Violencia policiaca

Por: Ricardo Homs

La muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruíz, en Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo, después de ser detenida y encarcelada por un incidente automovilístico, nos recuerda una vez más la existencia de un grave problema que aqueja a nuestro país y es la falta de capacitación policiaca, así como de protocolos de actuación, que permitan que el agente tenga claro, paso por paso, cuál debe ser su conducta al detener un presunto infractor o incluso un delincuente. Al no existir protocolos institucionales, queda todo al criterio del mismo policía, con lo cual se genera el riesgo de la violación de derechos humanos.

La falta de protocolos, que se conviertan en una guía de actuación, siempre deja todo al criterio personal y, sobre todo, a la tentación de ejercer poder total y absoluto. Esto abre la posibilidad de que el agente puede actuar bajo el influjo de una válvula psicológica compensatoria que le ofrece la tentación de ejercer, al amparo del uniforme, excesos que cobran las ofensas recibidas antes de tener la representación de la ley.

El asesinato del afroamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, ocurrido el 25 de mayo del 2020 en el vecindario de Powderhorn, cuando por un supuesto delito menor ocurrido en una tienda de conveniencia fue apresado y aún sin oponer resistencia fue asfixiado por el agente Derek Chauvin, derivó en grandes movilizaciones ciudadanas de afroamericanos que exigían justicia.

Otros casos similares acontecidos después, y que involucraban a víctimas de color y policías blancos generaron movilizaciones que acapararon la atención pública respecto a este grave problema. 

Este caso, más otros que le precedieron, generaron gran expectación mundial, lo cual sentó un precedente en el juicio que se le desarrolló por homicidio al agente policiaco Derek Chauvin, que fue encontrado culpable, sentando un precedente.

La profundidad y complejidad de los conflictos de los roles en procesos de autoridad policiaca quedaron manifiestos en un estudio clásico de la psicología social realizado por el Dr. Philip Zimbardo, para la Universidad de Stanford, en agosto de 1971.

Reclutaron participantes voluntarios que nunca habían tenido vinculación con ambientes carcelarios ni policiacos y se creó en un edificio de la universidad una cárcel ficticia.

Un grupo de los participantes recibe el rol de prisioneros y otro de celadores y se les deja actuar. Aun sabiendo que era una representación ficticia, la asimilación de los roles hizo que se posesionaran de los papeles asignados, lo cual terminó generando conductas similares a la realidad y tanto la agresividad de los celadores como la sumisión de quienes actuaron como prisioneros, se salió de control, y una semana después se canceló un estudio que aún hoy es considerado un clásico de la sicología social.

El abuso policiaco hoy es recurrente en México.

En Tulum, Quintana Roo, fuimos testigos del caso de abuso policiaco con violencia, injustificable en la detención de la refugiada salvadoreña Victoria Salazar el 27 de marzo, lo cual derivó en su muerte y días después el caso de un hombre detenido también en Tulum con lujo de violencia.

Otro caso es el de la policía de Huauchinango, Puebla, cuando el 03 de abril sometieron violentamente a un adulto mayor que se negaba a bajar del auto para una revisión, al cual retuvieron en el suelo durante horas, hasta determinar que no había razón para no liberarlo.

También está el caso del asesinato de Giovanni López el 04 de mayo del 2020, en Jalisco, donde este albañil fue detenido simplemente por no traer cubrebocas y por ello fue torturado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos en la cárcel.

El grave problema es la ausencia de protocolos de actuación, así como de falta de capacitación policiaca centrada en el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, también es notoria la negligencia gubernamental de alcaldes y gobernadores que, desde hace muchos años, no han logrado profesionalizar a las policías, ni siquiera someterlos a las pruebas de confianza, por lo que podemos suponer que no cuentan con el perfil mínimo para responsabilizarse de la aplicación de la ley.

El caso de Giovanny López es una muestra de la falta de criterio y sentido común de los agentes policiacos, a los cuales el estado de derecho confiere una autoridad que no son capaces de administrar, pues su falta de capacitación termina en abuso de derechos humanos.

¿A usted qué le parece?

 

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