UV: el “general” Arturo Bermúdez, bajo sospecha

Quizá otros no, pero el ataque a ocho universitarios fue una conspiración, urdido con saña, fraguado en la mente criminal de quien no escucha sino reprime, de quien no dialoga sino que asedia, de quien antes que hablar, amedrenta. Y luego se exculpa.

Duelen las heridas pero más el agravio. Recuerdan la irrupción violenta, el allanamiento a un hogar de Xalapa, la madrugada del 5 de junio, en la calle Herón Proal, cerca de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, cerca del PRI.

Actuaron los agresores con armas, táctica y técnicas propias de un grupo parapolicíaco —o policíaco o militar—, en sus manos palos con clavos, bates de beisbol, toletes, bastones eléctricos, machetes y armas largas. Salvo uno, todos se cubrían el rostro. Ese uno pudo ser identificado.

Son hoy el Comité 5 de Junio. No cesa la protesta. Hablan y denuncian aquel momento, aquel festín de violencia, como un ataque del duartismo, tramado en el seno de la Secretaría de Seguridad Pública como un acto de represión pura del estado contra los críticos y la disidencia.

Vuelven a hablar, un mes después, y advierten la complicidad del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y su personal, por omisión de auxilio y encubrimiento, e identifican por lo menos tres delitos producto del ataque: “tentativa de homicidio; lesiones calificadas, agravadas por la saña y crueldad, alevosía y ventaja con las que operó el comando armado, y conspiración y asociación delictuosa”.

Hallan conexión entre el grupo agresor y los elementos que supuestamente acudieron a prestarles auxilio. Y acusan que detrás del ataque existen autores intelectuales.

“Consideramos que, por el modo de operar de los atacantes, este atentado fue premeditado, organizado y orquestado —dice el comunicado—. Consideramos que detrás de quienes nos violentaron existen autores intelectuales —responsables de ordenar el ataque en nuestra contra— por lo que demandamos a la Fiscalía investigar y acreditar la responsabilidad por el delito de conspiración, a fin de encontrar y sancionar a quien contrató, organizó, instruyó, entrenó y equipó a los agresores en tácticas, técnicas y procedimientos de tipo policial o militar para perpetrar el atentado”.

En sus partes medulares, el comunicado es el siguiente:

“Nos asumimos como una víctima grupal y sujeto colectivo que de manera conjunta participa en la investigación. Entre todos estamos aportando elementos a la Fiscalía General del Estado y demandando que se investiguen una serie de delitos implicados en el ataque, y no sólo las lesiones de manera aislada.

“Como lo hemos señalado públicamente desde el 5 de junio, con el apoyo de la defensoría de Derechos Humanos que nos acompaña en el proceso, exigimos el cese a la criminalización de la que hemos sido víctimas como estudiantes universitarios dedicados a actividades de carácter social, integrantes de colectivos y grupos en defensa de la tierra, el territorio, la libre expresión y el medio ambiente, estudiantes críticos a los tres niveles de gobierno, a la violencia que vivimos día a día, incrementada por un Estado omiso y un clima de permanente impunidad.

“Informamos que, como parte del proceso, se ha retomado como una línea de investigación, la relativa a los señalamientos que de manera irresponsable hicieron a los medios de comunicación autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (como consta en las notas periodísticas del día 1 de junio) y el Estado mismo, responsabilizando a estudiantes de la Universidad Veracruzana de sucesos que se enmarcan en el contexto electoral de Veracruz, como lo evidencia la ya bien conocida ‘lista negra’, un fichaje en contra de personas críticas del gobierno que consta en documentos provenientes del Instituto Nacional Electoral y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

“Como agraviados, los estudiantes denunciamos a los atacantes y autores intelectuales por los delitos de: a) Tentativa de homicidio, b) Lesiones calificadas, agravadas por la saña y crueldad, alevosía y ventaja con las que operó el comando armado; c) Conspiración, y d) Asociación delictuosa.

“Denunciamos también a las autoridades que intervinieron en el conocimiento del caso, específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública, de quienes sospechamos encubrieron a los atacantes o fueron ellos mismos. Tenemos conocimiento de que con fecha 3 de julio de 2015 han emitido un informe en que manifiestan que sólo se presentaron a ayudarnos, lo cual es completamente falso, como denunciamos en comunicados anteriores. En su momento y como parte de la investigación presentaremos pruebas de cómo ellos están coludidos con un grupo de sujetos que intervienen en la escena y consideramos forman parte de los atacantes.

“Por ello denunciamos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y al titular de la misma, Arturo Bermúdez Zurita, como responsables de los delitos de los que fuimos agraviados: a) Omisión de auxilio y omisión de cuidado, ya que una vez perpetrado el ataque y ante la gravedad de los hechos y nuestra vulnerabilidad, abandonaron el lugar incumpliendo su deber legal, b) Abuso de autoridad de los servidores públicos, quienes fueron dolosamente omisos con la atención hacia nosotros, víctimas del ataque, y c) Encubrimiento por favorecimiento, puesto que de manera dolosa permitieron que se sustrajera, modificara y alterara el lugar de los hechos que durante más de 10 horas estuvo sin la debida preservación.

“Hoy, un mes después de la brutalidad con la que fuimos violentados, reiteramos nuestra condena enérgica al clima de represión sistemática, de criminalización de la protesta social, y a la categorización del activismo como foco de desestabilización. Exhortamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones, colectivos, medios libres e independientes, luchadores sociales, estudiantes y población en general, a sumarse a la exigencia que hacemos al Estado:

“Una efectiva investigación que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de los actos, y a una efectiva reparación del daño a fin de garantizar que hechos como los ocurridos no se repitan; así como que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar nuestra seguridad e integridad y la de nuestras familias, y el cese al hostigamiento contra estudiantes y activistas”.

En el vértice del conflicto se sitúa el “general” Bermúdez. Lo acusan de omisión de auxilio y omisión de cuidado, de abuso de autoridad, de permitir que el escenario del ataque fuera alterado pues durante 10 horas nadie lo preservó.

Hay la certeza de que el comando agresor es parapolicíaco. Usó armas tácticas. El periodista Andrés Timoteo, autor de Texto Irreverente, en Notiver, señala que ese grupo fue entrenado en la Academia de Policía El Lencero, donde hay testimonio que se practica la tortura. Ahí el caso Gibrán Martiz Díaz, joven cantante levantado por elementos de Seguridad Pública, cuyo teléfono siguió emitiendo señal, captadas por GPS, y luego apareció muerto.

Sigue la protesta. Sigue el reclamo de los ocho universitarios. Los acuerpa la UV, los defensores de derechos humanos, los activistas sociales, los ambientalistas, aquellos a quienes el Informe Bermúdez tilda de “incómodos” y “anarquistas”.

Bajo sospecha, pues, el “general” Bermúdez.

(Con información de mussiocardenas.com)

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