Veracruz: la quiebra inducida del Poder Judicial

INFORME ROJO

Por Mussio Cárdenas Arellano

Joanna Marlene es el Caballo de Troya, la que se infiltra y corroe, la que controla los dineros y el actuar administrativo, y a las hordas chairas con salarios de lujo, y los contratos con tufo a corrupción, la que opera la quiebra inducida del Poder Judicial de Veracruz.

A su lado lleva siempre, en público y en privado, a Inés Isabel Romero Cruz, el holograma sin voz ni voluntad, figura manejable y prescindible que pomposamente se ostenta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, sin otro atributo como no sea obedecer.

Una y otra, Joanna Marlene Bautista Flores e Isabel Romero, montaron la quiebra, gestaron la insolvencia, atizaron el saqueo sutil, el pago nebuloso —y sospechoso— de las obras de las Ciudades Judiciales, los abusos financieros que llevaron al hachazo final que el gobernador Cuitláhuac García le asestó al Poder Judicial.

Una dispone; la otra solapa. Una aprieta; la otra se agacha. Una miente; la otra calla.

Han tejido un sabotaje calculado, haciendo suyo el discurso falaz del gobernador morenista, la patraña de la austeridad republicana que sirve para desmantelar instituciones, arrinconar adversarios, impactar el bolsillo del pleno de los magistrados hasta someterlos y vulnerar el equilibrio que el Tribunal Superior le pueda representar.

El fin no es la mesura en el gasto del Poder Judicial. La quiebra lo va arrollando, aplacando, arrinconando a los magistrados incómodos, lo que queda del fidelismo, del duartismo y del yunismo, y cuando los contrapesos se hayan extinguido, se aplicará la justicia a modo, la justicia cruel, se instaurará una justicia ilegal que avasalle a los enemigos del obradorismo y al sector de la sociedad que cree en la ley. Son los signos del poder autocrático que día a día avanza más.

Joanna Marlene habla de excesos, gastos superlativos, una nómina obesa, 100 millones de pesos anuales por pago de construcción de las Ciudades Judiciales, el gasto que implica la operación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y la del Centro Estatal de Justicia Alternativa.

¿Excesos? Excesos los de Joanna Marlene Bautista Flores, con un salario de 96 mil pesos al mes (otro tanto y ganaría lo mismo que Andrés Manuel López Obrador? Exceso, la contratación de 150 empleados desde que asumió la dirección administrativa. Exceso su promoción personal, más venteada que la misma presidenta del Tribunal Superior en los comunicados de prensa. Recursos y personal se distraen en el pavoneo narcisista de quien se siente dueña del Poder Judicial.

Ocho meses al frente de la Dirección Administrativa y Joanna Marlene Bautista sigue el guión del Caballo de Troya. Erosiona las entrañas, corrompe las finanzas, dilapida dinero y luego acusa que hay crisis y a apretarse el cinturón.

Cumple el encargo de su jefe real, Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas estatal, primo del gobernador Cuitláhuac García, de quien fue secretaria particular y mujer de todas sus confianzas, con vara alta e impunidad a prueba de toda acción legal, invadiendo esferas de poder como se ha acusado en medios y redes, escandalizando a magistrados, jueces y abogados.

Ocho meses —todo un récord— y nunca advirtió que la quiebra del Poder Judicial se veía venir. Ocho meses en que no cesaba de liberar pagos y adeudos. Ocho meses engrosando la nómina con personal sin experiencia —asesores, auxiliares, directores de área sin perfil— y se fue lisa saldando adeudos a las constructoras de la Ciudades Judiciales tendiendo un velo cómplice, evadiendo los indicios de corrupción, el negocio que generó una deuda que se terminará de saldar en 30 años.

Isabel Romero, por su parte, resultó una paniaguada presidenta del Poder Judicial. Dócil, agachona, se asume como portavoz del gobernador, la que transmite la instrucción, el recorte, la que explica que de los 500 millones de pesos que quedan por ejercer en 2021, Cuitláhuac García sólo enviará 200. No defiende el presupuesto, a lo que está obligada. No replica ni increpa. Es servil, quebrada y sometida a los caprichos del gobernador.

Acudió a Palacio de Gobierno, debiendo tratar el tema del recorte. Exponía, según ella, la resistencia que habría entre los magistrados. Y cuando trascendió el contenido de su encuentro con Cuitláhuac García, se pudo advertir el tamaño de la humillación.

“Qué no entiende”, le respondió Cuitláhuac con arrogancia. O se bajaban el salario los magistrados y se aplicaba el recorte, o no habría dinero para el Poder Judicial en lo que resta del año.

Isabel Romero fue grabada. Un audio registra ese encuentro con sus pares, los magistrados a los que les transmite la petición-orden del gobernador: rebajarse “voluntariamente” el salario mensual y contribuir así a aligerar la carga económica del Poder Judicial de Veracruz.

Lo “voluntario” es un eufemismo. La orden de Cuitláhuac es bajarse el sueldo entre el 20 y el 30 por ciento. Y no hay punto a negociar.

Y ante la resistencia, Isabel Romero amenaza con enlistar a los magistrados que aceptan la rebaja salarial y a los que rechazan la propuesta, y comunicar al gobernador quiénes están dispuestos a colaborar y quiénes no.

La torpeza es genial. Isabel Romero se fue a sentar en la boca del volcán y el volcán hizo erupción. Los magistrados le asestan una felpa en el terreno legal: sus salarios son irrenunciables y no son sujetos de recorte o afectación alguna. Quitarles un peso es inconstitucional. Y le recuerdan que recortar el salario de magistrados si acaso reduciría 10 millones del presupuesto.

Lanzan otro dardo: si de recortar se trata, ¿por qué ha eludido el tema de las Ciudades Judiciales, los contratos ventajosos, la deuda de miles de millones de pesos, la identidad de los beneficiarios?

He ahí el punto crucial. Sofía Martínez Huerta, la anterior presidenta del Poder Judicial, salió del círculo de Cuitláhuac García y Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, luego de ser impuesta en el cargo, por frenar los pagos a las constructoras de las Ciudades Judiciales, el proyecto cumbre del ex presidente del Tribunal Superior, Edel Álvarez Peña. Isabel Romero Cruz la relevó, comenzó a pagar y se niega a explicar por qué.

Hay boquetes financieros propiciados o consentidos por el cuitlahuismo: los 150 empleados de contratados desde la llegada de Joanna Marlene Bautista, el pago al proyecto de las Ciudades Judiciales (algunas construidas en terrenos que no son propiedad del Poder Judicial), los privilegios otorgados a magistrados afines al gobernador. Pero el presupuesto anual, aprobado por el Congreso de Veracruz en 2020, lo contemplaba todo.

Hoy, la quiebra es ficticia, inducida, fraguada. Cuitláhuac García aduce austeridad cuando su gobierno dilapida recursos, mantiene en nómina a un ejército de militantes del obradorismo, asigna salarios a personal sin perfil para el cargo que desempeña y encubre indicios de corrupción.

¿Hay dinero en las arcas del gobierno estatal? ¿Retiene la Federación las partidas que corresponden a Veracruz? ¿Disminuyó la captación fiscal? ¿Fue excesivo el gasto electoral al grado de haber provocado la insolvencia financiera y de ahí la carencia de dinero para cumplir con el presupuesto del Poder Judicial?

Nada aclara ni explica Cuitláhuac García. Sólo agrede e infama a los magistrados que lo increpan. Difama a Concepción Flores Saviaga por advertir que el derroche y los excesos provienen de Joanna Marlene Bautista. Y con mirada de enfermo mental, le inventa a la jurista un salario descomunal: 400 mil pesos al mes.

La respuesta lo pulveriza. Exhibe la magistrada sus recibos de pago, sus declaraciones fiscales, hace trizas al gobernador. Y si no se retracta, será denunciado por difamación.

La quiebra es teatral. A Cuitláhuac García lo mueve otro fin. Golpeando a los magistrados en el bolsillo, desmantelando sus equipos de trabajo, los irá sometiendo, arrojando del Poder Judicial.

Con los suyos, con sus magistrados venales, los serviles, las Isabeles y las García Cayetano, los Nicanor y los Sobrevilla, las Viveros y las Itzeles, las Alma Rosas y las Lizbeth, irá aplicando la justicia a modo, la justicia cruel, instaurando una justicia ilegal que avasalle a los enemigos políticos, a los adversarios del obradorismo y al sector de la sociedad que aún cree en la ley. 

La quiebra es ficticia, inducida, falsa. El fin es usar el aparato judicial para arrollar.

Archivo muerto

Juego siniestro el de Andrés Manuel. Sobre los muertos de la Línea 12 del Metro, el centenar de heridos, la negligencia criminal de su comadre favorita, Florencia Serranía Soto, la ex directora que se fue impune y feliz; el tufo a corrupción desde la construcción de la mal llamada Línea Dorada; las culpas de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum que los van a perseguir siempre, López Obrador construye la sucesión presidencial. Van dos meses de aquella tragedia y el presidente ya supone que el dolor y la ira han menguado. Van dos meses —78 días— sin un solo culpable y el foco de atención en el imperio chairo es la sucesión presidencial. Saca de la penumbra a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y la trepa a la pasarela como si la negligencia no existiera. Y como si los niños muertos en el Colegio Rébsamen en el sismo del 2017 fueran algo irreal. Y el canciller Ebrard se trepa solo para no quedarse atrás al no verse incluido en la lista de la caballada obradorista. Una y otro, ella responsable de aquella tragedia por desoír las voces que alertaban del pésimo estado de la Línea 12, por mentir en cuanto al mantenimiento de las vías, y él por la construcción apresurada cuando era titular de la Jefatura de Gobierno, teniendo a Mario Delgado en la Secretaría de Finanzas y siendo el hoy líder nacional de Morena quien controló los dineros y maniobró con las licitaciones. Mente perversa la de Andrés Manuel que viendo muertos a Ebrard y Sheinbaum por la negligencia criminal, por las 26 muertes de la Línea 12, por los indicios de corrupción, aún así los envía al balconeo como si el dolor por las víctimas no se hubiera disipado aún… Veinte disparos, quizá más, segaron la vida de tres contratistas de Petróleos Mexicanos, la noche de 13 de julio, en Plaza Quadrum, en la zona más comercial de Coatzacoalcos. Se hallaban en el restaurant Carajillo 43 cuando un comando armado los barrió a balazos. Murieron José Daniel Quintana Manuel, Fernando Ríos Manzo y Juan Carlos Toro Ramos, a quienes se les identificó como empresarios contratistas de Pemex. Dos días después, el portal Costa Veracruz, del periodista Jorge Cáceres, señaló que las “Ejecuciones serían por pelea de la ‘plaza’ ”, advirtiendo que las primeras investigaciones “indican que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas por parte de grupos delictivos que operan en Coatzacoalcos, y que el principal objetivo era el sujeto llamado José Daniel Quintana Manuel”. Simultáneamente, trascendió un mensaje en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación advierte: “Alias Compa Chuy. Ahí te dejamos a tus perras echas cagada. La plaza tiene dueño pinché viejo pedorro. Esto es un regalito de inicio. Aquí respetan por las buenas o por las malas. Sus tiempos ya pasaron los tenemos bien identificados y ubicados bola de mugrozas (…) Pronto vamos a sacar a relucir los nombres de los empresarios que los están queriendo apoyar y vamos por ustedes y todo aquel culero que ande queriendo apoyar al viejo pedorro del Compa Chuy así que pónganse v…”. Ese mismo mensaje, en forma de manta, fue colgado de uno de los edificios del Grupo M, en el malecón de Coatzacoalcos, este lunes 19. ¿Por qué la ejecución de los tres contratistas se liga a las acciones del grupo criminal enemigo de Los Zetas? ¿Por qué Costa Veracruz afirma que las “ejecuciones (de tres contratistas de Pemex) serían por la pelea de la plaza”?… Aferrado a lo chueco, Víctor Carranza viola la clausura del basurero de Villa Allende. Más tardó la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz en realizar las diligencias que cerraron ese espacio que el alcalde en continuar enviando las unidades de limpia pública a depositar los desechos de Coatzacoalcos. Se usó un acceso alterno para ingresar al predio y la acción quedó registrada en imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales. Hay voces, como la de Javier Ochoa Moreno, ambientalista que ostenta un nombramiento otorgado por la Organización de Naciones Unidas, que exigen sea sancionado el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, no sólo por reincidente sino por usar el predio como basurero, rompiendo sellos, a sabiendas que incurre en un delito ambiental. Carranza, por su parte, se sabe protegido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, que en aquello de alentar la impunidad es única… Anastacio Reyes, dueño de la negociación de mariscos Las Mojarras, fue levantado, y la fachada de Refacciones Guzmán fue tiroteada; ambos casos este lunes 19. A Anastacio Reyes se lo llevaron, extrayéndolo de Las Mojarras, a pie del malecón del río, mientras los elementos de una patrulla de policía permanecían pasivos, quietos, sin intervenir, en la complicidad total, según reportaron portales en internet. Sobre Refacciones Guzmán, negociación de autopartes eléctricas, lanzaron una lluvia de balas; se contaron por lo menos 36 disparos que impactaron paredes y vidrios. Elementos de la policía llegaron, levantaron los casquillos y se retiraron, alterando la escena del incidente violento. Coatzacoalcos se halla en una espiral de violencia, en el top ten de los municipios con mayor percepción de inseguridad, según reporte del INEGI, correspondiente a abril-junio de 2021. Y si la inseguridad se incrementa, y si nadie la contiene, peores días vivirá la economía de lo que antes fue la capital de la petroquímica en Latinoamérica. Pero hay que oír a Pejetustra, a su pupilo Cuitláhuac y al ínclito Carranza ufanarse de la calidad de policía estatal y municipal. ¿La que observa un levantón y no actúa? ¿La que altera la escena de un evento violento?

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Fotos: AVC, Proceso, Cortesía

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