Veracruz: violencia, asedio, intimidación

No agreden para matar. Su furia tiene otra intención. Amedrentan, buscando disuadir y sembrar terror.

Son los porros que operan en las sombras, los escuadrones parapolicíacos, el puño del sistema que intimida, a veces embozados, que se cubre el rostro, que así como usan máscara de payaso, se muestran como son.

No llevan armas. Usan tablas con clavos, bates de beisbol, machetes, toletes, bastones eléctricos, instrumentos usados para agredir. No hablan, insultan; no advierten, amenazan.

Es represión científica, calculada, sin víctimas mortales. Es represión que advierte, que lanza el mensaje, que invita a sofocar la protesta.

Llega al Distrito Federal el caso de los ocho universitarios agredidos la madrugada del 5 de junio, en Xalapa. Auspician su denuncia las agrupaciones de derechos humanos de mayor peso en el país. Los escuchan, les dan foro, exhiben el nivel de violencia que domina a Veracruz.

No hablan de un asalto ni de un conflicto casual. Es violencia institucional, concebida y nacida en las entrañas del régimen duartista, evidente la intolerancia del gobierno de Veracruz a la protesta y al reclamo, a la manifestación pública y a la denuncia popular.

Frente a los medios de comunicación plantean tres de los ocho alumnos de la Universidad Veracruzana cómo se perpetró el ataque, sus motivaciones, la lista negra elaborada por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, titulado “Balance Electoral 2015”, muestra palpable de que el gobierno de Javier Duarte reprime violando la ley, que categoriza a los activistas contra megaproyectos que dañan el medio ambiente o que afectan a las comunidades sociales como “anarquistas” o “desestabilizadores”.

Dice la catedrática Giovanna Mazzotti que se trató de un atentado “perfectamente planeado para no matarlos, sino para dejarlos marcados y diseñado para generar miedo a la población movilizada”.

Retoman sus palabras los portales de la revista Proceso y Plumas Libres. Para Giovanna Mazzotti “el ataque tiene una dedicatoria para los estudiantes que apoyan diversos movimientos sociales, que se congregan usualmente en el campus de la UV, de donde parten hacia marchas.

“Por las señas de las lesiones (contusiones en el cuerpo, fracturas en brazos, cabeza y machetazos) —agrega— se trató de una estrategia para castigar la participación social ante una serie de inconformidades sociales”.

En el portal Plumas Libres se reseña el análisis de Giovanna Mazzotti:

“El ataque del 5 de junio no fue realizado para matar a los estudiantes, sino para amedrentar a todos los que están en la lista negra y demás estudiantes y activistas.

“El ataque fue planeado, casi quirúrgicamente. Las agresiones son análogas a su participación política. Hay un señalamiento a esta población que no va dirigida a matarlos, pero a dejarlos muy mal para producir miedo hacia la participación”, dice la académica.

En otra parte de la reseña, cita Proceso el caso del joven Ignacio Córdova:

“Con una férula en la mano izquierda y puntos de sutura en la frente, Ignacio Córdoba recordó que los ataques al sector estudiantil, a los activistas y periodistas se agudizó a partir de 2011, en tanto que en noviembre de 2012 y septiembre de 2013 se registraron ‘detenciones arbitrarias, se sembró droga y armas’ a activistas que participaron en movilizaciones.

“Conmocionado aún por los hechos del viernes 5, Córdova narró cómo fueron agredidos por unos 10 hombres armados con machetes, tablas con clavos, armas de fuego y bastones, uno de ellos con una máscara de payaso, otros con pasamontañas y uno más con el rostro descubierto y corte tipo militar.

“El estudiante de ingeniería relató que luego de la incursión del grupo que denominó ‘paramilitar’, acudieron policías que, lejos de ayudarlos a perseguir a los agresores, sacaron fotografías y humillaron a las víctimas, hasta que arribaron defensores de derechos humanos a los que los jóvenes buscaron.

“Fueron los defensores quienes los llevaron al hospital de la Cruz Roja, donde se levantó una denuncia de oficio que hasta ahora no ha sido desahogada, apuntó”.

Plumas Libres también citó las palabras de Ignacio Córdoba:

“Nosotros somos universitarios que se solidarizan con las causas justas: movimiento magisterial, estudiantes de Ayotzinapa. La mayor parte de nosotros somos artistas, hacemos poesía, prensa, proyectos audiovisuales. Defendemos los ríos y afectaciones de las comunidades afectadas por la Reforma Energética”.

Por su parte, Julián Ramírez, quien es activista, señaló que él si aparece en la lista negra del gobierno de Javier Duarte:

“Hay una lista negra. Yo estoy en ella. A los activistas, defensores del territorio y estudiantes se les hace una ficha y se boletina”.

Del ataque dice:

“Era un grupo de personas encapuchados, que portaban chalecos tácticos policiales, con bates , bastones y armas largas”.

Para los defensores de derechos humanos, el caso Veracruz es paradigmático de la violencia institucional. Dice Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que “Veracruz es el estado que ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas, según datos de la propia Procuraduría General de la República”.

La agresión perpetrada contra los estudiantes de la UV “se enmarca dentro de un contexto de violencia generalizada contra los movimientos sociales y la libertad de expresión en la entidad”.

Se persigue con “brutalidad extrema” y “hay persecución a activistas sociales”.

Su caso escala a esferas nacionales. Veracruz fue rebasado. Advierte el nivel de represión, el uso del aparato de estado para sofocar la protesta, la movilización popular, la denuncia ante el deterioro de la seguridad y violencia, la quiebra de las finanzas, el endeudamiento brutal, el rezago social, la corrupción y el saqueo.

Hablan los jóvenes. Hablan los académicos. Publican desplegados. Suscriben documentos en que se repudia la agresión y se le imputa la responsabilidad al régimen duartista, por acción u omisión.

Hacen responsable “a todas las instancias del gobierno de éste y cualquier otro ataque hacia los compañeros y cualquier otro joven”, dice Julián Ramírez.

Javier Duarte se halla en el centro del escándalo. En él ya no extraña. Le llueven acusaciones por los constantes actos represivos, por su mano dura y torpe, acusados sus policías con uniforme o vestidos de civil.

Uno de ellos ocurre el miércoles 17. Tres fotógrafos de prensa son agredidos por supuestos campesinos del Comités de Defensa Ciudadana que participaban en una protesta frente al palacio de gobierno de Xalapa. Ellos son Alba Martínez, de Radiover; Miguel Ángel Carmona, de Fotover, y Víctor Hugo Moreno, de El Heraldo de Xalapa.

Embozados, cubiertos sus rostros con pañuelos, los tipos golpean, intentan robarles sus equipos fotográficos, los intimidan. Minutos después repiten la acción.

Alba Martínez llegó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Ahí la rodeó un grupo de “campesinos”. Intentaron arrebatarle la cámara fotográfica. Se reventó la correa y cayó el equipo.

Miguel Ángel Carmona fue rodeado. Le pedían que entregara el rollo. Les explicó que su cámara no es de rollo, que usa tarjeta de memoria. “Me dijeron que no podía tomar fotos, entonces intentaron arrebatarme el equipo pues me exigían borrara las imágenes”.

Víctor Hugo Moreno también fue rodeado y jalonado. Pretendían quitarle el equipo.

En el centro de Xalapa, mientras Alba Martínez era entrevistada por sus compañeros periodista, un supuesto integrante de la Codeci los retó: “Ahorita se los va a cargar la chingada”.

¿Por qué el interés de arrebatar los equipos fotográficos, la agresión, la amenaza? En los tres casos el mismo modus operandi. Hostigan y asedian, imponen e intimidan.

Es la marca de la casa. Es el régimen duartista, que amedrenta para sofocar la protesta social. Reprime para que no se divulgue que su gobierno no cumple, y de ahí el reclamo en las calles.

Javier Duarte anda mal. Tarde o temprano esa violencia lo va a devorar.

(Con información de mussiocardenas.com)

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