la justicia de un país hambriento de legalidad y que le vienen más problemas sin que le preocupe su prestigio ya que su trayectoria está por los suelos.

El estilo de la justicia mexicana parece tener sólo dos categorías, la impunidad o la complicidad, y así la legalidad brilla por su ausencia y pueden comprarse jueces para evitar que candidatos lleguen a la Cámara de diputados o a cualquier cargo de elección popular, o bien que pase de noche cualquier saqueo de los gobernadores o presidentes municipales que no escatimaron en robarle a la población.

Sin un Poder Judicial consciente del momento que vive sin transformarse, no puede haber lucha contra la corrupción que valga. Porque puede haber buena voluntad para erradicarla, pero si no hay justicia ni legalidad para sancionar esos delitos nada puede hacerse más que contemplar la impunidad como nueva forma de atender delitos.

Si nada cambia es necesario explicar la razón por la cual, en un mismo delito en circunstancias similares, un acusado sea sentenciado por 20 años y otro sea simplemente inhabilitado.

Los pretextos son muchos: “no ejercicio de la acción penal”, “incompetencia”, “reserva autorizada”, “archivo definitivo”, “acumulación”, “abstención de Investigar” y en “trámite”, y los hechos son muy pocos.

Se habla todas las mañanas que en sexenios pasados hubo mucha corrupción, pero en la cárcel no hay ni siquiera detenidos bajo sospecha por ese delito. No hay sentenciados por ese delito y todos son inocentes hasta que demuestren lo contrario a pesar de que las circunstancias y las evidencias los señalan.

La lentitud de la Fiscalía General de la República ha sido señalada en diferentes casos que pareciera ser una instancia que sólo sirve para amedrentar, pero que no actúa como debería. Lleva Alejandro Gertz Manero casi tres años como un florero en medio de la justicia que no se sabe si es para ejercer la legalidad o para evitar la justicia.

La población espera no sólo trabajo sino imparcialidad en los juicios, porque de los resultados que arrojen las tareas de la justicia dependerá la credibilidad en la política y en los tres poderes de la Unión.

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